Bulgaria

El CIADI desestima una demanda de una empresa energética austriaca contra Bulgaria basada en el Tratado de la Carta de la Energía

Un tribunal del CIADI ha desestimado la demanda contra Bulgaria del grupo energético austriaco EVN basada en el Tratado de la Carta de la Energía y en el APRI entre Austria y Bulgaria, por valor de 850 millones de euros, por los precios de la electricidad y la normativa sobre las energías renovables.

EVN presentó la demanda en 2013 por las medidas de las autoridades y organismos gubernamentales búlgaros en relación con la fijación de precios de la electricidad y las obligaciones de remuneración en relación con las energías renovables. El inversor alegó que los órganos reguladores no le habían reembolsado debidamente los gastos asociados a la electricidad comprada, causándole daños importantes. También denunció la revocación de la normativa que había permitido a EVN cobrar a los productores de energías renovales por el acceso a la red eléctrica. Según declaraciones del Ministro de Economía búlgaro, EVN reclamaba una indemnización de daños y perjuicios de más de 850 millones de euros.

EVN no ha revelado detalles sobre las conclusiones del CIADI, pero en abril de 2018 Bulgaria solicitó permiso al tribunal para plantear una excepción de falta de competencia amparada en la decisión del Tribunal de Justicia Europeo en el caso Achmea (Bulgaria fue uno de los 22 Estados miembros que firmó una declaración política en enero de este año según la cual la resolución de Achmea impide el arbitraje de inversión intra-EU basado en el Tratado de la Carta de la Energía).

CROACIA

Un tribunal del CIADI condena a Croacia en una controversia que afecta a servicios postales

Un tribunal del CIADI ha declarado culpable a Croacia de no proteger la inversión de la neerlandesa B3 Croatian Courier Coöperatief en una empresa de servicios postales, si bien ha rehusado otorgar la indemnización de daños de más de 53 millones de euros que se solicitaba.

El tribunal del CIADI determinó que Croacia había incumplido el artículo 3 del APPRI entre Croacia y los Países Bajos (la cláusula sobre trato justo y equitativo) pero determinó que no existía ningún nexo causal entre el incumplimiento y los daños y perjuicios reclamados por el inversor.

En su demanda ante el CIADI, B3 alegó que el hecho de que Croacia no hubiera liberalizado su mercado ni regulado la política de precios predatorios del Servicio de Correos de Croacia, desembocó en la quiebra de CityEx, con lo que se incumplieron las disposiciones del APPRI relativas a trato justo y equitativo (TJE) y a expropiación. El tribunal desestimó la mayoría de las pretensiones de B3, incluida la pretensión principal sobre la supuesta política de precios predatorios. También desestimó las pretensiones relativas a expropiación de la compañía neerlandesa. Aunque el tribunal determinó que la conducta de Croacia suponía el incumplimiento del artículo 3 del TJE, desestimó, no obstante, las alegaciones en el sentido de que dicho incumplimiento, o cualesquiera otras acciones u omisiones del estado, hubieran causado perjuicio alguno a B3.

UNIÓN EUROPEA

Una filial de Gazprom amenaza con presentar la primera demanda contra la UE basada en el TCE

La filial de Gazprom Nord Strem 32 AG, con sede en Suiza, que está desarrollando un proyecto para la construcción de un conducto de gas natural, ha amenazado con presentar una demanda basada en el Tratado de la Carta de la Energía contra la Unión Europea si no se la deja fuera de la aplicación de la nueva legislación europea.

Mediante carta enviada al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, la compañía le notificó potenciales incumplimientos del TCE.

Los conflictos están relacionados con las modificaciones de la directiva comunitaria del gas, de 2009, que harían extensivas las normas sobre liberalización del mercado del gas a los gasoductos que transportan gas importado desde países no pertenecientes a la UE. Nord Stream 2 afirma que si se implementan estas modificaciones y se determina que la compañía no es apta para quedar exenta de su aplicación, dicha medida sería «irrazonable, arbitraria y discriminatoria» y contraria al TCE.

GRECIA

Ratificado un laudo de la CCI contra Grecia en una controversia sobre un astillero

El Tribunal de Apelaciones de Atenas ha ratificado el laudo favorable a Hellenich Shipyards (HSY) filial griega del armador de Abud Dhabi Privinvest.

Grecia ha anunciado su intención de recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo del país.

La demanda de HSY está relacionada con el astillero comercial y base naval de Skaramagas, a las afueras de Atenas. Privinvest adquirió una participación del 75% en el operador de astilleros HSY en 2010. HSY también suscribió un contrato con el estado griego para la construcción de submarinos para su armada. Pero, según afirma Privinvest, posteriormente el estado incurrió en impago de unos submarinos que había encargado e incumplió su compromiso de realizar otros pedidos, lo que llevó a Privinvest y a HSY a presentar la demanda ante la CCI en 2013. Grecia negó que hubiera asumido tales compromisos.

