INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta sección es analizar las novedades legislativas más relevantes que han tenido lugar durante los últimos meses del año. Se ofrece de este modo al lector la posibilidad de hacer un seguimiento de los cambios operados en un entorno jurídico marcado por la constante innovación del legislador, para la adaptación a la persistente crisis económica.

Nuevamente, las nuevas normas promulgadas tienen el propósito de articular una reforma del sistema financiero y bancario español, para sanear la situación de las entidades financieras y permitir así la reactivación de la concesión de créditos.

En este sentido, la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, tiene una especial significación. En primer lugar, ha reforzado notablemente los poderes de intervención del FROB sobre las entidades financieras en situación de insolvencia. La intervención del FROB sobre estas entidades determina, en la práctica, que las mismas han quedado sujetas a un régimen especial en esta materia.

La otra medida principal en materia financiera la constituye el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos. Este Real Decreto ha configurado el régimen jurídico general de las sociedades de gestión de activos, y en particular de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria o SAREB, cuyo propósito es asumir los activos inmobiliarios tóxicos de las entidades financieras, para conseguir el saneamiento de sus balances. A este respecto, también debe hacerse referencia a la Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, que desarrolla las obligaciones de las entidades financieras y del FROB en este proceso de reestructuración del patrimonio inmobiliario.

Frente a este primer grupo de disposiciones, el legislador ha introducido otras normas que han actuado como medidas de choque ante problemas inmediatos derivados de la crisis económica.

En este sentido, es relevante el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que suspende de manera inmediata y por un plazo de dos años los desahucios de las personas que se encuentran en una situación de riesgo de exclusión. Se trata claramente de una medida reactiva frente al gran aumento en el número de desahucios, sin que, de momento, se prevea un cambio en el régimen general del sistema hipotecario español.

En el mismo sentido podemos referirnos a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Esta norma ha previsto un incremento sistemático en el importe de las tasas judiciales, sin duda con el objetivo de mejorar la situación presupuestaria de la Justicia. Sin embargo, la principal novedad es que las personas físicas, hasta ahora exentas, han pasado a ser sujetos pasivos de la tasa.

POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Mediante esta Orden se regulan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria. Se persigue potenciar el principio de transparencia como base del funcionamiento de las Administraciones Públicas con el fin de obtener una información coordinada, comparable y fiable que permita realizar un seguimiento más riguroso de su situación económica y financiera en aras a mejorar la credibilidad y confianza en la economía española.

Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero.

Esta Ley establece diversas medidas para fomentar el saneamiento y la venta de los activos inmobiliarios del sector financiero. Entre ellas destacan (i) la obligación para las entidades de crédito de solicitar apoyo financiero público a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) cuando así lo determine el Banco de España en función de la solvencia de dichas entidades; (ii) la constitución de sociedades de capital a las que las entidades de crédito deberán aportar todos los inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas relacionadas con el suelo para la promoción inmobiliaria y con las construcciones o promociones inmobiliarias siendo imprescindible garantizar que su valoración resulte ajustada a la realidad del mercado así como la profesionalización de la gestión de estas sociedades; y (iii) la garantía de neutralidad fiscal para las operaciones que se realicen en la constitución de las sociedades para la gestión de activos.

Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.

La aprobación de esta Ley se enmarca en el programa de asistencia a España para la recapitalización del sector financiero por parte del Eurogrupo.

La Ley establece, en primer lugar, el régimen de reestructuración y resolución de entidades de crédito, reforzando los poderes de intervención del FROB. Asimismo, se modifica su estructura organizativa para evitar conflictos de interés generados por la participación del sector privado en la Comisión rectora, a través del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

La Ley prevé también la posibilidad de constituir una sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, que se encargue de la gestión de aquellos activos problemáticos que deban serle transferidos por las entidades de crédito.

Asimismo, la Ley ha querido modificar los requerimientos y la definición de capital principal con los que deben cumplir tanto los grupos consolidables de entidades de crédito como las entidades no integradas en un grupo consolidable, estableciéndose un único requisito del 9% de las exposiciones ponderadas por riesgo que deben cumplir a partir del 1 de enero de 2013.

El conjunto de medidas previsto en esta Ley tiene como objetivo ultimo facilitar el saneamiento financiero, dotando a las autoridades públicas españolas de instrumentos eficientes para garantizar el correcto funcionamiento del sector crediticio.

Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos.

El Real Decreto es el complemento a la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, por lo que desarrolla las previsiones que ésta estableció en materia de sociedades de gestión de activos.

