El pasado 8 de febrero, el Abogado General presentó sus conclusiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) respecto de las preguntas referidas a éste último en el marco del caso Stichting Brein (C-610/15), en relación con la responsabilidad de las webs de indexación de contenidos intercambiados mediante redes P2P como The Pirate Bay (“TPB”).

Dichas conclusiones son relevantes dado que, a pesar de que la legislación comunitaria en materia de servicios de la sociedad de la información no prevé la responsabilidad de esta clase de intermediarios por las infracciones de derechos de autor cometidas por terceros, cabe plantearse si dichos operadores serían responsables con base en el art. 3.1 de la Directiva 2001/29/CE, que concede a los autores de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual el derecho a permitir o a oponerse a cualquier comunicación al público de sus obras. A la vista de lo anterior, las preguntas referidas al TJUE buscan clarificar:

  1. si se estarían produciendo actos de comunicación al público en el sentido del art. 3.1 de la Directiva 2001/29/CE, por parte del administrador de un sitio web en el que no se encuentra ninguna obra protegida pero se proporciona un sistema a través del cual se indexan y clasifican contenidos protegidos, que se encuentran en los ordenadores de los usuarios, de forma que éstos últimos puedan encontrarlos y, en su caso, descargarlos;
  2. si, en caso de respuesta negativa a la anterior pregunta, podrían adoptarse, en base a dicha Directiva, medidas cautelares contra un intermediario con el fin de ordenarle que bloquee el acceso a los usuarios a webs como TPB como responsable indirecto de las infracciones llevadas a cabo por los usuarios.

Respecto a la primera cuestión, el Abogado General entiende que el rol de las webs como TPB es prácticamente ineludible y necesario para el funcionamiento de las redes P2P. Por lo tanto, estas webs permiten simultáneamente y de forma conjunta con los usuarios de las redes P2P la puesta a disposición del público de las obras protegidas sin el consentimiento de sus titulares. No obstante, dichas actuaciones únicamente constituirán comunicaciones al público si, siendo conocedores dichos operadores de la ilegalidad de los contenidos (por ejemplo, tras haber sido advertidos expresamente por los titulares), no realizan acción alguna encaminada a impedir su acceso. A diferencia del reciente caso GS Media resuelto también por el TJUE en relación con las denominadas webs de enlaces (comentado en este blog), no resultaría aplicable en este supuesto ninguna presunción general de conocimiento en caso de que dichas webs actúen con ánimo de lucro si no han sido requeridas por los titulares de derechos.

Respecto a la segunda pregunta, el Abogado General entiende que será posible adoptar dichas medidas si el gestor de la web puede, con base en el derecho nacional, ser considerado responsable indirecto por las infracciones de los derechos de autor cometidas por los usuarios. Asimismo, dicha medida únicamente podrá aplicarse en caso de que sea proporcional a la importancia y a la gravedad de las violaciones de los derechos de autor cometidas, lo que deberá verificar al juez nacional. En el caso en concreto de TPB, el Abogado General ha considerado que, atendiendo a la medida solicitada, a la cantidad de copias ilícitas que se indexaban en TPB y a la gravedad de las infracciones cometidas, sería proporcionado acceder a adoptar la medida solicitada.

Habrá que esperar a ver si el TJUE resuelve en el mismo sentido que el Abogado General antes de añadir estas nuevas consideraciones a la lista de novedades interpretativas en materia de derechos de propiedad intelectual y responsabilidad de los prestadores de servicios de la información que últimamente dimana de la jurisprudencia del TJUE.