Con el objetivo de establecer un régimen jurídico común, el Ministerio de Agricultura  está trabajando en una nueva ley que tiene por objeto el establecimiento del régimen jurídico, complementario a la regulación comunitaria, aplicable a las DOP e IGP cuyo ámbito territorial se extienda a más de una Comunidad Autónoma, con especial atención al control oficial antes de la comercialización aplicable a los productos, operadores y actividades.

Una de las principales novedades que se pretende incluir en el anteproyecto es la incorporación de la obligación de los Consejos Reguladores que estén en más de una Comunidad Autónoma de contar con una autorización del Ministerio, así como la posibilidad de que las bodegas adscritas a más de una denominación de origen puedan utilizar el nombre de la región dentro de su propia marca, intentando así unificar criterios en materia de marcas a nivel nacional y evitar los conflictos que se han venido produciendo en los últimos tiempos por la utilización de la misma marca en varias DOP.

En cualquier caso se trata de un borrador, que previsiblemente sufrirá más de una modificación hasta su aprobación definitiva.