La nueva obligación informativa

Con efectos de 22 de diciembre de 2013, el art. 109 de la Ley General de la Seguridad Social (relativo a la “Base de cotización” en el Régimen General) fue modificado por la Disposición final tercera del Real Decreto-ley 16/2013, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores. La nueva redacción identifica los únicos conceptos que no se incluyen en la base de cotización, debiendo computarse cualesquiera otros con independencia de su naturaleza salarial o extrasalarial.

Pero no es esta la única novedad del precepto. También prescribe que las empresas “deberán comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social en cada período de liquidación el importe de todos los conceptos retributivos abonados a sus trabajadores, con independencia de su inclusión o no en la base de cotización a la Seguridad Social y aunque resulten de aplicación bases únicas”.

Los cambios reseñados son directamente aplicables, sin necesidad alguna de norma complementaria. Por ello, con independencia de la eventual aprobación de su desarrollo reglamentario, interesa examinar las implicaciones prácticas de la aludida obligación informativa, teniendo en cuenta las pautas que ha comenzado a suministrar la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

Empresas obligadas

La formulación de la norma es absoluta: todos los empleadores con trabajadores encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social deberán hacer frente a esta obligación.

En principio esto significaría que también los empleadores domésticos habrán de cumplimentar la comunicación, puesto que no se les excluye1. Sin embargo, corrigiendo hábilmente el exceso legislativo, la TGSS asume que no les afecta la nueva exigencia pues canaliza la comunicación a través del Sistema RED, al que no tienen obligación de incorporarse los empleadores del Sistema Especial para Empleados de Hogar2.

Momento de la comunicación

Se trata de una obligación periódica, de tracto múltiple pues ha de cumplirse al fin de cada período de liquidación. En suma: la comunicación a la TGSS debe realizarse en cada plazo reglamentario de ingreso de cuotas3; es decir, mensualmente.

No obstante, los nuevos conceptos computables en la base de cotización y el importe en que se hayan incrementado otros conceptos a incluir en dicha base, correspondientes a los períodos de liquidación de diciembre de 2013 a marzo de 2014, podrán ser objeto de liquidación complementaria e ingreso hasta el 31 de mayo de 2014, sin sufrir recargo o interés4.

Modo de realizarse

La TGSS ha diseñado un nuevo fichero denominado “Conceptos Retributivos Abonados” (CRA) que, como queda dicho, debe remitirse a través del Sistema RED. La estructura del mensaje permitirá la inclusión en un solo envío de los datos de trabajadores de diferentes empresas, en distintos códigos de cuenta de cotización de una empresa, y de diversos trabajadores por cada código de cuenta de cotización5.

Una vez procesado el mensaje .CRA, la Tesorería remitirá a la empresa un fichero de respuesta (RCA), con el “resultado del procesado”6, a modo de declaración paralela.

Contenido

La norma establece que debe comunicarse a la TGSS el importe de todos los conceptos retributivos abonados a los trabajadores, en metálico y en especie, se incluyan o no en la base de cotización. El fichero diseñado por la Tesorería exige consignar cada concepto retributivo, indicando si está incluido o excluido en la base de cotización y su importe. A estos efectos, existe un listado de cincuenta y seis conceptos retributivos, cada uno vinculado a un código7.

De un modo bastante confuso, se indica si pueden incluirse en la base de cotización o no, y se suministran instrucciones específicas en relación con algunos conceptos, como es el caso de las percepciones de vencimiento superior al mensual, las correspondientes a vacaciones retribuidas y no disfrutadas, los salarios de tramitación, y los atrasos derivados de convenio, conciliación, normativa, sentencia judicial u otros.

No deben comunicarse los abonos realizados a los trabajadores por el pago delegado de la prestación por incapacidad temporal, así como la cuantía de las bases de cotización por las que deba cotizar la empresa cuando no exista retribución (por ejemplo, durante suspensiones de contrato o reducciones de jornada por regulación de empleo, situaciones de alta sin retribución, situaciones de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo o la lactancia natural).

Incumplimientos

Ni el Real Decreto-ley 16/2013 ni las instrucciones de la Tesorería precisan las consecuencias del incumplimiento de la obligación de comunicar los conceptos retributivos abonados, o de comunicarlos errando en su carácter cotizable. La especie de “declaración paralela” que remite la TGSS en su mensaje de respuesta no contempla consecuencias específicas en caso de diferir respecto de la suministrada por la empresa, ni se prevé plazo alguno de subsanación. Seguramente lo que surge es una infracción leve en materia de Seguridad Social, por “no facilitar o comunicar fuera de plazo a las entidades correspondientes los datos, certificaciones y declaraciones que estén obligados a proporcionar, u omitirlos, o consignarlos inexactamente” (art. 21.4 LISOS)8.

Funcionalidad

No queda claro si la Tesorería puede requerir esta información cuando no le sea facilitada; el Real Decreto-ley 16/2013 establece la obligación empresarial de comunicar, pero no altera las competencias de este Servicio Común de la Seguridad Social encargado de “la gestión de los recursos económicos y la administración financiera del sistema”9, que tiene a su cargo la “recaudación de derechos y pagos de las obligaciones del sistema de la Seguridad Social”10. La duda surge porque la comunicación no es sólo de los conceptos computables en la base de cotización, sino también de todos los que los trabajadores perciben al margen de la misma, incluyendo el importe de cada uno. Examinando las funciones específicas de la Tesorería, no parece posible considerar que la información sobre la retribución íntegra y desagregada de las plantillas –cotice o nosea necesaria para “la gestión y control de la cotización y de la recaudación de las cuotas y demás recursos de financiación del sistema de la Seguridad Social”. Ni siquiera se trataría, en puridad, de una función “de naturaleza análoga” que pudiera encomendarle el Ministerio de Empleo. Más bien estamos ante una labor de asistencia técnica o incluso fiscalizadora, que excede del marco competencial de este organismo, convertido en un remedo de Agencia Tributaria para asalariados.