1. Contenido de la nueva regulación
  1. El RD 418/14, 6 jun., BOE, 18 modifica el procedimiento de tramitación de las reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido. Una regulación ya obsoleta (su antecedente data de 1982, RD 924/82, 17 abr., BOE, 13 may.) y unas modificaciones legislativas de envergadura (la publicación de la nueva Ley de la Jurisdicción Social, Ley 36/11, 10 oct., BOE, 11 o las sucesivas reformas laborales operadas por el RD-L 3/12, 10 feb., BOE, 11, el RD-L. 20/12, 13 jul., BOE, 14 o la Ley 3/12, 6 jul. BOE, 7) aconsejaban una ordenación sistemática de la reclamación de los salarios de tramitación.

Con la nueva regulación, el procedimiento se activará cuando la sentencia del órgano jurisdiccional competente que por primera vez declare la improcedencia del despido se dicte transcurridos más de noventa días hábiles desde que se tuvo por presentada la demanda.

Una vez firme la sentencia, y siempre que se opte por la readmisión del trabajador, se podrán reclamar al Estado los salarios de tramitación pagados al trabajador e incluso los no pagados en caso de insolvencia provisional del empresario así como las cuotas a la Seguridad Social correspondientes a los salarios de tramitación que excedan dicho plazo.

La legitimación para efectuar la reclamación se extiende tanto al empresario que,

habiendo readmitido al trabajador despedido con carácter improcedente, haya pagado los salarios de tramitación, como al propio trabajador despedido, en caso de insolvencia provisional del empresario. Ambos podrán reclamar las cantidades correspondientes en el plazo de un año desde la firmeza de la sentencia.

  1. La documentación exigida será la siguiente:
    1. Escrito de reclamación indicando el período considerado de salarios de tramitación a cargo del Estado y cuantía requerida.
    2. Copia testimoniada de la demanda de despido, de la sentencia que declare su improcedencia y de la resolución judicial por la que se determina la readmisión del trabajador o comparecencia al efecto.
    3. Certificación expedida por la Secretaría del órgano jurisdiccional o del Tribunal Superior de Justicia correspondiente haciendo constar la cronología del procedimiento a efectos del cómputo excedido de los noventa días hábiles y, en todo caso, la fecha de despido, presentación de la demanda, sentencia y notificación y firmeza de la misma.
    4. Documentación que acredite fehacientemente el pago al trabajador de los salarios reclamados y la certificación de la TGSS relativa a las cuotas ingresadas a la Seguridad Social con desglose mensual de la cuota patronal y la cuota obrera.
    5. Informe de la vida laboral del trabajador.
  2. La reclamación podrá presentarse en los registros administrativos según el art. 38.4 de la Ley 30/92, 26 nov., BOE, 27 de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común o mediante el registro electrónico habilitado ex art. 24 de la Ley 11/07, 22 jun., BOE, 23. La instrucción del procedimiento corresponde a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno hasta la emisión de la propuesta de resolución. Esta última será trasladada dentro del plazo establecido a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia. A tal efecto, el área o dependencia encargada de Trabajo e Inmigración de la Delegación o Subdelegación del Gobierno instará al interesado a darse de alta en el Fichero Central de Terceros de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera a efectos de pago de las obligaciones de las Administración General del Estado. La Delegación o Subdelegación del Gobierno emitirá propuesta de resolución dentro de los quince días siguientes al de la fecha de entrada de la reclamación en el registro del órgano competente para su tramitación. El procedimiento se suspenderá durante el plazo de subsanación de deficiencias de la solicitud, en su caso.

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia adoptará y notificará la resolución que en derecho proceda en el plazo de un mes desde la recepción de la propuesta. La resolución dictada pondrá fin a la vía administrativa. Transcurrido el plazo de un mes desde la recepción de la propuesta sin que se haya notificado la correspondiente resolución, la misma podrá entenderse desestimada. En el caso de que la reclamación sea desestimada por la Dirección General citada el interesado podrá demandar ante el órgano jurisdiccional que conoció en la instancia el proceso de despido con arreglo a lo dispuesto en los arts. 116 y ss. de la Ley 36/11 de Jurisdicción Social.

Supletoriamente se aplicará lo dispuesto en la Ley 30/92 y para los expedientes que, a fecha de entrada en vigor de esta norma, estuvieran pendientes de resolución definitiva se aplicará el procedimiento descrito, salvo lo establecido en las normas transitorias (sentencias firmes hasta el 15 de Julio de 2012 o despidos anteriores al 12 de Febrero de 2012).

El nuevo procedimiento entró en vigor el 19 de Junio de 2014.

  1. Cuestiones adicionales
  1. El plazo de prescripción para interponer esta acción es de un año, ex art. 59.2 del Estatuto de los Trabajadores, iniciándose el cómputo si la reclamación la interpone el empresario desde el momento en que se produce la disminución patrimonial ocasionada por el abono de los salarios de tramitación por lo que el cómputo de la prescripción no nace con la firmeza de la sentencia sino con el abono efectivo de los salarios.
  2. A efectos del cómputo de tiempo en la reclamación es necesario exceptuar, en su caso: a) el tiempo invertido en la subsanación de la demanda; b) el tiempo de suspensión de los autos, a petición de parte, por suspensión del acto del juicio; c) el tiempo que dure la suspensión para acreditar la presentación de una querella en caso de alegar falsedad en un documento de notoria influencia en el pleito (art. 119. 1 LJS).
  3. Como ha señalado la jurisprudencia, los salarios de tramitación se deben desde el momento en que se efectuó el despido hasta la notificación de la sentencia, con independencia de que la empresa ofreciera la readmisión en trámite de conciliación (extrajudicial o judicial) y el trabajador la rechazara pues los efectos de la ruptura del vínculo contractual se mantienen desde la fecha del despido (STS 25 jun.13, Ar. 5747, FJ 3). Asimismo procede el reintegro al empresario de las cuotas de la Seguridad Social correspondientes a los períodos de incapacidad temporal concurrentes con la tramitación demorada del despido (STS 19 ene.11, Ar. 918, FJ 2; si bien con Voto Particular que considera al Estado responsable de las obligaciones principales -salarios de tramitación y cuotas a la Seguridad Social-, no así de aquellas obligaciones derivadas de la Seguridad Social no vinculadas a los salarios de tramitación como es el pago de la prestación por incapacidad temporal).
  4. Desde 2012 y hasta la reforma comentada se han producido cambios significativos a tener en cuenta: sólo procede reclamar los salarios de tramitación que excedan de noventa días (y no de sesenta); únicamente cabe la reclamación para despidos improcedentes con opción por la readmisión (no en los que se opta por indemnización ni tampoco en despidos nulos); la reclamación previa administrativa se tramita en las Delegaciones de Gobierno y ante el Ministerio de Justicia (y no en órganos administrativos pertenecientes a la estructura del Ministerio de Empleo y Seguridad Social) y, por último y con carácter subsidiario, serán de aplicación las normas del procedimiento administrativo común.