Ante un conflicto causado por un desacuerdo, siempre vale la pena que los involucrados consideren negociar entre ellos una solución si el problema es transigible. Si las partes entienden con claridad la posición de ventaja (o desventaja) comparativa en que cada una se encuentra, se darán las condiciones para alcanzar un acuerdo que evite una potencial escalada del conflicto ante una corte de justicia, así como el costo de tiempo y dinero que esto conlleva. Y al final, si se cuenta con el apoyo de un conciliador, se lograría un acuerdo que contaría con el mismo peso que el de una sentencia judicial.

Efectos de una negociación y una conciliación

En caso de que las partes logren, por sí solas, un arreglo a través de una negociación, su acuerdo quedará plasmado en un contrato de transacción que dará por terminado extrajudicialmente su conflicto. Este acuerdo de transacción será vinculante y tendrá efectos de cosa juzgada[1] pero sólo entre los contratantes.[2] Para que adquiera fuerza ejecutiva, tendría que ser notarizado en una escritura pública u homologado ante las cortes de justicia.[3]

Por otro lado, las partes también podrían hacerse valer de un conciliador imparcial que las asista para desarrollar su negociación. Si a través de la conciliación se llegase a un acuerdo, sea total o parcial, éste se plasmará en un Acta con el apoyo del tercero conciliador. Este tipo de Actas tienen fuerza ejecutiva y cuentan con el efecto de cosa juzgada, equiparándose a sentencias judiciales firmes. Las actas firmadas por las partes y el conciliador se entenderán auténticas sin necesidad de ningún otro trámite judicial o notarial.[4][5]

La importancia del punto de equilibrio del negociador

Al iniciar una negociación o conciliación, las partes deberán estar conscientes de las diferencias jerárquicas entre ellas, en caso de que existan, así como de la naturaleza de la relación que mantienen. También deberán reconocer las diferencias en las ventajas comparativas que pueden existir entre ellas, como una posición jurídica más fuerte, capacidad económica que les permita alargar el conflicto o alguna urgencia comercial por finalizarlo.[6]

Lo anterior resulta necesario para establecer apropiadamente el punto de equilibrio del negociador, es decir el punto en el cual la parte que está negociando considera que no gana nada, pero tampoco pierde; es el punto mínimo de aceptación de un potencial acuerdo. Éste servirá de guía para generar propuestas acordes a los intereses reales y expectativas razonables de cada una de las partes, buscando igualmente evitar los costos inherentes a los procesos judiciales.

Entre más preciso haya sido el estudio individual de cada una de las partes para fijar los puntos de equilibrio, más alta es la probabilidad de lograr un acuerdo extrajudicial que ponga fin al problema. Este ejercicio no resulta difícil en casos sencillos como una deuda monetaria única, pero puede volverse engorroso en situaciones que engloben años de una compleja relación comercial. También puede ser complicado en casos familiares que incluyen una carga emocional propia y donde los incentivos y objetivos son más difusos.

Idealmente, las partes alcanzarán un acuerdo de ganar-ganar, acorde a la Teoría de Juegos.[7] Este acuerdo asegurará estabilidad para los involucrados y representará un punto de equilibrio de la negociación. Una parte preferirá asegurar la ganancia que haya obtenido en lugar de intentar conseguir más y arriesgarse a perder lo conseguido por un posible cambio de decisión de otra parte. Este escenario representaría también un estado de eficiencia económica clásica o paretiana, es decir un estado en el que se ha logrado que las partes ganen lo más posible mientras perjudiquen a las demás lo menos posible.[8]

En el mejor de los casos, las partes podrán volver a términos amigables y quizás mantener o reactivar la relación que tenían, abriéndose a la posibilidad de lograr nuevos beneficios mutuos y, según lo describe Jesús Huerta de Soto, alcanzar un estado de eficiencia dinámica.[9]

Es importante que los involucrados en un conflicto aprecien las herramientas que los legisladores les han brindado para resolver sus diferencias. En caso de que se logre una conciliación exitosa, por ejemplo, se alcanzaría un resultado equivalente a una sentencia que podría tomar años en la jurisdicción ordinaria o a un laudo arbitral que tardaría varios meses en un proceso de arbitraje.