Constituye fraude de ley la suspensión de los contratos de trabajo con la fi nalidad de dejar de pagar salarios y cotizaciones hasta la extinción colectiva de los contratos en el marco del concurso de acreedores.

Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 7 de noviembre de 2016

La parte demandante alegaba que la medida empresarial consistente en suspender las relaciones laborales constituía un manifi esto fraude de ley, puesto que no tenía por fi nalidad contribuir a superar una situación coyuntural de la empresa, sino abaratar costes hasta que se extinguieran todos los contratos de trabajo por el Juzgado de lo Mercantil una vez admitido el concurso de acreedores.

La Audiencia Nacional recuerda a este respecto que no cabe admitir la suspensión de los contratos de trabajo cuando la causa económica, técnica, organizativa o productiva es de tal intensidad que hace inviable la continuidad de la empresa. Solo en caso de que pudiera recuperarse la viabilidad futura de la empresa, las suspensiones de los contratos de trabajo estarían justifi cadas.

De esta forma, existe una vulneración de la buena fe cuando se promueve una suspensión de contratos de trabajo en una empresa abocada a la liquidación.

Por lo que se refi ere en concreto al caso enjuiciado, la Audiencia Nacional considera evidente que la empresa estaba afectada por una situación económica calamitosa de naturaleza estructural y defi nitiva que permite concluir razonablemente que no tiene más futuro que su liquidación.

No concurría, por consiguiente, una situación económica negativa y productiva coyuntural que pudiera superarse mediante la suspensión de los contratos de todos sus trabajadores durante nada menos que doce meses, puesto que dicha suspensión signifi caba, en la práctica, la total inactividad de la empresa, lo que precipitaría aún más, si cabe, su liquidación defi nitiva.

Así, se hacía evidente que la suspensión de los contratos de trabajo solo tenía por fi nalidad dejar de pagar salarios y cotizaciones a la Seguridad Social, endosar esos costes al Servicio Público de Empleo Estatal y esperar a que el Juzgado Mercantil, una vez admitido el concurso de acreedores, extinguiera todos los contratos de trabajo, cuyas indemnizaciones correrían en ese caso a cargo del FOGASA.

Dicha actuación empresarial constituye un manifi esto fraude de ley, puesto que la suspensión de los contratos pretendía liquidar los costes salariales hasta que se produjera, inevitablemente, la extinción de los contratos sin coste alguno para la empresa en el marco del concurso de acreedores, declarando fi nalmente la nulidad de la medida.