En el marco del Programa Nacional de Reformas, el Consejo de Ministros celebrado el 20 de septiembre, ha aprobado el envío al Congreso del Proyecto de Ley del Sector Eléctrico, que deroga casi en su totalidad la vigente Ley 54/1997 y reforma íntegramente el sector en busca de la estabilidad económica y financiera.

En espera de la publicación del texto definitivamente aprobado por el Consejo de Ministros, este documento solo pretende dar cuenta del envío a las Cortes del Proyecto de Ley del Sector Eléctrico (en adelante, PLSE) e informar brevemente de su contenido, a la vista de las parcas notas de prensa difundidas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El texto ha sido previamente informado por la Comisión Nacional de Energía (Informe 16/2013 de la CNE sobre el Anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico, aprobado por el Consejo en su sesión de 31 de julio de 2013), así como por la Comisión Nacional de Competencia (IPN 103/13, Anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico, 9 de septiembre de 2013).

  1. La sostenibilidad económica y financiera como eje de la reforma  

La norma, que pretende “proveer al sector de un marco regulatorio homogéneo, transparente y estable”, se presenta como la Ley que da estabilidad al sistema eléctrico y evita la generación de déficit de tarifa, la principal lacra del sector.  

Junto a los objetivos ya formulados por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (Ley 54/1997), esto es, la garantía del suministro eléctrico de calidad y al menor coste posible, se proclama ahora un nuevo principio, la garantía de la sostenibilidad económica y financiera del sistema. Para la consecución de este objetivo, se adopta un nuevo régimen de ingresos y gastos del sistema eléctrico que garantiza la corrección de los desequilibrios y una regla de estabilidad financiera que evita la aparición de nuevos desajustes. Como ya establece el Real Decreto Ley 9/2013, la introducción de nuevos costes en el sistema eléctrico está condicionada al aumento equivalente de los ingresos y aquellos sobrecostes generados por las normativas autonómicas o locales deberán ser asumidos por éstas.  

  1. Reforma integral del sector eléctrico  

El PLSE deroga casi en su totalidad la Ley 54/1997 y con la pretensión última de alcanzar la sostenibilidad económica y financiera del sistema, adopta medidas en el ámbito de la producción, del transporte y de la distribución de energía eléctrica, del suministro eléctrico, del régimen de autorizaciones, expropiación y servidumbres y del régimen de infracciones, sanciones e inspecciones. En palabras de la CNC, “estamos, […], ante la reforma integral del sector eléctrico” (IPN 103/13).  

El PLSE se completa con siete Reales Decretos y cinco órdenes ministeriales que se encuentran actualmente en tramitación. En particular, el Proyecto de Real Decreto (en adelante, PRD) por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica; el PRD por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica; el PRD por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos; el PRD por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo; el PRD por el que se regulan los mecanismo de capacidad e hibernación y se modifican determinados aspectos del mercado de producción eléctrica; el PRD por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares; y el PRD por el que se regula la actividad de comercialización y las condiciones de contratación y suministro de energía eléctrica. Todos ellos ya han sido informados por la CNE a lo largo del mes de septiembre (http://www.cne.es/cne/ Publicaciones?accion=2&id_nodo=32).  

  1. Retribución de actividades reguladas: “rentabilidad razonable”, revisable a los seis años

Con el objetivo de reducir los costes del sistema y preservar su sostenibilidad financiera, el PLSE establece los parámetros que aseguran una “rentabilidad razonable” para los proyectos empresariales en función del riesgo de la actividad. Este concepto deberá ser concretado en las normas de desarrollo.  

La regulación del sistema retributivo se revisará tras un período de seis años para evitar así la incertidumbre regulatoria, -uno de los principales problemas que han afectado al sector en los últimos años-, y garantizar la suficiente flexibilidad que permita adaptar las retribuciones a la situación cíclica de la economía y a las necesidades del sistema.  

  1. Mayor protección a consumidores y nuevos instrumentos de control de precios

Según el Ministerio promotor del PLSE, esta nueva ley aumenta la protección del ciudadano y eleva la competencia, estableciendo medidas para fomentar la capacidad de elección del consumidor, agilizar el proceso de cambio de suministrador y simplificar la factura eléctrica.  

Se mantiene el “bono social” para los consumidores vulnerables de acuerdo a determinadas características sociales, consumo y poder adquisitivo y se crea el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que será el precio máximo de referencia al que podrán contratar la mayor parte de los consumidores domésticos, si bien las empresas podrán aplicar descuentos sobre él.