La Comisión Europea está investigando la posible existencia de una ayuda de Estado incompatible con las normas de la Unión Europea que se habría gestado al amparo de dos acuerdos fiscales —tax ruling— a los que en el 2006, primero, y en el 2011, después, llegó la Administración holandesa con la multinacional sueca IKEA que han venido permitiendo a esta última reducir de manera sustancial su carga impositiva en Europa en los últimos años.

Inter IKEA, uno de los dos grupos que operan el negocio de IKEA, ha sido parte en dos acuerdos fiscales (de los años 2006 y 2011) a raíz de los cuales Holanda podría haberle permitido reducir significativamente su factura fiscal otorgándole una ventaja fiscal selectiva susceptible de infringir las normas de la Unión Europea sobre las ayudas de Estado.

A efectos de comprender la problemática que ahora se plantea hemos de remontarnos a principios de los años ochenta, cuando IKEA adoptó el modelo comercial de franquicia sobre la base del llamado concepto de franquicia de IKEA. Una vez implantado, las tiendas —a cambio del derecho a usar, entre otras cosas, su marca, o de recibir los conocimientos necesarios para operar y explotar el concepto de franquicia de IKEA— pagan una tarifa de franquicia del 3 % de su facturación a Inter IKEA Systems, una filial del grupo Inter IKEA en los Países Bajos. De ese modo, esa filial holandesa sería la destinataria de todos los ingresos de las tarifas de franquicia de IKEA en todo el mundo. 

Sin embargo, al principio, otra compañía del grupo Inter IKEA  —la luxemburguesa I. I. Holding— tenía ciertos derechos de propiedad intelectual que eran necesarios para el concepto de franquicia IKEA, derecho cuyo uso se autorizó en exclusiva a Inter IKEA Systems a cambio del pago por parte de ésta de una cuota de licencia anual a I. I. Holding.

Pues bien, dicha cuota, avalada por el acuerdo fiscal del  2006, suponía la mayor parte de los ingresos de Inter IKEA Systems, que acabaron así integrándose en la I. I. Holding en Luxemburgo, donde permanecieron libres de impuestos, ya que esta entidad formaba parte de un régimen fiscal especial que la exoneraba del pago de impuestos en ese país.

Posteriormente, en julio del 2006, la Comisión concluyó que el régimen fiscal especial luxemburgués era ilegal con arreglo a las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales y exigió su derogación total antes del 31 de diciembre del 2010.

Así las cosas, y aunque no fue necesario recuperar ninguna ayuda ilegal de  I.  I.  Holding —ya que el citado régimen se había otorgado al amparo de una ley luxemburguesa de  1929, anterior al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea—, la decisión de la Comisión sí implicó la obligación de I. I. Holding de pagar impuestos corporativos en Luxemburgo a partir del 2011. Pues bien, ante esa situación, Inter IKEA modificó su estructura. Inter IKEA Systems compró los derechos de propiedad intelectual anteriormente propiedad de I. I. Holding utilizando, para financiar esta adquisición, un préstamo intercompañía que Inter IKEA Systems recibió de su empresa matriz en Liechtenstein.

En esta ocasión las autoridades neerlandesas emitieron un segundo acuerdo fiscal en el 2011 que avalaba dos cosas:

— el precio pagado por Inter IKEA Systems por la adquisición de la propiedad intelectual;

— los intereses que se pagarían en virtud del préstamo percibido para financiar tal adquisición, intereses que se dedujeron de los beneficios imponibles de Inter IKEA Systems en los Países Bajos. De ese modo, y como resultado de los pagos de los intereses, una parte significativa de los beneficios de Inter IKEA Systems se traspasaron, a partir del 2011, a su matriz en Liechtenstein.

En este escenario, la Comisión ha abierto una investigación para controlar si, como consecuencia de las aludidas resoluciones fiscales, Holanda ha venido otorgando a Inter IKEA Systems una ventaja fiscal selectiva susceptible de distorsionar la competencia en el mercado único de la Unión Europea, incumpliendo las normas de ésta sobre las ayudas estatales.

A estos efectos, el principal foco de atención de la Comisión recae sobre la valoración que habrá de hacerse en este caso de las transacciones efectuadas, de forma que tanto el precio como los intereses pactados deben reflejar una realidad económica. Con este fin habrá de analizarse si tales pagos están en consonancia con los acuerdos que tendrían lugar en condiciones comparables entre empresas independientes. 

Así pues, a la luz del llamado principio de plena competencia, habrán de valorarse tanto el precio pactado por la adquisición de los citados derechos de propiedad intelectual —sobre el que existen indicios de que se acordó en condiciones fuera de mercado— como los intereses acordados —cuyo elevado importe  (6 %)  hace sospechar que su finalidad no era otra que la de reducir su carga fiscal en Holanda mediante la deducción de elevados costes financieros—.