En el Boletín Oficial del Estado del 16 de diciembre se ha publicado el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.

En dicho texto se incorporan una serie de modificaciones que traen causa en la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio del 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, y que se añadieron a nuestro ordenamiento jurídico contable por medio de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en cuyas disposiciones finales primera y cuarta se recogen las modificaciones necesarias que se han de introducir en el Código de Comercio y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

La modificación que ahora se aprueba afecta a los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero del  2016  (disp. adic.  segunda), por lo que las cuentas anuales del  2016  deberán formularse de acuerdo con la nueva normativa.

Básicamente los cambios efectuados son los siguientes:

1. Simplificación de las pymes. Las empresas que puedan formular balance abreviado y las que puedan aplicar el plan de pymes (porque cumplan al menos dos de las siguientes circunstancias durante dos ejercicios seguidos: que el activo no supere los 4 000 000 euros, que la cifra anual de negocios no supere los 8 000 000 euros y que el número medio de trabajadores no sea superior a cincuenta), como novedad: 

• no tendrán que formular el estado de cambios en el patrimonio;

• se simplifica el contenido de la memoria.

2. Activos intangibles con vida útil indefinida. Se cambia el criterio sobre la vida útil de todos los activos intangibles con vida útil definida, por lo que:

• debe estimarse la vida útil de todos los activos intangibles que hasta ahora estaban calificados como con vida útil indefinida;

• la estimación de la vida útil debe efectuarse de forma fiable;

• cuando no pueda estimarse de manera fiable la citada vida útil de un activo intagible, se considerará que es de diez años;

• lo anterior opera, salvo que otra disposición legal o reglamentaria establezca un plazo diferente.

3. Fondo de comercio. También deja de considerarse que tiene vida útil indefinida, circunstancia que estaba establecida en nuestro ordenamiento jurídico desde el 2007. En este caso la norma presume que la vida útil del fondo de comercio es de diez años, si bien admite prueba en contario.

4. Régimen transitorio. Para posibilitar la adecuación en el tiempo de la nueva normativa, se establece una disposición transitoria única que permite lo que a continuación se especifica:

• La aplicación retroactiva de la nueva amortización de los activos intangibles y del fondo de comercio que hasta ahora tienen vida útil indefinida. Si se opta por dicha aplicación retroactiva, se imputará su efecto a una cuenta de reservas, pudiéndose emplear la reserva por fondo de comercio, que desde el 2016 no es necesario dotar.

• Adicionalmente, habrá que tener en consideración el efecto impositivo que pueda afectar a la retroacción indicada.

5. Cuentas anuales consolidadas formuladas bajo normativa española. Asimismo, se modifican ciertos aspectos relativos a la consolidación de estados financieros que se lleve a cabo bajo la normativa española —es decir, a las Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas—, los cuales, básicamente, operan en los siguientes aspectos:

• Los criterios establecidos para el fondo de comercio y los activos intangibles, a los que antes se ha hecho referencia, se aplican en las cuentas consolidadas.

• Deben excluirse de aplicar el método de integración global las sociedades dependientes en las que se dé alguna de las siguientes circunstancias:

― Cuando resulte imposible obtener información para elaborar los estados financieros consolidados y existan razones que lo justifiquen.

― Cuando la tenencia de las acciones o participaciones tenga exclusivamente por objetivo su cesión posterior.

― Cuando haya restricciones severas y duraderas al ejercicio del control de la matriz sobre la dependiente.

• Los grupos que por razón de tamaño resultaban eximidos de formular cuentas consolidadas no podían aplicar esta exención si cotizaba alguna sociedad integrante de ellos. Ahora esta exención se refiere a si existe en el grupo una entidad de interés público según la definición establecida en el artículo 3.5 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, es decir:

a) Las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores, las entidades de crédito y las entidades aseguradoras sometidas al régimen de supervisión y control atribuido al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y a los organismos autonómicos con competencias de ordenación y supervisión de las entidades aseguradoras, respectivamente, así como las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en el mercado alternativo bursátil pertenecientes al segmento de empresas en expansión.

b) Las entidades que se determinen reglamentariamente en atención a su importancia pública significativa por la naturaleza de su actividad, por su tamaño o por su número de empleados.

c) Los grupos de sociedades en los que la sociedad dominante sea una entidad de las contempladas en las letras a y b anteriores.