Sí se puede, según pronunciamientos recientes de los Tribunales Superiores de Justicia. Se trata de varias Sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (entre ellas, la Sentencia de 11 de febrero de 2013, recurso n.º 320/2012, y la de12 de febrero de 2013, recurso n.º 321/2012), y del Auto del TSJ de Madrid número 41/2012, de 21 de enero.

En todos los casos, los hechos eran muy semejantes: tramitada la expropiación por el procedimiento de urgencia (lo que implica la toma de posesión del suelo expropiado antes del pago del justiprecio), y habiendo sido recurrido el justiprecio en vía judicial, por lo que existía una Sentencia que resolvía sobre su montante, el concesionario, beneficiario de la expropiación, se declara en concurso. Ante esta situación, los expropiados pretenden que sea la Administración expropiante quien asuma el pago del justiprecio.

Las vías procedimentales seguidas por los expropiados para reclamar el pago a la Administración fueron, sin embargo, distintas:

  • En los casos resueltos por las Sentencias de Castilla-La Mancha, ante el impago los beneficiarios acudieron a la vía del recurso por inactividad: reclamaron a la Administración el pago del justiprecio confirmado por Sentencia firme y, transcurridos tres meses, interpusieron recurso contencioso administrativo por la vía del artículo 29 de la LJCA.
  • En cambio, el Auto del TSJ de Madrid tiene su origen en la solicitud por el beneficiario de la ejecución provisional de la Sentencia que resuelve sobre el justiprecio: acordada por Auto la paralización de la ejecución de la Sentencia respecto de la beneficiaria declarada en con curso (por aplicación de lo establecido en el artículo 55 de la Ley Concursal), la Sala resuel ve finalmente sobre la responsabilidad de la Administración en el pago del precio fijado en la Sentencia.

Tanto el TSJ de Castilla-La Mancha como el TSJ de Madrid reconocen la responsabilidad directa de la Administración expropiante del pago del justiprecio al expropiado cuando el beneficiario/concesionario se declara en concurso de acreedores. La argumentación jurídica de las resoluciones de los dos Tribunales tiene el mismo punto de partida pero luego difiere en cuanto a su argumentación jurídica.

El punto de partida común es la relevancia constitucional del pago del justiprecio como garantía del respeto del derecho de propiedad del expropiado. De forma especialmente taxativa lo afirma el TSJ de Castilla La-Mancha: “la indemnización que debe percibir el expropiado, en sustitución del bien que le es arrebatado por razón del interés público y utilidad social, se convierte en una GARANTÍA CONSTITUCIONAL, EN UN DERECHO SIN EL CUAL NO SE JUSTIFICA LA INTROMISIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS, y desde luego ajeno a cualesquiera avatares derivados del procedimiento elegido por la Administración para la llevar a cabo la expropiación , de la intervención de una Concesionaria o de la insolvencia de ésta”.

Partiendo de esta garantía constitucional, que singulariza el crédito del expropiado respecto de los demás acreedores del concesionario, los pronunciamientos objeto de análisis divergen en cuanto a la causa por la que estiman que la Administración debe responder directamente del impago.

Las Sentencias del TSJ de Castilla-La Mancha lo fundamentan en la especificidad del vínculo existente entre la Administración expropiante y el beneficiario/concesionario, caracterizada a su juicio porque:

  1. La Administración adquiere la propiedad del bien expropiado (conforme a la Ley 6/1972, de Construcción, Conservación y Explotación de Autopistas en régimen de concesión, los bienes y derechos expropiados que quedan afectados a la concesión se incorporarán al dominio público del Estado desde su ocupación y pago), por lo que su condición de beneficiario del concesionario lo es siempre compartida con la propia Administración. Por ello, de no concurrir el pago como título válido para adquirir el dominio de los bienes, la Administración “incurre en enriquecimiento injusto ya que el despojo del propietario se traduce en un lucro sin derecho alguno que lo justifique”.
  2. Como corolario forzoso de lo anterior, “la Concesionaria es (…) un “vicario”, un mandado elegido por la Administración; y los propietarios expropiados ante el incumplimiento del mandado en el pago de los justiprecios, se dirigen al mandante , sin que éste pueda rehuir su obligación de pagar en defecto de aquél justificándolo al amparo de una situación concursal”.

