La Junta de Andalucía ha aprobado un paquete de medidas destinadas a eliminar trabas administrativas en materia de ahorro, eficiencia energética y aprovechamiento de recursos renovables, así como a fomentar la inversión y facilitar el desarrollo e implantación en la comunidad autónoma de proyectos de producción de energía eléctrica a través de fuentes renovables.

A través del Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las energías renovables en Andalucía, la Junta de Andalucía ha apostado por la reducción de trámites administrativos para la implementación de instalaciones de producción de energía a través de fuentes renovables y para facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de ahorro y eficiencia energética.

Con esta norma, la comunidad autónoma busca fomentar la economía sostenible y alcanzar el objetivo fijado en la Estrategia Energética de Andalucía 2020, consistente en aportar con energías renovables el 25% del consumo final bruto de energía, al mismo tiempo que facilitar el desarrollo económico y atraer la inversión en proyectos situados en el territorio andaluz.

Para ello, se prevé otorgar la consideración de inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía a los proyectos de energía renovable que se hayan identificado o se identifiquen en el territorio de la comunidad autónoma de acuerdo con lo previsto en las subastas para la asignación de régimen retributivo específico a instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables en el sistema eléctrico peninsular convocadas durante el año 2017. Ello permitirá a dichos proyectos contar con un impulso preferente y urgente en cualquier trámite que deba seguirse ante las administraciones públicas andaluzas, con el objetivo de cumplir los exigentes plazos marcados en las subastas para la asignación del régimen retributivo específico.

Por otra parte, también se opta a través de este Decreto-ley por la simplificación de trámites administrativos en materia de ahorro y eficiencia energética, suprimiendo determinadas obligaciones establecidas en la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, relativos a la certificación de eficiencia energética y a la elaboración de Planes de Gestión de la Energía, al entender que el desarrollo normativo estatal, de carácter básico, permite ya cumplir con la finalidad pretendida por la normativa andaluza de lograr un desarrollo energético sostenible.