El Tribunal Económico Administrativo Central desestima una impugnación sobre el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica .

La Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, creó en su título I el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE), estableciendo que «es un tributo de carácter directo y naturaleza real que grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de central»

De acuerdo con lo previsto en el artículo 6 de la citada Ley 15/2012, la base imponible del impuesto está constituida por el importe total que corresponda percibir al contribuyente por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica (incluidas las tarifas y primas que resultan de aplicación a la energía incorporada al sistema eléctrico por las instalaciones incluidas en el régimen especial), estableciendo en el artículo 8 un tipo de gravamen único del 7 %.

No obstante, desde su incorporación al régimen tributario español, la inconstitucionalidad del impuesto y la posible vulneración de la normativa comunitaria han sido objeto de continuo debate. En particular, los contribuyentes alegan la inconstitucionalidad del impuesto con base en la infracción de los principios de igualdad, de capacidad económica y el no confiscatorio, así como en la infracción del principio de reserva de ley. Al mismo tiempo, la configuración del impuesto podría parecer contraria a la normativa comunitaria y, en particular, a la Directiva 2003/96/CE, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, y a la Directiva 2008/118/CE, relativa al régimen general de los impuestos especiales, por lo que debiera plantearse una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Finalmente, también se viene alegando la existencia de doble imposición en relación con determinados impuestos autonómicos y locales. 

Pues bien, el Tribunal Económico‑Administrativo Central  (TEAC) en la resolución emitida el pasado 20 de julio del 2017, se ha pronunciado, en relación con una impugnación del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, sobre dos de las cuestiones antes citadas.

Así, este tribunal, partiendo de que plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es algo potestativo, resuelve que no resulta necesario en este caso al entender que «los criterios aplicados son suficientemente claros».

Y, en relación con la inconstitucionalidad de la Ley 15/2012, el Tribunal Económico‑Administrativo Central  señala que no es competente para decidir sobre la legalidad de las disposiciones tributarias de carácter general, puesto que el ámbito de la vía económico‑administrativa está circunscrito al examen de los actos de aplicación de la normativa en vigor, con independencia de la legalidad intrínseca de las normas que las regulan, materia reservada a la jurisdicción contencioso‑administrativa o, en su caso, al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Al hilo de esta cuestión, cabe recordar que el pasado 14 de junio del  2016  la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso‑Administrativo del Tribunal Supremo planteó ante el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad en relación con determinados artículos de la referida Ley  15/2012, por su eventual vulneración del principio de capacidad económica proclamado en el artículo 31.1 de la Constitución española.

Si bien el Tribunal Constitucional inadmitió a trámite las citadas cuestiones de inconstitucionalidad en diciembre del 2016, dicha inadmisión respondió únicamente a cuestiones formales o procesales, pero no de fondo. En este sentido, dado que en las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas se había hecho referencia a la posible vulneración de la normativa comunitaria, el Tribunal Constitucional consideró que, antes de valorar la constitucionalidad del impuesto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debía pronunciarse, en su caso, acerca de su compatibilidad con el ordenamiento comunitario. Por tanto y según la información pública, se espera que próximamente el Tribunal Supremo plantee la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quedando a la espera la vía constitucional de referencia.

Finalmente, en línea con lo anterior, el pasado 18 de julio del  2017, la Sala de lo Contencioso‑Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado plantear tres cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el canon para la utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica (tributo también aprobado por la Ley 15/2012). La primera de ellas está relacionada con la finalidad medioambiental del canon, dado que la Sala considera que dicha tasa no responde al perfil de tributo medioambiental. En segundo lugar, la Sala plantea si el canon es compatible con el principio de discriminación de los operadores previsto en la Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. Por último, será objeto de análisis si el cobro de este canon en perjuicio de los productores de generación hidroeléctrica que operan en cuencas intercomunitarias es una ayuda de Estado que está prohibida por el artículo  107  del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.