El 17 de agosto de 2017, poco antes de las cinco de la tarde, el terror llegó a Barcelona. No lo hizo solo: apenas minutos después del atentado en Las Ramblas, las aplicaciones de mensajería instantánea, las redes sociales y los medios de comunicación se congestionaron con centenares de fotografías y videos que mostraban el horror de la tragedia y de quienes la padecieron directamente. Pronto, crudos primeros planos de heridos, fallecidos y transeúntes ilustraron y coparon el seguimiento informativo que cubrió el atentando durante las horas que le sucedieron.

Unos criticaron severamente la publicación de las imágenes, pues consideraron que atentaba contra la privacidad de las víctimas y de sus familiares sin más pretexto o justificación que la satisfacción del morbo ajeno. Otros la defendieron, pues aseguraron que la función periodística primordial radica en mostrar al público la verdad, por cruel que sea, y que sólo la verdad más despiadada puede hacer madurar a una sociedad y permitirle comprender el terrible desafío al que se enfrenta.

El debate se ciñó, pues, a la ética y a la deontología periodísticas, pero bien pudo trasladarse también al ámbito jurídico.

En España, el derecho a la propia imagen tiene rango de derecho fundamental, está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y desarrollado en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (LO 1/1982).

Como derecho personalísimo, protege a los vivos y, por tanto, muere con la persona. Pero ello no implica una patente de corso ilimitada para resucitar la imagen de los muertos: la LO 1/1982 identifica un conjunto de personas legitimadas para prohibir y reclamar por el uso de la imagen de un personaje fallecido con el objetivo de preservar su memoria y evitar cualquier atentado contra su dignidad. El derecho a la propia imagen, por tanto, se proyectaba sobre los heridos y los muertos de Las Ramblas.

En nuestro país se exige el consentimiento expreso del afectado para captar, reproducir o publicar la imagen de una persona (artículo 2 de la LO 1/1982). La regla general sólo encuentra tres excepciones, establecidas en el artículo 8.2 de la LO 1/1982: primero, la utilización de la imagen de personajes públicos durante actos públicos o en lugares abiertos al público; segundo, el empleo de caricaturas de esos personajes; tercero y último, el uso de la imagen de una persona, cualquiera que sea su condición, de forma meramente accesoria con ocasión de la información gráfica de un suceso o acaecimiento público.

A falta de cualquier autorización, podría pensarse que la captación y difusión de la imagen de las víctimas del atentado de Las Ramblas encuentra acomodo natural en esta última excepción. Ello, sin embargo, no es así, o no lo es al menos conforme a la jurisprudencia mayoritaria de la Sala Primera del Tribunal Supremo: conforme a ésta, la LO 1/1982 únicamente permite publicar la imagen de particulares a través de planos alejados o secundarios, en una proporción o tamaño relativos inferiores al de la fotografía en su conjunto o mediante encuadres apartados o fugaces que dificulten la plena recognoscibilidad del particular fotografiado. Nunca con carácter protagonista.

Las imágenes que se difundieron de Las Ramblas, sin embargo, no respondían a esas pautas: los primeros o primerísimos planos de las víctimas no fueron accesorios, sino principales. Se mostraron con detalle los rostros y los cuerpos inertes de los fallecidos, las heridas y la angustia de los supervivientes y las muecas y la incredulidad de los rostros de quienes vivieron el terror en sus carnes. Quienes fueron víctimas directas de los atentados de Barcelona fueron desgraciados protagonistas de la tragedia. Su papel fue principal, nunca accesorio, y por ello mismo también lo fue la captación y difusión de su imagen.

Y ahí radica el debate jurídico, pues con toda probabilidad la captación y publicación de tales imágenes, al menos de una parte de ellas, invadió ilegítimamente el marco jurídico y constitucional actual del derecho a la propia imagen de las víctimas del atentado. Conforme al tenor y a la interpretación actuales de la LO 1/1982 a las que nos referíamos, aunque un sujeto participe de forma protagonista, principal, en un suceso noticioso, su imagen debe ser captada o difundida igualmente de forma accesoria. El problema y la solución no son nuevos, pues han sido tratados desde hace años.

