El reglamento europeo de sucesiones crea el certificado sucesorio europeo, cuya finalidad es permitir que los herederos, legatarios y ejecutores testamentarios o administradores de la herencia puedan invocar en los Estados miembros su cualidad de tales. Sus efectos van más allá de los meramente probatorios.

Los artículos 62 a 73 del Reglamento (UE) 650/2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesión mortis causa y la creación de un certificado sucesorio europeo (CSE) se dedican a la regulación de este último.

El certificado sucesorio europeo, cuya finalidad —según el artículo 63.1— es facilitar que los herederos, legatarios que tengan derechos directos en la herencia y ejecutores testamentarios o administradores de la herencia puedan invocar en otro Estado miembro su cualidad de tales cuando lo necesiten, es de carácter voluntario y se expide en cada Estado miembro de acuerdo con el modelo del anexo 5 del Reglamento de ejecución (UE) número 1329/2014 de la Comisión, de 9 de diciembre del 2014.

De acuerdo con el artículo 69, el certificado sucesorio europeo «[…] surtirá sus efectos en todos los Estados miembros sin necesidad de ningún procedimiento especial», de manera que, una vez emitido por la autoridad competente de un Estado miembro, será automáticamente eficaz en todos los demás, pudiendo la autoridad emisora proceder a su rectificación, modificación o anulación (art. 71). Frente a las decisiones de esta autoridad es asimismo posible recurrir en el Estado de origen (art. 72) y tanto la autoridad emisora como el órgano judicial que conozca de los recursos frente a sus decisiones pueden suspender los efectos del certificado (art. 73). El original del certificado es conservado por la autoridad emisora, que puede emitir, además, una o varias copias auténticas al solicitante y a cualquier persona que demuestre un interés legítimo. Las copias tienen un plazo de validez limitado a seis meses y se debe hacer constar en ellas la fecha de expiración (art. 70). 

El artículo 69.1 prevé asimismo que «[s]e presumirá que el certificado prueba los extremos que han sido acreditados de conformidad con la ley aplicable a la sucesión o con cualquier otra ley aplicable a extremos concretos de la herencia. Se presumirá que la persona que figure en el certificado como heredero, legatario, ejecutor testamentario o administrador de la herencia tiene la cualidad indicada en él o es titular de los derechos o de las facultades que se expresen sin más condiciones o limitaciones que las mencionadas en el certificado».

En el mismo sentido, el considerando 71 de la exposición de motivos aclara que, si bien el certificado sucesorio europeo no es un título con fuerza ejecutiva por sí mismo, sí produce un efecto probatorio. La presunción recogida en este precepto es iuris tantum y se extiende únicamente a las cuestiones incluidas en el ámbito de aplicación del reglamento, sin que otras, excluidas de él, gocen de aquélla, aunque se hubiera hecho mención a ellas en el certificado. Señala en este sentido el citado considerando 71 que «el valor probatorio del certificado no debe afectar a los elementos que no se rigen por el presente reglamento, como la cuestión de la filiación o la determinación de si un bien pertenece al causante o no».

A esa presunción general, el artículo 69 añade en sus apartados 3 y 4 dos reglas destinadas a proteger a los terceros que actúan de buena fe confiando en la información contenida en el certificado. Se trata de una consecuencia derivada del alcance probatorio a que se refiere el apartado primero del artículo 69, del que no se puede desvincular, no siendo adecuada una lectura que atribuya a estas disposiciones un alcance mayor que el de ser una presunción, si se quiere reforzada, de la veracidad del contenido del certificado sucesorio europeo. En este sentido, como se ha visto, este documento no prueba la propiedad de la titularidad de los bienes del causante, que es una materia excluida del reglamento y, en consonancia con ello, tampoco puede tener como consecuencia la atribución de la propiedad de los bienes a quien aparece como heredero en el título o a quien adquiere de él.

Más concretamente, el artículo 69.3 dispone que «[s]e considerará que cualquier persona que, en virtud de la información contenida en un certificado, efectúe pagos o entregue bienes a una persona que figure facultada en el certificado para recibir tales pagos o bienes ha tratado con una persona autorizada para ello, a menos que tenga conocimiento de que el contenido del certificado no responde a la realidad o no tenga conocimiento de ello por negligencia grave».

Se trata de una regla que protege al tercero que ha efectuado un pago, pero que produce sólo un efecto personal, sin consecuencias reales. Tampoco exonera al que realiza el pago de la necesidad de, en ciertos casos, hacer averiguaciones adicionales: el certificado sucesorio europeo puede, por ejemplo, recoger sólo la parte teórica que corresponde a un heredero, sin tener en cuenta la reducción por las deudas que pudiera tener frente al causante u otros extremos que pudieran afectar a su cuota, correspondiendo al tercero verificar esas circunstancias (Wautelet).

