En junio de 2016 México aprobó legislación que permite el establecimiento de zonas francas dentro de diez de sus estados federativos ("el Esquema ZEE"). Todos los estados en cuestión están ubicados al sur del país, una región que históricamente ha permanecido detrás de las regiones industrializadas en el centro y norte.

Están ya en marcha los planes para instalar las primeras tres ZEE, dos de ellas en puertos del Océano Pacífico, Lázaro-Cárdenas y Puerto Chiapas, y una tercera en el Istmo de Tehuantepec, con la intención de facilitar un corredor inter-oceánico conectando los puertos existentes en el Golfo de México. Éstas tres primeras ZEE se enfocarán respectivamente en: (i) industrias automotriz, aeroespacial, y agrícola; (ii) crudo pesado; y (iii) negocios de energía, química y petroquímica.

Se están igualmente proponiendo otras ubicaciones para ZEE 'nicho', una en el Estado de Puebla, al sur de la Ciudad de México, que probablemente fungirá como base de suministro secundaria y terciaria; otra en la Península de Yucatán se anticipa se enfocará en desarrollo tecnológico y telecomunicaciones, y la tercera en el Estado de Hidalgo, al norte de la Ciudad de México, en textiles e industrias de diseño.

El Esquema ZEE mexicano difiere sustancialmente del programa (maquiladora) de exportación de ensamblados, que ha estado en vigor desde los años 60, y que actualmente representa más del 80 porciento de la plantilla de manufactura en el país y más del USD $178billones en exportaciones anuales. El programa maquiladora, que se renombró IMMEX en 2006, opera como un programa de permisos otorgados a empresas mexicanas exportadoras, dondequiera que estén ubicadas en México. El programa IMMEX permite la importación temporal (libre de impuestos) de materiales destinados a la re-exportación, una vez procesados o ensamblados. Con ello, el dueño extranjero de una entidad IMMEX se beneficia de mano de obra más barata, entre otras eficacias fiscales, y al mismo tiempo se beneficia de la exención de derechos aduaneros y otros impuestos. En contraste, el nuevo Esquema ZEE está geográficamente enfocado y diseñado para incentivar la inversión en ciertas localidades, donde los inversionistas se beneficiarán de trámites reducidos y donde el arbitraje estará promovido por ley para la resolución de controversias. El Esquema ZEE se apoyará en el sector privado para desarrollar parques industriales, cuyos administradores tendrán concesiones de hasta 40 años para proveer la infraestructura, reclutamiento de empleados y otros servicios conexos requeridos por los inversionistas en cada parque industrial. La importación de insumos a las ZEE y la provisión de servicios dentro de éstas quedarán exentos de IVA, así como la exportación de cualquier producto con destino fuera de México. También se beneficiaran de incentivos fiscales respecto del impuesto sobre la renta a aquellas empresas que operen en las ZEE. Los administradores de ZEEs tendrán que ser sociedades mexicanas, pero podrán ser controladas por sociedades extranjeras. Las empresas que participen en licitaciones de concesiones para ser administradores de ZEE deberán proponer un plan de negocios detallando la propuesta del parque industrial en cuestión, así como la infraestructura a ser desarrollada dentro del mismo, su administración y los servicios conexos a ser proporcionados. El regulador especificará las coberturas de pólizas de seguro de daños y de responsabilidad civil requeridas por los administradores de ZEE. Al mismo tiempo, el Esquema ZEE requiere que el gobierno federal presupueste y establezca un Plan de Desarrollo para la infraestructura externa de cada ZEE, que incluirá el transporte, telecomunicaciones, energía y otros requerimientos de infraestructura. Los bancos de desarrollo mexicanos otorgarán créditos suaves de hasta el 70 porciento a los inversionistas en ZEEs.

Se anticipa que los decretos que establecerán las primeras ZEE serán publicados en 2017.