El fracaso del proyecto Castor será financiado por el sistema gasista y las autorizaciones de explotación de las centrales nucleares se transfieren a un único titular.

El Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares, publicado en el BOE del sábado 4 de octubre, ha ocupado algunas (escasas) páginas de los diarios económicos por ser la norma que regula la “hibernación” (aunque muchos hablan de cese efectivo) del almacenamiento subterráneo de gas natural «Castor». Pero, además, la nueva norma prevé cambios en la titularidad de las centrales nucleares existentes en España.

  1. El fracaso del proyecto CASTOR será financiado por el sistema gasista

Tras los terremotos en la zona de Castellón, que acompañaron a las diversas fases del proceso de inyección de gas y la renuncia a la concesión de la empresa adjudicataria (ESCAL UGS, S.L1), ENAGÁS TRANSPORTE S.A.U. asumirá la administración de la infraestructura, se subrogará en la posición de ESCAL en tanto se decide la reanudación de la actividad o su desmantelamiento (lo más seguro) y asume el pago de la suma de un millón trescientos cincuenta mil setecientos veintinueve miles de euros (1.350.729 miles euros) a la empresa ESCAL UGS, S.L por el valor neto de la inversión. Este importe será abonado en un solo pago en el plazo máximo de treinta y cinco días hábiles desde la entrada en vigor del real decreto-ley (el mismo día de su publicación). A esta cantidad se han de añadir los derechos retributivos devengados por ESCAL UGS S.L en el periodo comprendido entre el acta de puesta en servicio provisional y el 4 de octubre del 2014, que comprenderán una retribución financiera, el abono de los costes de operación y de mantenimiento en los que hubiera incurrido, incluidos los costes de mantenimiento desde la suspensión de la operación en los términos establecidos en la Orden ITC/3995/2006 y demás normativa de aplicación, así como los costes de mantenimiento y operatividad de las instalaciones en que razonablemente hubiese incurrido ESCAL desde la entrada en vigor del real decreto-ley comentado y hasta la asunción plena de la administración de la instalación por ENAGÁS (antes del 31 de diciembre de 2014), que serán determinados por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, se agregarán al procedimiento de liquidación en curso y se abonarán a ESCAL en un pago único.

Efectuado el pago, la sociedad ENAGÁS será titular de un derecho de cobro por parte del sistema gasista por el importe que resulte de la aplicación de los costes enumerados, con cargo a la facturación por peajes de acceso y cánones del sistema gasista durante treinta años hasta la total satisfacción del importe correspondiente establecidos en los artículos 4.2 y 4.3 del Real Decreto-ley 13/2014.

El derecho de cobro se abonará con independencia de que subsista o no la hibernación de la instalación durante el plazo fijo de treinta años y comenzará abonarse a partir de la primera liquidación del sistema gasista correspondiente a la facturación mensual por peajes de acceso y cánones devengados desde el 1 de enero de 2016. La orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo en la que se aprueben los peajes y cánones asociados al acceso de terceros y las retribuciones reguladas en el sistema de gas natural reconocerá de forma expresa la anualidad correspondiente para hacer frente a dicho derecho de cobro. La satisfacción del derecho de cobro anual se realizará a través de los pagos que realice el órgano competente en materia de liquidaciones del sistema gasista. En otros términos, serán los consumidores de gas los obligados a pagar este coste con cargo a los peajes fijados por el Ministerio. Diríase que no se ha aprendido la lección dada por el sistema eléctrico en el que se ha revelado que sobrecargar los peajes con costes ajenos a la actividad desarrollada tiene en el medio-largo plazo, consecuencias muy negativas para usuarios y empresas.

Llama la atención que el instrumento normativo elegido para dar respuesta a este problema que se prolonga desde hace casi un año, haya sido el real decreto ley. No falta quien atisba en esta elección la intención de evitar recursos ante el Tribunal Supremo. El Gobierno lo justifica en la necesidad de que sea una norma con rango de ley la que regule un nuevo coste del sistema gasista (cfr. art. 59.4,g RD-ley 8/2014, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia).

El Tribunal Supremo ya se pronunció sobre el proyecto Castor en su sentencia de 14 octubre 2013, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección 3ª (RJ 2013\6943), en la que desestimó la impugnación del Gobierno del artículo 14 del Real Decreto 855/2008, de 16 mayo, por el que se otorga la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural, que establecía una compensación a la empresa concesionaria en caso de caducidad extinción de la concesión equivalente al valor residual de las instalaciones, si mediara dolo o negligencia de la misma. El TS consideró que la citada cláusula no era incompatible con la gratuidad de la reversión de las instalaciones estipulada en el artículo 29.1 de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos.

  1. Titularidad única de las centrales nucleares

Conforme al artículo 28 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, en redacción dada por la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos, el titular de la autorización de explotación de una central nuclear deberá ser una persona jurídica que tenga por objeto exclusivo la gestión de centrales nucleares, contando a tal efecto con los medios materiales, económicos, financieros y personales necesarios para garantizar la explotación segura de la misma. Una misma persona jurídica podrá ser titular simultáneamente de la autorización de explotación de varias centrales nucleares, si bien deberá llevar en su contabilidad cuentas separadas para cada central nuclear de la que sea titular, diferenciando entre los ingresos y los costes imputables a cada una de ellas.

Según se explica en la exposición de motivos, habiendo transcurrido con creces el año que establecía la citada Ley 12/2011 para que los titulares de autorizaciones de explotación de centrales nucleares se adaptaran a las exigencias del artículo 28 de la Ley 25/1964, se hace necesaria la intervención del regulador que impone ex lege la titularidad única2. Así, en el caso de que el 4 de octubre del 2014, la titularidad de la autorización de explotación de una central nuclear no corresponda a una sola persona jurídica, dicha titularidad se entenderá transferida a la entidad que a esa fecha tenga encomendada la explotación de la central nuclear por parte de los titulares de la autorización de explotación. Quedarán sin efecto los planes de adaptación que se encuentren en tramitación. Las decisiones relacionadas con la seguridad nuclear se adoptarán por mayoría simple, independientemente del régimen de adopción de acuerdos que sea ordinariamente de aplicación al nuevo titular.

La transmisión de la titularidad se produce “sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria única de la Ley 25/1964”, que entre otros consecuencias, tipifica como infracción muy grave del artículo 86 b) de la Ley 25/ 1964 el incumplimiento de la obligación de adaptación en la forma y plazos establecidos en la misma disposición transitoria.

La norma introduce una limitación de responsabilidad, conforme a la cual “en todo caso y sin perjuicio de la responsabilidad del titular de una central nuclear, la responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de su funcionamiento no será exigible a entidades que no sean copropietarias de la misma ni, en su caso, a sus representantes en los órganos de administración del referido titular”.