El debate sobre la publicación de imágenes como las expuestas acaso debe limitarse siempre al seno periodístico, jamás al jurídico: es por lo menos discutible que corresponda al Derecho impedir o censurar imágenes que ilustran gráficamente la noticia nacional más importante del año, quizás de la última década.

No es tarde para ello, pues nuestro legislador puede hacer de la necesidad virtud: la propuesta no de ley presentada en el Congreso de los Diputados el pasado 19 de octubre de 2016 para reformar la LO 1/1982 podría presentar una oportunidad para abordar definitiva y claramente esta cuestión.

Autor: Pablo Ramírez

Los que en su día nos iniciamos en el mundo de la tecnología y el entretenimiento con una consola Atari conectada al televisor del salón de casa no paramos de sorprendernos con la evolución que ha tenido el sector del videojuego. A día de hoy los juegos ya no tan sólo recrean con una precisión increíble entornos gráficos y personajes detallados; ya no tan sólo cuentan con guionistas y compositores de bandas sonoras en los equipos de desarrollo, convirtiendo los juegos en obras emocionantes; sino es que, además, hemos dejado de jugar solos o en pareja.

La tecnología de interconexión entre jugadores ofrece una experiencia en grupo (o incluso en multitud). En este contexto de multiconexión no debe extrañarnos que proliferen las plataformas de juegos online con millones de jugadores registrados que compiten entre sí en una sucesión inacabable de partidas –fenómeno que se ha definido como e-sports-. Entre otros ejemplos cabe citar StarCraft 2, DOTA 2 o el mundialmente conocido League of Legends. Como ejemplo de su popularidad cabe mencionar simplemente que League of Legends cerró 2014 con más de 67 millones de jugadores inscritos en su plataforma online y se prevé que en 2015 alcance los 100 millones.

El éxito de las plataformas de e-sports ha dado lugar a numerosos torneos en los que los participantes pueden jugar entre sí de forma simultánea y obtener no tan sólo premios sino –quizás de forma más relevante- el reconocimiento como celebridad en la comunidad de jugadores. Tanto StarCraft 2, como DOTA 2, como League of Legends cuentan con sus propios campeonatos mundiales, participando en ellos jugadores que han adquirido un status de absoluta profesionalidad. Así, por ejemplo, uno de estos jugadores ha conseguido recientemente de las autoridades estadounidenses un visado de residencia P-1-A, reservado por normativa de forma exclusiva a “atletas reconocidos internacionalmente”.

Los torneos de e-sports tienen audiencias de millones de usuarios que no tan sólo siguen con fidelidad las retransmisiones de los respectivos torneos, sino que interactúan entre sí… y están apostando cada vez más sobre los ganadores de tales torneos.

En efecto, existen numerosos operadores de apuestas que, aparte de sus productos tradicionales, han empezado a explotar portales específicamente centrados en apuestas sobre e-sports. Así, por ejemplo, Pinnacle Sports ha confirmado que en su plataforma .COM ya ha gestionado más de un millón de apuestas referidas a este tipo de torneos, suponiendo para esta compañía un mercado de mayor tamaño que el referido a otros deportes tradicionales como el golf o el rugby.

Ante este fenómeno, cabe plantearse qué régimen aplica a este tipo de apuestas en España. Desde un punto de vista regulatorio, la primera (y obvia) conclusión es que las apuestas que se refieran a e-sports estarán sujetas a la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego y su normativa de desarrollo. En este sentido, la explotación de apuestas sobre e-sports requerirá que el correspondiente operador haya obtenido una licencia general de apuestas, así como una licencia singular de otras apuestas de contrapartida –reguladas en la Orden Ministerial EHA/3079/2011- y/o una licencia singular de otras apuestas cruzadas -reguladas en la Orden Ministerial HAP/1369/2014- (dependiendo de la modalidad que ofrezca).

