Los impatriados tendrán limitada su capacidad de eliminar la doble imposición a lo establecido en la normativa interna española, y no podrán obtener certificados de residencia fiscal a los efectos de los Convenio para evitar la doble imposición suscritos por España, según la Dirección General de Tributos.

La normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Ley del IRPF) ofrece desde el año 2004 un incentivo a la atracción del talento a las empresas españolas, conocido coloquialmente como 'ley Beckham', mediante un régimen fiscal especial aplicable a los empleados y directivos desplazados a territorio español que cumplan los siguientes requisitos (sin perjuicio del régimen transitorio previsto en la ley para los desplazamientos efectuados antes de 1 de enero de 2015):

a. Que el contribuyente no haya sido residente en España durante los diez periodos anteriores a aquel en que se produzca su desplazamiento a territorio español.

b. Que dicho desplazamiento se produzca como consecuencia (i) de un contrato de trabajo, con excepción de la relación laboral especial de los deportistas profesionales, o (ii) de adquirir la condición de administrador de una entidad en cuyo capital no participe o cuando participando en su capital, la participación no determine la consideración de entidad vinculada según lo previsto en el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

c. Que no obtenga rentas que puedan ser calificadas como obtenidas mediante un establecimiento permanente situado en territorio español.

La reforma tributaria del año 2015 dio respuesta a algunas de las cuestiones que los colectivos susceptibles de aplicación de este régimen habían venido demandando, como las derivadas de la pérdida del régimen en supuestos de cese por despido o la exclusión del régimen especial de los administradores.

Sin embargo, entre las cuestiones que plantea el régimen y siguen sin resolverse se encuentra la determinación de la residencia fiscal de estos contribuyentes en el ámbito de los Convenios de doble imposición suscritos por España con otros países.

En este sentido, la consideración de un contribuyente como residente fiscal en España a estos efectos permite a los contribuyentes, entre otros efectos, aplicar los mecanismos de eliminación de la doble imposición previstos en los Convenios, y acreditar la residencia fiscal en España mediante la obtención de un certificado de residencia fiscal.

La cuestión tiene su origen en la exclusión del concepto de residencia fiscal que establece el modelo de Convenio de la OCDE en relación con las personas que estén sujetas a imposición en un Estado exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado o por el patrimonio situado en el mismo.

En otros países esta problemática también se ha planteado en relación con los contribuyentes que aplican regímenes especiales de tributación similares, como sucede, por ejemplo, con los contribuyentes sometidos al régimen de "non-domiciled", aplicable en Reino Unido, o al de los "residentes no habituales", vigente en Portugal.

Resulta especialmente representativa a estos efectos la modificación del Convenio de doble imposición suscrito con Reino Unido de 2013, que incluye una regulación específica que limita el efecto conjunto de los beneficios fiscales de la normativa interna y de la que pudiera derivar del Convenio (artículo 23) y que nos lleva a entender que dichos contribuyentes sí son residentes a efectos del citado Convenio.

Sin embargo, este no es el criterio de la Dirección General de Tributos, atendiendo a las resoluciones emitidas en los últimos meses de 2017, en las que considera que los contribuyentes sobre los que aplica el régimen especial no son residentes a efectos del Convenio, bajo el argumento de que la tributación por la totalidad de los rendimientos del trabajo no puede identificarse con una tributación por renta mundial, al estar limitada a un único tipo de renta.

La consecuencia de dicha interpretación es que nuestros "Beckham", en opinión de la Dirección General de Tributos, tendrán limitada su capacidad de eliminar la doble imposición a lo establecido en la normativa interna española, y no podrán obtener certificados de residencia fiscal a los efectos del Convenio. Todo ello, salvo que se produzca próximamente una reforma de este régimen fiscal especial con la finalidad de ampliar los profesionales sobre los que pueda aplicarse (como los emprendedores o los jubilados), o de adaptar sus efectos a los de otros países de nuestro entorno.

En cualquier caso, parece que esta visión de la Administración Tributaria invita a revisar, caso a caso, el alcance efectivo que pudiera representar la aplicación de este régimen especial.