Hace unos días, se publicaba en prensa que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ("TSJM") había concedido una indemnización tres veces superior a la fijada por el Nuevo Baremo de Autos, a la familia del fallecido al que se le había caído encima la rama de un árbol. La noticia subrayaba que el baremo no es orientativo para accidentes graves, que deben quedar al arbitrio judicial.

El caso al que se refiere la noticia es sobradamente conocido y de gran impacto mediático, ya que se trataba del militar que falleció en 2014, al desplomarse sobre él una rama de un árbol en El Retiro, cuando se encontraba con sus hijos de 2 y 4 años, que presenciaron el suceso.

Un aspecto que llama la atención es el "enfoque negativo" en la noticia sobre la aplicación del Baremo con carácter orientativo, que parece entrar en conflicto con la necesidad de que los perjudicados sean íntegramente reparados. En la noticia, el abogado de los perjudicados manifestaba que estos "deben ser íntegramente reparados con el principio de libre valoración judicial de la prueba, nos movemos en las arenas movedizas del arbitrio judicial (no de la arbitrariedad judicial) que siempre habrá de ser razonable, razonado y acorde a las circunstancias”.

La cuestión nuclear es si, efectivamente, la valoración realizada en la Sentencia es, como el abogado apunta: "razonable, razonada y acorde con las circunstancias", y si, por tanto, supone una valoración más justa y más cercana al principio de indemnización íntegra que la aplicación de los criterios del Baremo.

La indemnización fijada

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ("STSJ"), de 22 de diciembre de 2016, reconoce a la esposa, los hijos y el padre del fallecido la cantidad total de €710.000, lo que supone, aproximadamente, el triple de la valoración ofrecida por la aseguradora del Ayuntamiento de Madrid (un total de €270.000); valoración basada en la aplicación del Baremo correspondiente al año 2014, que es cuando se produjo el accidente. Es decir, que no se trata, por tanto, del triple del Nuevo Baremo, como se desprende de la noticia; en realidad, si se hubiera aplicado el Nuevo Baremo, la indemnización habría alcanzado una cantidad muy similar (en torno a los €650.000).

Las indemnizaciones otorgadas individualmente se fijan, eso sí, de manera totalmente diferente a los criterios utilizados por el Nuevo Baremo; concretamente:

  • Se concede a la esposa la cantidad de €400.000; serían aproximadamente €150.000 aplicando el Nuevo Baremo.
  • En cuanto a los hijos: €150.000 para el hijo que tenía 4 años en el momento del accidente, y €120.000 a la hija, de 19 meses en el momento del accidente. Las indemnizaciones fijadas en este caso por el Nuevo Baremo rondarían los €180.000, resultando ligeramente superior la de la hija, en razón de su menor edad.
  • En el caso de los padres del fallecido, perciben €20.000; con el Nuevo Baremo, habrían sido €50.000.
  • Además, con la aplicación del Nuevo Baremo, cada uno de los hermanos de la víctima habría percibido también una indemnización de unos €20.000 cada uno, sin embargo, en la Sentencia no se declara indemnización alguna respecto de estos, al utilizarse, estrictamente, la configuración del Grupo I del Baremo de 1995.

Los criterios de valoración utilizados

Para conocer los criterios utilizados para fijar estas indemnizaciones y poder valorar si, realmente, se trata de una valoración "razonable, razonada y acorde a las circunstancias", la Sentencia no nos ofrece información suficiente, sino que hemos de acudir al Dictamen de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid ("CC"), en el que se fija la cuantificación de la indemnización y que constituye la base de la resolución administrativa del Ayuntamiento a la que se opuso la aseguradora.

El CC considera improcedente la aplicación del Baremo, como proponía la aseguradora, al entender que "en el presente caso, la indemnización propuesta por la compañía aseguradora del Ayuntamiento, con la aplicación del Baremo, no está valorando todas las circunstancias concurrentes."

¿Cuáles eran estas circunstancias que debían tenerse en cuenta? De nuevo según el CC, eran las siguientes: "las dramáticas circunstancias en que ocurrió el fallecimiento de CMAGA, que fue presenciado por sus hijos menores (…) y cómo el mayor de ellos, de apenas 4 años de edad, en esa situación de shock, tuvo que explicar a la Policía que vivían en un pueblo de Toledo y que su madre es encontraba en un hospital visitando a un sobrino (…) desde que ocurrió el accidente y posterior fallecimiento de su padre hasta que pudieron reunirse los menores con su madre transcurrieron casi tres horas en que los menores se encontraron en una situación de desamparo (…). No parece acertado, por tanto, que se les reconozca una indemnización –como pretende la compañía aseguradora del Ayuntamiento- igual a la que le correspondería a un menor cuyo padre fallece en un accidente de tráfico, que los hijos no presencian".

