Cada vez se hace más evidente la existencia de un meta – sistema jurídico al margen del sistema institucional, es decir, paralelo al que surge del Congreso, el que aplica el juez, el que comenta la doctrina. Este meta – sistema se viene construyendo en las oficinas jurídicas de las grandes empresas, ya muy internacionalizadas o en proceso de estarlo, y en los gabinetes de abogados, muchos de ellos de origen o clara influencia anglosajona.

Está hecho de reglas o de prácticas contractuales, todas muy creativas, prestadas a diferentes sistemas de derecho y concebidas para servir los intereses financieros, comerciales y bancarios externos sobre el fondo del derecho nacional cuando es aplicable, o del derecho extranjero cuando no hay otra posibilidad.

Esas reglas y prácticas definen una especie de “derecho heterogéneo” (de derecho público y de derecho privado, de derecho nacional y de derecho extranjero, de derecho y de finanzas, de disposiciones jurídicas y de precedentes contractuales) que el gran público (y los medios de comunicación, y también, no pocas veces, los organismos de control ) ignora, que no se enseña  - al menos no del todo – en la Universidad y que solamente los expertos, prácticos, abogados o juristas empresariales, conocen, y ajustan, configuran y ponen cotidianamente en vigor.

Cuando ese derecho mestizo llega por azar o por conflicto, ante el despacho de un juez, éste último no disimula su incomodidad: siente que no tiene las claves ni dispone de los medios jurídicos y técnicos que le permitan adaptar su jurisprudencia.

Ello es aún más dramático en sistemas jurídicos como el nuestro, fuertemente marcados por una fuerte tendencia a planteamientos de puro derecho procesal y a la interpretación exegética. El resultado puede ser enormemente frustrante para la implementación de políticas públicas orientadas, como ocurre en nuestro país, a recuperar décadas de atraso en el ámbito de las infraestructuras básicas.

Todo lo cual evidencia que es imperativo iniciar con urgencia una revisión radical y profunda de nuestras concepciones jurídicas para enfrentar esos nuevos escenarios, y no confiar en que solo a través de una, cada vez más difícil asimilación o imperfecta adecuación, se podrán resolver los desafíos actuales.