El Parlamento de Cataluña impugnó la disposición final segunda de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y del vino, en cuanto que declara como legislación básica los artículos 22, 23, 25 (excepto sus apartados 4, 8 y 10), 26 [excepto los párrafos b), e) y g) de su apartado 2], 27, el apartado 1 del art. 38, los apartados 1 y 3 del art. 39, los apartados 1, 3 y 4 y los párrafos a) y b) del apartado 2 del art. 40 y los arts. 41, 42, 44 y 45 de la mencionada Ley, sosteniendo que la Comunidad Autónoma de Cataluña tiene atribuida competencia exclusiva en materia de agricultura (ex artículo 12.1.4 del entonces vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979) y denominaciones de origen de los vinos (ex artículo 12.1.5 del referido Estatuto) sin posibilidad para el Estado de invocar el título competencial sobre bases y coordinación que le reconoce el artículo 149.1.13ª de la Constitución.  

En primer lugar, el Tribunal Constitucional (Pleno) determina que la materia denominaciones de origen no aparece mencionada ni en el artículo 148.1 ni en el artículo 149.1 de la Constitución, por lo que, en virtud de la cláusula residual contenida en el artículo 149.1.3ª, corresponde a las Comunidades Autónomas que la asuman en sus respectivos Estatutos (como hizo la recurrente en su Estatuto de 1979 – artículo 128 del Estatuto de 2006-), «aunque ello no impide su posible conexión con cualesquiera de los títulos estatales relacionados en el art. 149.1. CE, muy singularmente con el contenido en la regla 13 (ordenación de la economía)».  

Sin perjuicio de todo lo anterior, el Tribunal recuerda que la Ley, «apreciando la importancia que tiene en España el cultivo, la elaboración y la comercialización de vino, persigue establecer criterios generales de ordenación del entero sector vitícola orientados a evitar que la divergencia radical entre las distintas normativas autonómicas obstaculice gravemente la unidad de mercado o, introduciendo confusión, haga ineficaz la intervención pública en ese ámbito de la economía, y en este contexto se inscribe la regulación que hace de los vinos con denominación de origen (art. 22), de los vinos con denominación de origen calificada (art. 23) y de los sistemas de gestión y control de los vinos de calidad producidos en regiones determinadas (arts. 25, 26 y 27).»

En este sentido, reiterada doctrina jurisprudencial concluye que, tratándose de un sector de importancia para la economía general como es el del vino, el Estado puede -en ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 149.1.13 de la Constituciónfijar objetivos de política sectorial.