Llama la atención que el CC no considere la existencia de lucro cesante, sino que integra la pérdida de ingresos del núcleo familiar dentro del daño moral como "situación de inquietud, incertidumbre y angustia económica y vital subsiguiente a una pérdida de ingresos ciertos del fallecido, funcionario público, que, como es notorio, no son equivalentes a las previsibles pensiones de viudedad y orfandad" y solo respecto de la esposa.

Es indudable que las circunstancias del accidente descritas en el Dictamen son dramáticas (sin perjuicio de que circunstancias idénticas puedan producirse también en el marco de un accidente de circulación), si bien lo que debe valorarse aquí es si su dramatismo debe obviar la aplicación, incluso corregida, de los criterios comúnmente utilizados en este momento (que, además, son los habitualmente utilizados por el CC), para sustituirlos por una indemnización a tanto alzado, en la que la intensidad del daño moral absorba cualquier otra partida.

Así lo acogió la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid nº 11 de Madrid, de 22 de diciembre de 2012, que resolvió el recurso en primera instancia, al considerar que los argumentos de que las dramáticas circunstancias en las que se produjo el accidente exigen "una determinación de los daños morales dado su carácter afectivo y de pretium doloris, careciéndose en este caso de módulos objetivos, aun orientadores, lo que ha de conducir a una valoración razonable que siempre tendrá un cierto componente subjetivo, debiendo ponderarse todas las circunstancias concurrentes en el caso, lo que ha de derivar en un apreciación racional aunque no matemática, al carecerse de parámetros o módulos objetivos". El recurso de la aseguradora se desestimó al considerarse que la valoración del CC se había efectuado de forma "motivada, razonable y ponderada".

Por su parte, la STSJ mantiene la valoración realizada por el CC, subrayando la dificultad de revisar la estimación sobre daños morales realizada en instancia, con cita de una Sentencia del Tribunal Supremo (3ª) de 19 de noviembre de 2013, que nos recuerda que la valoración del resarcimiento del daño moral "no es revisable en casación más que allá de los supuestos antes señalados de arbitrariedad", y que "el Tribunal de casación, aunque tenga un criterio distinto al del instancia respecto de la cuantía no le está permitido corregir la evaluación que hubiese hecho el Tribunal sentenciador si respetó la razonabilidad y la ponderación en atención a los hechos declarados probados". La valoración hecha por el CC y mantenida por el Juzgado no se considera "arbitraria", sino que se considera, por el contrario, que "se ajusta a las concretas circunstancias del caso, que la sentencia pondera debidamente" y "satisface el principio de reparación integral del daño".

No obstante, hace unos meses, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en Sentencia de 26 de septiembre de 2016, se pronunció también sobre la valoración del daño moral, estableciendo que "cuando la cantidad fijada está huérfana de la más mínima fundamentación, o se aparta de estándares habituales o comprensibles de manera que parezca fruto de un puro voluntarismo o capricho sí será posible la revisión" (para ver nuestro comentario al respecto, pinche aquí).

Conclusión

Conceptos como "razonabilidad" y "ponderación", en los que se debe basar la fijación de las indemnizaciones, resultan ser lo suficientemente abstractos como para acoger criterios de indemnización a tanto alzado, sin ningún tipo de justificación concreta de las cantidades. El Baremo, pese a su modificación, se sigue entendiendo como un mera operación aritmética y, por tanto, perfectamente rechazable cuando un daño se produce en una situación excepcional. En este caso, y según el criterio de los órganos encargados de fijar la indemnización, el dramatismo de la situación empaña cualquier otra consideración.

Resulta evidente, como la jurisprudencia ha puesto de manifiesto reiteradamente, que la aplicación de los criterios del Baremo a accidentes producidos fuera de su ámbito de aplicación obligatoria solo puede ser orientativo y que el juzgador puede aplicar cualquier otro criterio para fijar la indemnización. No obstante, ante resoluciones como la aquí comentada, cabe preguntarse si el rechazo a la aplicación del Baremo conduce a que se obtengan indemnizaciones más justas y que efectivamente cumplen mejor con el principio de reparación íntegra, o simplemente se obtienen indemnizaciones cuantitativamente más elevadas pero que, desde la perspectiva de los principios de la valoración el daño no cumplen con las pautas o los estándares comúnmente aceptados.