El artículo 69.4 prevé que «[c]uando una persona que figure facultada en el certificado para disponer de bienes de la herencia disponga de los mismos en favor de otra persona, se considerará que ésta, si actúa en virtud de la información contenida en el certificado, ha tratado con una persona facultada para disponer de los bienes en cuestión, a menos que tenga conocimiento de que el contenido del certificado no responde a la realidad o no tenga conocimiento de ello por negligencia grave».

El objeto de esta regla es inmunizar a los terceros frente a las tentativas de cuestionar su adquisición por el hecho de que fuera realizada a non domino y por la influencia de su buena o mala fe sobre la operación, lo que ha llevado a algún autor a destacar que el certificado sucesorio europeo despliega un muy relevante «efecto de legitimación dominical» frente a terceros y que la propiedad que el individuo que adquiere del sujeto que figura como «heredero» en el mencionado certificado deviene una propiedad blindada, inatacable e irreivindicable incluso por el sujeto originaria y auténticamente propietario del bien (Carrascosa, «Reglamento sucesorio europeo y actividad notarial», CDT, 2014, vol. 6, núm. 1, pág. 40). Desde esa premisa debe entenderse el considerando 71 in fine de la exposición de motivos del reglamento, el cual, al señalar que «el presente reglamento no debe determinar si dicha adquisición de bienes por una tercera persona es efectiva o no», se refiere sólo a las cuestiones no cubiertas por el certificado sucesorio europeo, como, por ejemplo, a la influencia del régimen económico matrimonial del adquirente y si hace falta o no el consentimiento del cónyuge, las consecuencias sobre la adquisición de la falta de pago del precio, etcétera (Wautelet, «Article 69», en Bonomi/Wautelet, Le droit européen des successions, Bruylant, Bruselas, 2013, págs. 796-797), de tal modo que la operación podrá cuestionarse por esos otros motivos, pero no por la puesta en duda de las facultades de disposición de quien las tiene según dicho certificado. Es así como hay que entender ciertas afirmaciones doctrinales, que señalan que «se protege la recepción por parte del tercero, pero el certificado no determina per se la efectividad de la adquisición del bien por ese tercero» («La sucesión por causa de muerte en el Derecho de la Unión Europea», www.reei.org, 2014, núm. 27, pág. 54).

Por eso, no acierta nuestra Dirección General de los Registros y del Notariado en su Resolución de 4 de enero del 2019 (BOE núm. 31, de 5 de febrero del 2019) cuando señala que «cabe concluir que el certificado sucesorio europeo tampoco supone una alteración en los sistemas circulatorios de bienes, a modo de nuevo supuesto de adquisición a non domino, aunque presente una fuerte presunción de legitimación y titularidad del designado en el mismo como heredero, legatario o ejecutor», puesto que el certificado no se limita a establecer una presunción que deba valorarse posteriormente en aplicación de los parámetros del Derecho nacional, sino que establece un sistema de protección europeo autosuficiente.

El certificado sucesorio europeo es, por último, un título válido para la inscripción de la adquisición hereditaria en el Registro competente de un Estado miembro. A este respecto, el artículo 14 de la Ley Hipotecaria lo incorpora entre los posibles títulos de una sucesión hereditaria susceptibles de acceder al Registro. No obstante, que resulte título suficiente o que deba ser complementado por otros, dependerá de lo previsto en el resto de la normativa registral, ya que el artículo 1.2.l del reglamento excluye de su ámbito de aplicación «cualquier inscripción de derechos sobre bienes muebles o inmuebles en un Registro, incluidos los requisitos legales sobre la práctica de los asientos y los efectos de la inscripción o de la omisión de inscripción de tales derechos en el mismo».

En esta línea, en la resolución citada supra, la Dirección General de los Registros y del Notariado ha afirmado que «… el sistema registral de los Estados miembros, entre ellos el español, no experimenta modificación alguna tras la aplicación del reglamento» y que el certificado no altera los principios de legitimación, fe pública ni el alcance o validez de los títulos dispositivos susceptibles de inscripción ni sus limitaciones, por lo que «únicamente en los supuestos establecidos por nuestro ordenamiento puede causar una inscripción directa un certificado que en otro caso será título sucesorio previo a la concreta manifestación, adjudicación o partición hereditaria».

En el reglamento no se establecen, a cambio, disposiciones relativas a la transmisibilidad del certificado sucesorio europeo, que no se concibe como un instrumento destinado a su circulación en el mercado y con efectos sobre posibles futuros tenedores distintos de aquellos a cuyo favor se emite. De este modo, no cabe entender que la transmisión del certificado por aquel cuyo nombre la autoridad competente hizo constar en el documento y a cuyo favor se emitió a un tercero permita extender a este último las consecuencias de los apartados 3 y 4 del artículo 69.