La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial introdujo nuevas atribuciones y funciones a los Letrados de la Administración de Justicia algunas de las cuales, tal y como resultaron planteadas, resultan a nuestro juicio, inconstitucionales.

La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial (“Ley 13/2009”), introdujo en nuestra legislación nuevas atribuciones y funciones a los Letrados de la Administración de Justicia, llevándose éstas a cabo a través de dos tipos de resoluciones: (i) Diligencias de Ordenación y (ii) Decretos.

En relación con dichas resoluciones, se estableció un régimen impugnatorio en virtud del cual, frente a las mismas, cabe únicamente la formulación de recurso de reposición, excepto en los supuestos concretos en que la ley establece expresamente la posibilidad de interposición directa de recurso de revisión contra el Decreto dictado por el Letrado de la Administración de Justicia.

El recurso de reposición interpuesto frente a las Diligencias de Ordenación y Decretos dictados por el Letrado de la Administración de Justicia lo resuelve el propio Letrado de la Administración de Justicia por medio de Decreto, contra el cual ya no cabe interponer recurso alguno.

A su vez, como previamente se ha indicado, podrá interponerse recurso de revisión contra el Decreto dictado por el Letrado de la Administración de Justicia ante el Juez o Tribunal que tenga la competencia funcional en la fase del proceso en la que haya recaído el Decreto impugnado.

Este nuevo sistema de resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia, y de recursos frente a las mismas, fue implantado por la Ley 13/2009 en los cuatro órdenes jurisdiccionales:

i. En el orden jurisdiccional civil-mercantil, el artículo 454 bis. 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone:

“1. Contra el decreto resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva. Esta reproducción se efectuará, necesariamente, en la primera audiencia ante el Tribunal tras la toma de la decisión y, si no fuera posible por el estado de los autos, se podrá solicitar antes de que se dicte la resolución definitiva para que se solvente en ella”.

ii. En el orden social, la Ley 13/2009 modificó el artículo 186.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (actual artículo 188.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social), con el siguiente tenor:

“1. Contra el decreto resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva”.

iii. En el ámbito penal, los artículos 238 bis y ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, alegados por el Ilmo. Juez Instructor de la causa, dicen:

“Artículo 238 bis

Contra todas las diligencias de ordenación dictadas por los Secretarios judiciales podrá ejercitarse ante ellos mismos recurso de reposición.

También podrá interponerse recurso de reposición contra los decretos de los Secretarios judiciales, excepto en aquellos supuestos en que proceda la interposición directa de recurso de revisión por así preverlo expresamente la Ley

El recurso de reposición, que se interpondrá siempre por escrito autorizado con firma de Letrado y acompañado de tantas copias cuantas sean las demás partes personadas, expresará la infracción en que la resolución hubiere incurrido a juicio del recurrente y en ningún caso tendrá efectos suspensivos.

Admitido a trámite el recurso de reposición, por el Secretario judicial se concederá al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas un plazo común de dos días para presentar por escrito sus alegaciones, transcurrido el cual resolverá sin más trámite.

Contra el decreto del Secretario judicial que resuelva el recurso de reposición no cabrá interponer recurso alguno.

Artículo 238 ter

El recurso de revisión se interpondrá ante el Juez o Tribunal con competencia funcional en la fase del proceso en la que haya recaído el decreto del Secretario judicial que se impugna, mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que ésta hubiere incurrido, autorizado con firma de Letrado y del que deberán presentarse tantas copias cuantas sean las demás partes personadas

Admitido a trámite el recurso de revisión, por el Secretario judicial se concederá al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas un plazo común de dos días para que presenten sus alegaciones por escrito, 3 transcurrido el cual el Juez o Tribunal resolverá sin más trámite. Contra el auto resolutorio del recurso de revisión no cabrá interponer recurso alguno.

El régimen de recursos frente a las resoluciones de los Secretarios judiciales dictadas para la ejecución de los pronunciamientos civiles de la sentencia y para la realización de la medida cautelar real de embargo prevista en los artículos 589 y 615 de esta Ley, será el previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

iv. Y en la jurisdicción contencioso-administrativa, en el artículo 102 bis.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a cuyo tenor:

“2. Contra el decreto resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva.

Cabrá recurso directo de revisión contra los decretos por los que se ponga fin al procedimiento o impidan su continuación. Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin que, en ningún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto.

Cabrá interponer igualmente recurso directo de revisión contra los decretos en aquellos casos en que expresamente se prevea”.

Cabe apreciar del tenor literal de los preceptos previamente expuestos que son idénticos en cuanto a su fundamento y pretensión, y muchos en su literalidad, siendo además fruto todos ellos de la misma finalidad buscada por nuestro legislador: la descarga de trabajo de nuestros Jueces y Tribunales delegando en los Letrados de la Administración de Justicia las labores no jurisdiccionales.

Pues bien, en relación con este último artículo de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional planteó cuestión interna de inconstitucionalidad del artículo, que quedó resuelta por medio de la Sentencia de 17 de marzo de 2016 en virtud de la cual se acordó la inconstitucionalidad del citado precepto.

El supuesto de hecho parte de una Diligencia de Ordenación dictada por el Letrado de la Administración de Justicia de lo Contencioso-Administrativo nº 27 de Madrid. En dicha resolución se señalaba la celebración del juicio oral tres años después de la fecha en la que se notificó dicha resolución.