Finalmente, Grecia aprobó una ley que autorizaba a su armada a completar la construcción de los submarinos utilizando a trabajadores del astillero a coste cero, lo que según el estado se hizo con el consentimiento de HSY y Privinvest.

SERBIA

La compañía búlgara Kornikom presenta una demanda contra Serbia ante el CIADI

La compañía búlgara Kornikom, propiedad del conocido empresario búlgaro Hristo Kovachki, ha presentado una demanda ante el CIADI contra Serbia basada en el APRI entre Bulgaria y Serbia por la resolución de un contrato para la privatización de una mina subacuática.

La disputa se refiere al contrato de privatización de Kornikom, suscrito con el estado en 2007, por el que adquirió una participación del 70% en Rudnik Kovin, la empresa que gestiona la mina de Kovin, situada en la ribera del río Danubio al noreste de Serbia. Tres años después de la compra, el gobierno serbio resolvió el contrato alegando incumplimientos por parte de Kornikom.

Kornikom afirma en la demanda de arbitraje que Serbia incumplió el APPRI al expropiar su inversión. No se ha dado a conocer el valor de su demanda.

España

España fracasa al intentar recusar al árbitro en una demanda basada en el TCE

España ha visto rechazada su propuesta de recusación del presidente del tribunal arbitral, el británico Vaughan Lowe QC, en una demanda presentada ante el CIADI por Matthias Kruck y otros inversores alemanes en energía solar al amparo del Tratado de la Carta de la Energía.

La recusación fue propuesta dos meses después de que Lowe interviniera en la decisión dictada en otro arbitraje seguido ante el CIADI contra España en el que también actuó como presidente, y que fue iniciado por Cube Infrastructure Fund y otros inversores de nacionalidad luxemburguesa y francesa sobre la base del TCE.

Esta recusación de Lowe por parte de España en el caso Kruck estaba relacionada con la supuesta resolución previa sobre cuestiones comunes a ambos arbitrajes.

Hay que señalar que Lowe también forma parte del tribunal del CIADI que dirime una demanda de 4700 millones de euros, presentada por el inversor sueco Vattenfall contra Alemania, que el año pasado desestimó una excepción de falta de competencia opuesta por Alemania sobre la base de la decisión Achmea (Lowe también formó parte del tribunal que dictó el laudo en el arbitraje de inversión intra-UE favorable a Achmea y que originó los procedimientos del TJUE).

En cualquier caso, la recusación ha sido denegada el 14 de mayo de 2019 por los co-árbitros de Lowe, los australianos Michael Pryles y Zachary Douglas QC.

España solicita la anulación de un laudo solar

España ha registrado ante el CIADI una excepción de anulación de una sentencia del CIADI por 64,5 millones de euros favorable a la holandesa Masdar Solar & Wind Cooperatief, filial del fondo soberano emiratí Mubala, por la reforma del régimen de ayudas a las energías renovables del país.

Los argumentos planteados en apoyo de la anulación incluyen los que, basándose en la decisión del Tribunal Europeo de Justicia en el caso Achmea en marzo de 2018 en relación con los tratados bilaterales de inversión intra-UE, afirman que el TCE no otorga competencia sobre las controversias de inversión intra-UE.

Masdar solicitó el pasado octubre la ejecución del laudo ante el Tribunal de Distrito de EEUU correspondiente al Distrito de Columbia, que aún no se ha pronunciado sobre esta solicitud.

UCRANIA

Rusia, condenada a pagar a petroleras ucranianas por controversias en Crimea

Un grupo de empresas petroleras y gaseras ucranianas, entre las que se encuentran la estatal ucraniana productora de petróleo y gas Ukranfta y Stabil LLC, han obtenido una resolución favorable por unos 80 millones de USD más intereses y costas en dos demandas de inversión contra Rusia relacionadas con la expropiación de gasolineras y otros activos en Crimea después de que Rusia se anexionara el territorio en 2014.

Las demandas se presentaron en virtud del APRI entre Ucrania y Rusia ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Los demandantes en ambos casos están vinculados al empresario de nacionalidad ucraniana, chipriota e israelí Igor Kolomoisky.

Ukrnafta alega que tenía 16 gasolineras en Crimea que fueron incautadas por las fuerzas armadas rusas poco después de que Rusia se anexionara el territorio en 2014. La demandante Stabil era propietaria de una cadena de gasolineras en Crimea que también fueron incautadas. Ambas demandas de inversión fueron presentadas en 2015.

En 2017, el tribunal se declaró competente para oír ambas demandas, resolviendo que Rusia se había comprometido en virtud del APRI a proteger las inversiones ucranianas en Crimea, no obstante el hecho de que todos los demandantes eran inversores nacionales en Crimea cuando realizaron sus inversiones y que en aquel entonces no habrían tenido derecho a la protección conferida por el APRI.