No queda tan lejos en la memoria la avalancha de novedades regulatorias que el 2016 trajo de la mano. Frente a aquello, este año nuevo se presenta menos amenazante, pero no por ello del todo exento de compromisos de nuevo cuño. No me refiero a la futura normativa de distribución de seguros, cuyo trámite administrativo y negociación parlamentaria consumirá, al menos, los próximos doce meses. Otros frentes más tangibles merecen toda nuestra atención en este 2017.

Como adelantábamos en el artículo «Solvencia II en los productos: directrices de gobernanza» (http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/boletin-de-seguros-n-7.pdf), el 1 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de 18 de diciembre del 2016 por la que se publicaban y hacían suyas las directrices preparatorias relativas a los procedimientos de gobernanza y vigilancia de productos para las empresas de seguros y los distribuidores de seguros. Dejando de lado el debate sobre su obligatoriedad, esbozado en nuestro artículo previo, interesa destacar que estas directrices, ya vigentes, tienen como propósito servir de puente hasta que la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero del 2016, sobre la distribución de seguros, sea aplicable por medio de su normativa de transposición. Por lo anterior, y con independencia de la suerte del proceso de negociación de la regulación española derivada de la directiva cuyo plazo límite es el 23 de febrero del 2018, las entidades aseguradoras y los distribuidores de seguros deberán ya poner en marcha los procesos, funciones y estrategias internos para diseñar y comercializar productos, hacerles el seguimiento y revisarlos si fuera preciso. El órgano de administración, como sucede en el marco Solvencia II, será el responsable del debido cumplimiento de estas obligaciones.

El 23 de diciembre pasado se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el reglamento que retrasaba un año la fecha de aplicación del llamado Reglamento PRIIPS [Reglamento (UE) núm. 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de noviembre del 2014 sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros]. En efecto, tanto la excesiva premura con la que se debían introducir las muchas novedades que traían el reglamento y sus estándares técnicos de regulación (RTS) como la falta de consenso en aspectos técnicos abordados en este último hacían necesario una extensión de los plazos para permitir una suave transición y un alineamiento de criterio entre todos los reguladores. Aunque el cruce de cartas entre la Comisión Europea y las Autoridades Europeas de Supervisión (ESMA, EIOPA y EBA) para superar las objeciones puestas por el Parlamento Europeo a los estándares técnicos de regulación no permite ser demasiado optimista en cuanto a la prontitud de alcanzar un acuerdo sobre las modificaciones solicitadas, la fecha ya prorrogada de aplicación del Reglamento PRIIPS (el 1 de enero del 2018) exige poner en marcha cuanto antes la elaboración de los documentos de los datos fundamentales de los productos de inversión basados en seguros. Sería imprudente, a mi juicio, esperar a que se aprueben definitivamente los estándares técnicos de regulación para acometer la tarea pendiente. Y ello porque, con la regulación ya aprobada y la parte no controvertida de los estándares, hay base suficiente como para comenzar de modo orientado la elaboración de los documentos de datos fundamentales, dejando para un momento posterior los tres aspectos sometidos a debate: los PRIIPS multiopción, las condiciones que activan la inclusión de un cuarto escenario y los criterios que faciliten el uso de una advertencia de comprensión. Aunque la experiencia de la directiva Solvencia II apunte en otra dirección, es difícil pensar que las obligaciones del Reglamento PRIIPS puedan posponerse nuevamente, por lo que deberíamos considerar el 1 de enero del 2018 como un horizonte estable de cumplimiento, para el que queda menos de un año. 

El documento de información sobre el producto de seguro (DIPS) parece regulado en el artículo 20.8 de la Directiva sobre la distribución de seguros. Es el equivalente del documento de datos fundamentales del Reglamento PRIIPS, pero referido al seguro distinto del seguro de vida. En ambos casos se tratan de documentos breves, independientes, claros y precisos con los que se aspira a dar una mayor protección al cliente a través de la transparencia y comparabilidad. En la actualidad, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) está trabajando en una regulación de segundo nivel con la que detallar las prescripciones de la directiva. Tanto el consultation paper que se distribuyó en agosto pasado como los documentos que al efecto ha producido Insurance Europe para promover un documento de información sobre el producto de seguro fácil de usar en entornos digitales hacen pensar que no habrá tanto debate sobre el fondo como en el caso de su equivalente en los PRIIPS. Sin embargo, la propia industria aseguradora alerta de que no habrá tanto tiempo para producir todos los documentos de información referidos desde que se apruebe el estándar técnico de implementación (ITS), previsiblemente en el primer semestre de este año, hasta que entre en vigor la norma de transposición de la Directiva de distribución el 23 de febrero del 2018. Una vez que se conozca el borrador de dicho estándar en febrero del 2017, habrá material suficiente como para preparar los documentos de información sobre el producto de seguro.

Los tres casos expuestos son tributarios de un contexto normativo protector de los consumidores y exigente para las entidades aseguradoras. Cada uno de ellos tiene un calendario de aplicación diferente, pero incluso los que están más alejados en el tiempo merecerían una consideración inmediata por parte de las entidades, no solamente porque estos procesos y documentos tienen un impacto favorable en su reputación ante los clientes, sino porque los cambios profundos y extensivos que requiere su implantación precisan de un tiempo de preparación tan amplio como sea posible. Si ese margen temporal que permite la suave adaptación que toda organización quiere para sí está condicionado a la disposición de un mínimo material regulatorio con el que trabajar, entonces el reloj de la implementación temprana ya se ha puesto en marcha.