El Tribunal Supremo resuelve un recurso de casación interpuesto por un abogado cuya situación tributaria había sido regularizada al entender la Administración que no cabía la aplicación de la reducción por irregularidad sobre los ingresos obtenidos por aquél en el ejercicio de su profesión y a consecuencia de su labor de defensa procesal en un litigio cuya duración superó los dos años.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 19 de marzo del 2018 (rec. núm. 2070/2017) resuelve un recurso de casación interpuesto por una persona física, abogado de profesión, que presentó su autoliquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas utilizando el método de estimación directa simplificada y aplicando la reducción prevista en el artículo 32.1 de la Ley 35/2006 sobre los honorarios facturados a un cliente por los servicios que le prestó como forense en un proceso concursal. En concreto, el contribuyente redujo esa renta al considerar que le resultaba aplicable la primera de las circunstancias a las que alude el citado artículo 32 para poder aplicar la reducción —entonces del 40 %—, es decir, la obtención de rendimientos con un periodo de generación superior a dos años.

La Administración tributaria, que no compartió el criterio del contribuyente, inició un procedimiento de comprobación limitada del que resultó una liquidación provisional que el afectado apeló sin éxito hasta llegar al Tribunal Supremo, ante el que recurrió en casación la sentencia desestimatoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El tribunal regional, al igual que había sucedido en instancias anteriores, reparó en el hecho de que la actividad que desarrolla el recurrente cuando presta asistencia jurídica en procedimientos judiciales suele prolongarse durante más de dos años, extremo que lo condujo a considerar que el contribuyente obtiene rendimientos irregulares de forma regular. Por ese motivo consideró aplicable el último párrafo del aludido artículo 32.1, que excepciona la aplicación de la reducción «a aquellos rendimientos que, aun cuando individualmente pudieran derivar de actuaciones desarrolladas a lo largo de un periodo que cumpliera los requisitos anteriormente indicados, procedan del ejercicio de una actividad económica que de forma regular o habitual obtenga este tipo de rendimientos». Así pues, el tribunal entendió que los honorarios facturados en el ejercicio de esa profesión han de entenderse devengados por cada actuación, con lo que el periodo de generación no se corresponde con la duración del pleito ni de cómo se facture para el cobro.

Por su parte, el recurrente mostró su desacuerdo con dicha conclusión ya que —adujo— el cobro de servicios prestados durante más de dos años «no es la regla en su actividad, ni lo común o general, sino que es irregular y raro». En ese sentido, y partiendo del hecho de que a efectos de retribución existen muy diferentes clases de abogacía, estimó que con el examen de los registros de ingresos aportados debería bastar para comprobar que su actividad como abogado no encajaba en una sola modalidad, pues llevaba a cabo labores muy diversas y con diferentes sistemas de minutación, insistiendo en el hecho de que su actividad económica sólo ocasional o irregularmente da lugar a la facturación de unos servicios que abarquen más de dos años.

En ese contexto, el Tribunal Supremo centró su análisis, por un lado, en determinar si los rendimientos obtenidos podían considerarse generados en un periodo superior a dos años para, a continuación, verificar si hay o no razones para aplicar la salvedad o excepción establecida en el apartado tercero del citado artículo 32.1.

A esos efectos, el tribunal, tras recordar que las nociones de regularidad o habitualidad que incorpora el precepto, verdaderos conceptos jurídicos indeterminados, son de suyo vagas y genéricas, considera procedente establecer una precisión de alcance general, traducida en afirmar que, atendiendo a la estructura normativa del precepto, no puede olvidarse que la regla es la reducción de los rendimientos y la excepción es su eliminación por razón de habitualidad o regularidad. De acuerdo con lo anterior, tal excepción ha de ser tratada como tal, lo que implica que deba evitarse el emplear un concepto restringido en la apreciación de la regla y otro expansivo cuando se trata de integrar los casos que excepcionan la pauta general. Esto es, «la excepción no debe predominar sobre la regla haciéndola inviable o dificultando su aplicación».

Pues bien, a partir de tales consideraciones, el tribunal estimó las pretensiones del recurrente y llegó a las siguientes conclusiones:

a)  Los ingresos obtenidos por un abogado en el ejercicio de su profesión por su actuación de defensa procesal en un litigio cuya duración se haya extendido más de dos años, cuando se perciban de una sola vez o en varias en el mismo ejercicio, se consideran generados en un periodo superior a dos años a los efectos de acogerse a la reducción de los rendimientos netos prevista al efecto en el artículo 32.1, párrafo primero, de la Ley 35/2006.

b)  Sentado lo anterior y a los efectos de determinar la posible aplicación de la excepción contenida en el párrafo tercero del mencionado precepto, el tribunal concluye que la regularidad o habitualidad de los ingresos cuya concurrencia descarta aquella reducción han de referirse al profesional de cuya situación fiscal se trate y a los ingresos obtenidos individualmente en su impuesto personal, y no a la actividad de la abogacía o a características propias de ésta, global o abstractamente considerada.

Así pues, debe evitarse una concepción restrictiva de la profesión del contribuyente —en este caso, abogado— como trabajo centrado en la actividad procesal o de asistencia jurídica en litigios, dando por supuesta una verdad axiomática que no cabe compartir, pues sugiere la configuración de tales actividades o prestaciones como las únicas o, al menos, las más características o genuinas de la profesión, excluyendo otras posibles. Al contrario, la aplicación de la excepción del párrafo tercero del artículo 32.1 de la Ley 35/2006 exige atender a la singular situación personal de cada contribuyente y a la naturaleza de los rendimientos obtenidos en su ejercicio, ya que sólo así podrá precisarse cuáles son los regular o habitualmente obtenidos.

c)  Por último, el tribunal señala que la carga de la prueba acerca de la concurrencia del presupuesto de hecho que habilita la citada excepción incumbe a la Administración, que en el caso analizado habrá de afrontar los efectos desfavorables de su falta de prueba.