Frente la referida Diligencia de Ordenación, el demandante presentó recurso de reposición, que fue desestimado mediante Decreto del Letrado de la Administración de Justicia. El motivo del recurso: entender que, acordándose la celebración del juicio con una margen de tres años, se estaría vulnerando su derecho fundamental a un procedimiento sin dilaciones indebidas.

De conformidad con el artículo 102 bis.2 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, alegado por el Letrado de la Administración de Justicia en su resolución, ya no cabía recurso alguno.

Sin embargo, dicho Decreto resolutorio del Recurso de Reposición fue objeto de Recurso de Amparo por parte del allí demandante al considerar agotados todos los medios impugnatorios previstos en las normas procesales sin haber existido revisión alguna del Decreto vulnerador, a su juicio, de sus derechos fundamentales.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional admitió a trámite el Recurso de Amparo y finalmente, tras oír a las partes y al Ministerio Fiscal, planteó cuestión interna de inconstitucionalidad en relación con aquel concreto precepto de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, “que priva al justiciable de la posibilidad de someter a la decisión última del Juez una cuestión como la presente, que afecta a un derecho fundamental constitucionalmente protegido”.

Concretamente, el recurrente consideró que, como en el presente caso, el artículo podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva en la medida en que excluye la posibilidad de que el Decreto del Letrado de la Administración de Justicia que resuelve el Recurso de Reposición contra sus propias Diligencias de Ordenación sea revisado por el Juez o Tribunal a través de un recurso directo de revisión.

Y es que, se privaría por tanto al justiciable de la posibilidad de someter a la decisión última del titular del órgano jurisdiccional una cuestión que afecta a un derecho fundamental como consecuencia de la desatención del derecho a la tutela judicial efectiva.

El Pleno del Tribunal Constitucional, en la Sentencia de 17 de marzo de 2016, declaró por unanimidad la inconstitucionalidad y nulidad del primer párrafo del artículo 102 bis. 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa por entender que la ausencia de revisión por un Juez o Tribunal de algunas de las decisiones que, tras la implantación de la nueva oficina judicial, recaen en exclusiva en los Letrados de la Administración de Justicia lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la CE y el principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional del artículo 117.3 de la CE.

Literalmente, a este respecto dice:

“…incurre en insalvable inconstitucionalidad al crear un espacio de inmunidad jurisdiccional incompatible con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y la reserva de jurisdicción a los Jueces y Tribunales integrante del poder judicial. El precepto cuestionado, en cuanto excluye del recurso judicial a determinados decretos definitivos del Letrado de la Administración de Justicia cercena, como señala el ATC 163/2013, FJ 2, el derecho del justiciable a someter a la decisión última del Juez o Tribunal, a quien compete de modo exclusivo la potestad jurisdiccional, la resolución de una cuestión que atañe a sus derechos e intereses legítimos, pudiendo afectar incluso a otro derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas.”

La repetida sentencia precisa además que, hasta que el legislador no se pronuncie al respecto, el recurso judicial procedente frente al Decreto del Letrado de la Administración de Justicia resolutorio de la reposición ha de ser el directo de revisión a que se refiere el propio artículo 102 bis).2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Aunque la Sentencia de 17 de marzo de 2016 del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional se refiere directamente al concreto precepto de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la idéntica regulación legal en el resto de jurisdicciones, incluso en su dicción, nos lleva a concluir que la identidad de razón del supuesto resuelto por el Tribunal Constitucional debe resolverse con igual criterio respecto al resto de preceptos, permitiendo el recurso ante el Juez que tenga la competencia funcional en la fase del proceso en la que haya recaído la resolución de cualquier resolución dictada por el Letrado de la Administración de Justicia.

En el ámbito penal, merecedor de mayores garantías que el resto de jurisdicciones, la Ilma. Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el 6 de junio de 2016, consideró –erróneamente a nuestro juicio− que los efectos de aquella Sentencia del Tribunal Constitucional no se pueden extender a otros ámbitos; en concreto al del artículo 238 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal1.

El Auto de la Sala de 6 de junio de 2016, se inicia con la lectura del Preámbulo de la citada Ley 13/2009 y, en concreto, de la distribución de las competencias entre el Juez y el Letrado de la Administración de Justicia que lleva a cabo dicha Ley; cuyo principal objetivo es que el Juez o Tribunal centre sus esfuerzos en la labor juzgadora y ejecutora encargándose al Letrado de la Administración de Justicia las competencias de tramitación de los litigios.

Para la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional constituye una “quiebra” que un Letrado de la Administración de Justicia resuelva lo concerniente a un derecho fundamental sin posibilidad de revisión por el Juez, que es el supuesto del que partió la Sentencia del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, expone, que no se corresponde con el caso examinado ya que en el mismo la Diligencia de Ordenación inicial se limitó a un aspecto procedimental que no afectaba a ningún derecho fundamental.

Ello no quiere decir, a nuestro juicio, que el artículo no carezca del mismo vicio de inconstitucionalidad que el preceptuado en Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; sino que únicamente, en dicho supuesto, no se trataba de resolver una cuestión que afectase a un derecho fundamental.

A falta de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por nuestros Jueces y Tribunales, quizá al no haber apreciado en los supuestos evaluados la afección de ninguna garantía constitucional del justiciable, solo queda esperar para comprobar, dada la identidad de contenido de los artículos previamente referenciados, la inconstitucionalidad de los mismos.