Tendrá que resolver sobre los impuestos que, creados en el año 2012 con una pretendida finalidad ambiental, han sido puestos en duda por los tribunales españoles al considerar que carecen de una auténtica voluntad de proteger el medio ambiente y que su principal finalidad es recaudatoria.

Ya hemos hecho referencia en otras ocasiones, a la potencialidad de las medidas tributarias para corregir los impactos contaminantes sobre el medio ambiente. Tanto desde el punto de vista económico (la utilización del tributo para internalizar las externalidades) como desde el punto de vista jurídico (la función extrafiscal del tributo) existe una amplia base teórica y muy diversas experiencias prácticas.

Esta potencialidad no ha pasado desapercibida a las Administraciones públicas españolas, que han encontrado en el nicho de la tributación medioambiental una vía para allegar nuevos recursos públicos, en ocasiones de forma muy controvertida.

Un buen ejemplo lo encontramos en las figuras tributarias creadas por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Conforme indica su preámbulo, dicha ley tiene como objetivo armonizar nuestro sistema fiscal con un uso más eficiente y respetuoso con el medioambiente y la sostenibilidad, en línea con los principios básicos que rigen la política fiscal, energética y ambiental de la Unión Europea.

Con este fin, se crea

- el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica,

- el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica,

- el impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas,

- el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica,

- se modifican los tipos impositivos establecidos para el gas natural y el carbón y

- se suprimen las exenciones previstas para los productos energéticos utilizados en la producción de energía eléctrica y en la cogeneración de electricidad y calor útil.

Sin embargo, los tribunales españoles han puesto en duda la auténtica finalidad ambiental de los principales tributos introducidos por dicha ley, remitiendo las correspondientes cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para dilucidar su compatibilidad con el Derecho de la Unión.

En particular, el pasado 28 de febrero tuvimos la ocasión de intervenir en las dos vistas orales convocadas por el TJUE en relación con el canon hidráulico y los impuestos nucleares, puestos en duda por el Tribunal Supremo. En esa intensa jornada se discutió sobre la finalidad ambiental de esos tributos, su compatibilidad con los principios ambientales que inspiran la Directiva Marco de Aguas, la posible discriminación entre tecnologías (en comparación con otras más contaminantes) e incluso la discriminación entre productores que utilizan una misma tecnología.

De forma prácticamente simultánea, se conoció que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha elevado cuestión prejudicial al TJUE en relación con el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. El tribunal español plantea sus dudas a la vista de la exclusiva voluntad recaudatoria del tributo, su desconexión con la pretendida finalidad ambiental, su negativo impacto para el fomento de las energías renovables y la creación de distorsiones en el mercado de la electricidad.

En definitiva, en los próximos meses se establecerán los criterios que permitirán evaluar la adecuación de estos tributos al marco comunitario. Mientras tanto, es recomendable valorar adecuadamente el alcance de una eventual anulación de estos tributos y, en su caso, la adopción de medidas para recuperar los tributos satisfechos.