La Unión Europea, de acuerdo con la Política Agrícola Común y en el marco de la política de desarrollo rural, concede subvenciones a aquellas empresas transformadoras y comercializadoras de productos agrícolas a través de la medida denominada «Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales», que pretende mejorar la competitividad de la agricultura y la silvicultura.

Sin embargo, los Programas de Desarrollo Rural presentados por España (Castilla y León), Francia, Italia (Lacio), Lituania, Polonia y Rumanía solo fijaron objetivos generales que no demostraban el modo en que se preveía que la financiación aumentara el valor añadido de los productos agrícolas o mejorara la competitividad de la agricultura.

Constatado lo anterior por los auditores del Tribunal de Cuentas, la medida se considera como ayuda general a empresas que invierten en el sector de la transformación alimentaria, con efectos perjudiciales para la competencia y para los fondos públicos.

Para lograr el objetivo de las ayudas, el Tribunal recomienda que:

  • Los programas de los Estados miembros determinen claramente la necesidad de financiación y establezcan objetivos significativos y mensurables.
  • La Comisión apruebe únicamente esos programas.
  • Se definan criterios de selección que permitan determinar cuáles son los proyectos más eficaces a fin de garantizar el uso eficaz de los fondos de la UE.
  • La Comisión y los Estados miembros fomenten la adopción de las mejores prácticas destinadas a mitigar los riesgos de efecto de peso muerto y de desplazamiento.
  • En el próximo período de programación se mejore el marco de seguimiento y evaluación aplicable.