Dicho régimen se derivaría del hecho que un torneo de e-sports sería susceptible de ser considerado como un “acontecimiento relacionado con la sociedad, los medios de comunicación, la economía, los espectáculos, la cultura, u otros similares, previamente determinado por el operador en el correspondiente programa, que se desarrolla en el marco de una competición o al margen de ella, cuya organización corresponde a personas, asociaciones o entidades independientes del operador, y que presenta un desenlace incierto y ajeno al operador de las apuestas y a los participantes” y por tanto como objeto de apuestas clasificables en la categoría de “otras apuestas”.

La viabilidad de las apuestas sobre e-sports en España, no obstante, no sería extensible a otro tipo de apuestas igualmente populares a día de hoy, como son las apuestas virtuales. Éstas son apuestas aparentemente referidas a eventos deportivos o hípicos, si bien éstos no son reales, sino recreados electrónicamente. Se trata, de hecho, de juegos que, sin perjuicio de tener una interfaz gráfica simulando un evento deportivo o hípico, operan sobre un motor de generación de resultados aleatorios, siendo este motor –y no tanto las cualidades de los jugadores o corredores- el que terminará determinando el ganador del evento.

Esta modalidad de apuestas no encuentra actualmente acomodo en la normativa española sobre apuestas dado que no se basa en un evento deportivo, hípico o social real ni tampoco está organizado por personas, asociaciones o entidades independientes del operador. Por el contrario, la generación del evento se da en el seno de los sistemas técnicos del operador que lo ofrece, elemento que impide igualmente considerar esta modalidad de juego subsumible dentro del marco regulatorio español para apuestas.

Autor: Albert Agustinoy

¿Puede una empresa utilizar cámaras ocultas para grabar a sus empleados en el puesto de trabajo cuando existe una fundada sospecha de incumplimiento laboral?

Loewe comprobó que faltaba un número considerable de prendas en la empresa y, sospechando que la sustracción de las prendas podía haberse llevado a cabo por personal interno, decidió contratar a una agencia de detectives privados para instalar cámaras ocultas durante un breve periodo de tiempo (del 19 al 23 de agosto) en los puestos donde se creía que se había producido la sustracción. De ello se informó a la presidenta del comité de empresa, pero no con el comité, ya que uno de los sospechosos era miembro del mismo. De este modo, se comprobó que precisamente este empleado se había llevado diversos productos, y la empresa procedió a su despido disciplinario.

El Juzgado de lo Social número 2 de Madrid desestimó la demanda por despido del trabajador, convalidando la extinción de la relación laboral sin derecho a indemnización ni salarios de tramitación. La sentencia de 9 de febrero de 2015 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma la sentencia de instancia.

Alegaba el empleado que la empresa debería haber inscrito un fichero de datos en el Registro General de Protección de Datos, colocado carteles informativos en las zonas de grabación, facilitado formularios para el ejercicio de los derechos de protección de datos y notificado a los representantes de los trabajadores.

A la vista de los antecedentes de hecho arriba descritos y de que las imágenes captadas se utilizaron exclusivamente para su presentación en juicio, entiende el Tribunal que la grabación tiene base legal en la facultad de control que atribuye el Estatuto de los Trabajadores al empresario. Además, señala el Tribunal, la medida adoptada supera además el triple juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que la ponderación entre el derecho fundamental del trabajador a la protección de sus datos y el derecho fundamental de la empresa a la tutela judicial efectiva debe resolverse a favor de este último.

Remarca también el Tribunal que sería absurdo exigir a la empresa que comunicase a los trabajadores la instalación de las cámaras y que colocase carteles dando publicidad a este hecho, porque con ello se frustraría la finalidad buscada, esto es, la averiguación del ilícito laboral, y considera, por tanto, admisible la sustitución de la información a los trabajadores por la realizada a la presidenta del comité de empresa (no al comité, porque el trabajador despedido era miembro de este).