De estos dos argumentos, el TSJ de Castilla-La Mancha deduce una suerte de responsabilidad subsidiaria de pago de la Administración expropiante ante la insolvencia —ya sea definitiva o provisional—del concesionario, en virtud de la cual le compete “satisfacer el justiprecio y reclamar a su “vicaria” lo que corresponda, como consecuencia de la relación de Concesión administrativa o en el Concurso de acreedores si se subroga”.

En cambio, el Auto del TSJ de Madrid fundamenta el deber de pago del justiprecio a la Administración en el instituto general de la responsabilidad patrimonial y sin atender, al menos en principio, a la especificidad del vínculo existente entre la Administración expropiante y el beneficiario/concesionario. Se trata, por ello, de una construcción con mayor vocación de generalidad, que podría hacerse extensible a otro tipo de expropiaciones si llegara a consolidarse jurisprudencialmente.

El Auto destaca así la consagración constitucional de la responsabilidad patrimonial de la Administración y recuerda que, conforme a la jurisprudencia, la expresión servicio público hay que interpretarla en un sentido amplio, como toda actuación, gestión o actividad propia de la función administrativa, incluso por la omisión o pasividad cuando la Administración tiene el deber de comportarse de modo determinado, siendo esta responsabilidad objetiva o por resultado.

En consecuencia, considera que “la Administración, titular de la potestad expropiatoria conforme al artículo 2 de la Ley de Expropiación Forzosa, y el artículo 3 del Reglamento es garante de que el procedimiento termine con el pago del justiprecio en el plazo señalado. Y si bien es cierto que el artículo 5 del Reglamento de Expropiación impone la obligación de pago al beneficiario, ello no exime a la Administración de su responsabilidad patrimonial”. Se trataría, así, de un supuesto de responsabilidad objetiva de la Administración, en cuanto autoridad pública responsable de que el procedimiento termine con el pago del justiprecio en el plazo señalado. La Sala razona así que “no se concilia ni con el principio de legalidad, ni con el principio de responsabilidad jurídica que se han expuesto, el abocar al propietario de la finca expropiada y ocupada pero cuyo justiprecio no se ha satisfecho a someterse a la incertidumbre de un procedimiento concursal, ya que esto implicará que la Administración ha eludido con éxito su responsabilidad”.

Para reforzar tal afirmación se aducen varios argumentos, como la consolidada línea jurisprudencial que reconoce que la reversión es un derecho ejercitable frente a la Administración expropiante cualquiera que sea el beneficiario o actual titular de los bienes expropiados, admitiendo que el pago de la indemnización sustitutoria corresponde a la Administración expropiante cuando el beneficiario ha transmitido los bienes a un tercero (SSTS de 3 de mayo de 1990 y de 6 de abril y 21 de noviembre de 2005).

A ello añade, “a mayor abundamiento” pero sin que sea el argumento decisivo, el hecho de que los bienes y derechos expropiados que quedan afectados a la concesión se incorporan al dominio público del Estado desde su ocupación, por lo que de “no pagarse el justiprecio por la insolvencia de la concesionaria, que es la primera obligada al pago, estaríamos ante un claro supuesto de enriquecimiento injusto por parte de la Administración, la cual ya es dueña de la finca expropiada y ha permitido el beneficiario no page el justiprecio”.

El Auto tiene un voto particular en el que se señalan algunos de los flancos débiles de este pronunciamiento, entre los que destaca, a mi juicio, la inidoneidad de un procedimiento de ejecución de la Sentencia que declaró el justiprecio para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración. La propia Sala es consciente de ello, pero aduce razones de justicia material para hacer una interpretación del cauce procesal que permita otorgar al justiciable una tutela judicial efectiva, evitando la excesiva dilación que supondría iniciar un procedimiento administrativo y judicial independiente. (Sin embargo, como señala el voto particular, pretender que la tutela judicial efectiva se quiebra porque el interesado haya de seguir los cauces previsto en las leyes para obtener la efectividad de sus derechos no se compadece con la doctrina emanada de nuestros tribunales al interpretar este derecho).

Resulta indiscutible, en todo caso, que las resoluciones analizadas del TSJ de Castilla-La Mancha y del de Madrid abren una vía que permite mejorar extraordinariamente la posición del expropiado, al que se abre la posibilidad de reclamar el pago del justiprecio directamente a la Administración ante el concurso del beneficiario. Nótese, además, que en todas las resoluciones se entiende que el mero hecho de la declaración de concurso —sin necesidad siquiera de que se haya abierto la fase de liquidación— desencadena la responsabilidad de la Administración, haciendo por lo tanto equivalente la declaración de concurso a la imposibilidad de pago del beneficiario.