A partir del 18 de abril del año 2018, Nicaragua se ha enfrascado en una lucha cívica por la democracia, que ha desencadenado una crisis política, social y económica en el país, que a todas luces ha afectado a las empresas privadas.

En virtud que llevamos tres meses en esta crisis, además de las afectaciones al turismo, comercio y sector financiero, está afectando a las demás empresas privadas que pertenecen a otros sectores económicos: Construcción, Zonas Francas, Servicios, Transporte, Industria manufacturera, Agricultura y Ganadería, por ende, todos los sectores económicos en general.

Muchas de las empresas privadas han suspendido colectivamente los contratos de sus trabajadores, otras han cerrado sus operaciones de forma definitiva. Según FUNIDES esto ha generado más de 215 mil nuevos desempleos en el país.

Sin embargo, muchas de estas empresas privadas por falta de una asesoría laboral oportuna, han inobservado:

Primero: Que no toda solución necesariamente se inclina a la suspensión colectiva o al cierre definitivo de sus operaciones.

Segundo: Que en dependencia de la causa que origina la suspensión colectiva de trabajo o el cierre definitivo de la empresa, se determinará si el empleador está obligado o no, a solicitar la autorización del Ministerio del Trabajo.

En relación al primer punto, tengo a bien mencionar que:

  • No toda suspensión colectiva obligatoriamente debe recaer sobre el 100% de los trabajadores, perfectamente puede aplicarse de manera parcial.
  • No todo cierre de operaciones forzosamente debe recaer sobre el 100% de la funcionalidad y/u operatividad de la empresa, perfectamente puede aplicarse en áreas o departamentos laborales específicos, o bien, sobre tiendas o sucursales.
  • Muchas empresas en vez de suspender colectivamente los contratos de los trabajadores, o en vez de cerrar definitivamente sus operaciones, han tomado la decisión de reducir la jornada ordinaria de trabajo prorrateando al mismo tiempo los salarios. Es decir, pagar equitativamente los salarios en base a la cantidad de horas que laboran en el corte correspondiente.

En la práctica, se ha recurrido a la solución anterior, con fundamento en la ponderación de la norma a la cual han accedido actualmente las autoridades laborales frente a la crisis.

La ponderación de la norma, no debe de verse simplemente como la flexibilización de la norma por parte de las autoridades laborales, hablar de ponderación de la norma es hablar sensatez, equilibrio y justicia, por ejemplo, si bien es cierto los trabajadores tienen derecho a que se respeten las condiciones establecidas en su contrato individual de trabajo, pero también es cierto que frente ante esta crisis, prevalecen más los derechos fundamentales tales como “el derecho al empleo”, “el derecho a la seguridad social”, aunque esto signifique transitoriamente una disminución de esas condiciones contractuales.

En relación al segundo punto, es menester señalar que:

  • No en todas las causas que originan una suspensión colectiva o un cierre definitivo de empresa, se requiere la autorización del Ministerio del Trabajo. La fuerza mayor o caso fortuito hacen una excepción a la regla.
  • Que frente a un cierre definitivo de empresas, solamente el Ministerio del Trabajo puede eximir al empleador pagar a los trabajadores la indemnización por años de servicios o antigüedad.

Los abogados especialistas en la materia debemos brindarles a las empresas una asesoría legal oportuna, que les ayuden a tomar las mejores decisiones para continuar su funcionalidad y operatividad, reducción de gastos de nóminas, y la administración adecuada de personal.