En el dinamismo de la sociedad en la que vivimos nos encontramos expuestos a un mundo de constantes cambios tecnológicos y de múltiple información, la cual puede provenir de fuentes confiables y de fuentes no tan confiables.

Estos cambios se ven reflejados en la forma en que se finalizan los negocios hoy en día, debido al crecimiento del comercio electrónico o e-bussines, las empresas están buscando brindar a sus usuarios herramientas electrónicas que le permitan agilizar los procesos en los servicios que se brindan.

Por lo que la adquisición de un bien o un servicio se realiza vía on-line, o la consulta de procesos ante las instituciones públicas también se realizan de forma on-line, con el objetivo que dichas consultas en trámites administrativos se vuelvan totalmente acreditadas electrónicamente.

El avance tecnológico ha llevado a varios países de Latinoamérica a optar por crear leyes relacionadas a la firma electrónica, tales como Colombia, Chile, Costa Rica, Argentina, Ecuador, Guatemala, Uruguay, y México.

En ese sentido, en el año 2015 el Estado Salvadoreño aprueba una Ley denominada “Ley de Firma Electrónica”, mediante la cual se pretende proveer a las Instituciones Públicas de herramientas que permitan resguardar los datos tanto de los administrados, como de las entidades que proveen los servicios de manera electrónica.

La Ley antes referida pretende dotar de valor jurídico a la firma electrónica en relación a la firma autógrafa, la Ley menciona que hay dos tipos de firma electrónica la firma electrónica simple y la firma electrónica certificada, en relación a su validez probatoria el artículo 6 de la Ley de Firma Electrónica, establece que la firma electrónica simple no tendrá validez probatoria, que únicamente cuenta con esa facultad probatoria la firma electrónica certificada.

En relación a la firma electrónica simple la Ley la define como “los Datos en forma electrónica, consignados en un mensaje de datos o lógicamente asociados al mismo, que puedan ser utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos, e indicar que el firmante aprueba la información recogida en el mensaje de datos”.

En cuanto a la firma electrónica certificada la Ley la define como “los datos en forma electrónica, consignados en un mensaje de datos o lógicamente asociados al mismo, que permite la identificación del signatario, y que los datos de creación de la firma se encuentran en exclusivo control del signatario, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior al contenido del mensaje”

En ese orden de ideas la Ley crea un sistema de seguridad en la transmisión de información durante la prestación de servicios, en las instituciones públicas, y en sus relaciones con cada órgano del estado o en sus relaciones con sus administrados a efecto de hacer más expeditos trámites y validaciones de información.

La Ley de Firma Electrónica, se rige por principios generales como el de Autenticidad, integridad, confidencialidad, seguridad entre otros, con el objetivo de prevenir los ataques externos (interceptación del mensaje, espionaje, modificación de datos o suplantación de identidad) a los servicios brindados por la vía electrónica. El sistema que adopta la Ley es un sistema asimétrico, es decir que generara claves o llaves para acceder a la información que sea transmitida en un proceso, diligencia, o resolución en una institución pública determinada, o en una relación con los administrados o en su caso entre dos particulares.

La Clave Pública es conocida por los usuarios del servicio y la Clave Privada es conocida únicamente por la persona a quien fue asignada, la implementación de ambas claves son necesarias para acceder a la información que ha sido enviada.

Como podemos observar con la aprobación de esta Ley se implementan las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) en un ámbito administrativo, los beneficios de la implementación de esta ley se ven en el comercio internacional, nacional y en la relaciones del Estado con la empresa privada.

Por lo tanto la Firma Electrónica es una herramienta indispensable para dar por finalizado una Diligencia, un Contrato, o una Resolución, es lo que valida la información en una plataforma virtual, siendo importante conocer las responsabilidades jurídicas y las facultades probatorias que conlleva la utilización de la Firma Electrónica, por lo que es necesario contar con la Asesoría Legal adecuada que permita al usuario la correcta utilización de la misma.