El Tribunal Supremo dictó el pasado 23 de marzo de 2017, una sentencia mediante la que estimaba el recurso de casación interpuesto por la empresa Bankia frente a la Sentencia dictada en fecha 4 de diciembre de 2015 por la Audiencia Nacional.

Esta sentencia revoca la sentencia de la Audiencia Nacional, que condenaba a la mercantil a establecer un sistema de registro de la jornada diaria efectiva que realiza la plantilla, para controlar el cumplimiento de los horarios pactados (y acreditar la realización por los trabajadores de horas extraordinarias), así como a dar traslado a la representación de los trabajadores de la información sobre las horas extraordinarias realizadas en cómputo mensual.

El Tribunal Supremo exonera a la empresa de la obligación de implementar un sistema de registro diario de la jornada, tras llevar a cabo un análisis exhaustivo de la legislación nacional y comunitaria sobre horas extraordinarias, así como de la jurisprudencia nacional existente en la materia, sobre la base de que el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores (que regula las horas extraordinarias), no exige la llevanza de un registro de la jornada diaria efectiva de toda la plantilla, sino que únicamente obliga a llevar a cabo el registro de las horas extraordinarias que se realicen por los trabajadores. En consecuencia, si no existe una obligación de llevanza del registro diario de jornada, la ausencia de tal actuación no puede ser sancionada (falta de tipicidad), concluyéndose que no existe indefensión para los trabajadores, puesto que éstos tiene la facultad de impugnar la información sobre horas extras que el empresario comunique con carácter periódico.

Asimismo, matiza el Tribunal que si bien convendría una reforma legislativa que clarificara la obligación para las empresas de llevar un registro horario de cara a facilitar la prueba de la realización de horas extraordinarias, en la actualidad esta obligación no existe, por lo que no puede el Tribunal suplir al legislador imponiendo esa obligación.

Cabe señalar que esta decisión judicial no está exenta de polémica y controversia, puesto que ha sido adoptada con el voto particular (contrario a la Sentencia) de cinco de los trece magistrados que conforman la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, y puesto que numerosas actuaciones de inspección en el último periodo se han llevado a cabo sobre la base de la decisión judicial de la Audiencia Nacional.