Los correos electrónicos de una trabajadora a su letrado desde el ordenador de la empresa no pueden ser aportados a un procedimiento si no se garantiza que su obtención ha respetado las garantías debidas al secreto de las comunicaciones y a la intimidad.

Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 17 de marzo de 2017 (RJ\2017\1480)

Estamos ante un procedimiento de revisión de sentencias fi rmes. En él, la empresa pedía que se revisase la sentencia dictada en instancia en la que se reconocía a la trabajadora el derecho a la reducción de jornada por guarda legal.

Para conseguir esa revisión, la empresa aportó como prueba un correo electrónico personal enviado por la empleada a su letrado y encontrado por la empresa con posterioridad a la notifi cación de la sentencia de instancia.

La empresa mantuvo que de haber conocido los detalles de ese documento con anterioridad se hubiera acogido la postura empresarial defendida.

La trabajadora impugnó el recurso alegando una violación del secreto de las comunicaciones y del derecho al secreto profesional. Sobre el control del uso del ordenador facilitado al trabajador por el empresario hay que recordar los siguientes criterios ya establecidos por la jurisprudencia:

1. De acuerdo con las exigencias de buena fe, la empresa debe establecer previamente las reglas de uso de los medios informáticos e informar a los trabajadores de la existencia de posibles controles, así como de las medidas que han de adoptarse en su caso para garantizar la efectiva utilización laboral del medio.

2. La protección de la intimidad es compatible con el control lícito al que se ha hecho referencia, aunque las comunicaciones telefónicas y el correo electrónico cuenten con una protección adicional que deriva de la garantía constitucional del secreto de las comunicaciones.

3. Los equilibrios y limitaciones recíprocas que se derivan para ambas partes del contrato de trabajo suponen que también las facultades organizativas empresariales se encuentran limitadas por los derechos fundamentales del trabajador quedando obligado el empleador a respetarlos. Las consideraciones precedentes no impiden que se proceda a dotar de una regulación sobre el uso de las herramientas informáticas en la empresa por medio de diferentes instrumentos como órdenes, instrucciones, protocolos o códigos de buenas prácticas, de manera que la empresa no quede privada de sus poderes directivos. A tal fi n, pueden arbitrarse diferentes sistemas siempre que sean respetuosos con los derechos fundamentales. En efecto, el ejercicio de la potestad de vigilancia o control empresarial sobre tales elementos resulta limitada por la vigencia de los derechos fundamentales.

4. Lo expuesto no impide afi rmar que en el desarrollo de la prestación laboral pueden producirse comunicaciones entre el trabajador y otras personas cubiertas por el derecho al secreto de las comunicaciones, ya sean postales, telegráfi cas, telefónicas o por medios informáticos, por lo que puede producirse su vulneración por intervenciones antijurídicas en las mismas por parte del empresario o de las personas que ejercen los poderes de dirección en la empresa, de otros trabajadores o de terceros.

Atendiendo a lo expuesto, no ha podido acreditarse, según entiende el Tribunal Supremo, que la empresa haya obtenido la prueba de una forma que resulte acorde con los derechos anteriormente enunciados, por lo que no puede ser tenida en cuenta a los efectos de revisión pretendidos.