La norma establece que al transmitir los activos a las sociedades de gestión de activos, se produzca una traslación efectiva de los riesgos vinculados a estos activos y se minimice el uso de recursos públicos.

Asimismo, el Real Decreto contempla ciertos criterios para los derechos de crédito y bienes inmuebles, que serán utilizados por el FROB para definir las categorías de activos que serán objeto de transmisión. Así, el Banco de España podrá ampliar estos criterios, y resolverá las dudas sobre la inclusión de un activo dentro de las categorías definidas por el FROB. Por tanto, una vez realizados los ajustes de valoración y determinado el valor de transmisión por el Banco de España, el FROB ordenará la definitiva transmisión de los activos.

MERCANTIL Y BANCARIO

Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.

El objeto fundamental del Real Decreto consiste en suspender de manera inmediata y por un plazo de dos años los desahucios de quienes se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión.

Esta medida, con carácter excepcional y temporal, afectará a cualquier proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria por el cual se adjudique al acreedor la vivienda habitual de personas pertenecientes a los colectivos que cumplan estos requisitos: (i) deberán ser familias numerosas, familias monoparentales con dos hijos a cargo, familias que tengan un menor de tres años o algún miembro discapacitado o dependiente o en las que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones sociales o, finalmente, las víctimas de violencia de género; y (ii) los ingresos familiares no podrán superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

Además, es necesario que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.

Finalmente, es de destacar que este Real Decreto contiene un mandato al Gobierno para que emprenda inmediatamente las medidas necesarias para impulsar la constitución de un fondo social de viviendas destinado a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario.

Circular 7/2012, de 30 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre requerimientos mínimos de capital principal.

El Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, modificó los requerimientos de capital principal para los grupos consolidables de entidades de crédito y para las entidades de crédito no integradas en un grupo consolidable, que puedan captar fondos reembolsables del público.

Por su parte, la Ley 9/2012 ha transformado los requisitos del 8 % de capital principal establecido con carácter general y del 10 % fijado para las entidades con difícil acceso a los mercados de capitales y para las que predomine la financiación mayorista, en un requisito único del 9 % aplicable a partir del 1 de enero de 2013.

Para dar cumplimiento a todo ello, esta circular relaciona los instrumentos computables que han de integrar la definición de capital principal, así como la forma en que han de computarse y los requisitos de su emisión y, en particular, los de los instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles.

FISCAL

Ley 12/2012, de 26 de septiembre, de medidas tributarias para la reducción del déficit de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

El objetivo de la Ley es reducir el déficit de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y para ello, se articula en dos capítulos.

El capítulo I contempla los tributos cedidos: (i) impuesto sobre la renta de las personas físicas, donde se regula una nueva deducción autonómica para gastos en primas de seguros individuales de salud;

(ii) impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en el que se regula el tipo de gravamen aplicable a las transmisiones onerosas de determinados bienes muebles; (iii) impuesto sobre la venta minorista de determinados hidrocarburos, donde por primera vez se regula en las Illes Balears el tipo de gravamen autonómico respecto de las gasolinas, el gasóleo de uso general, el fuel-oil y el queroseno de uso general; y (iv) el impuesto especial sobre determinados medios de transporte, donde se regula también por primera vez en las Illes Balears el tipo de gravamen de este impuesto, pero sólo para los medios de transporte que emiten más CO2.

El capítulo II regula normas de gestión. En particular se establecen determinadas especialidades del procedimiento de tasación pericial contradictoria y la exoneración de la obligación de presentar las escrituras de cancelación hipotecaria por parte de los sujetos pasivos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

Esta Ley tiene por objeto la prevención y lucha contra el fraude fiscal mediante una serie de medidas de amplio alcance y recorrido. Se prevén medidas novedosas dirigidas contra aquellos nichos de fraude que comprenden las detracciones de ingresos públicos más significativas, así como medidas dirigidas a mejorar y clarificar las normas existentes que garantizan el crédito tributario, todo ello en aras a reforzar la coherencia del sistema de prevención y lucha contra el fraude.

Entre estas medidas destacan: (i) la posibilidad de adoptar medidas cautelares en relación con supuestos de presuntos delitos contra la Hacienda Pública; (ii) la limitación de pagos en efectivo; y (iii) el establecimiento de determinadas obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

Real Decreto 1558/2012, de 15 de noviembre, por el que se adaptan las normas de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a la normativa comunitaria e internacional en materia de asistencia mutua, se establecen obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, y se modifica el reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, aprobado por Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre.

El objetivo principal del presente Real Decreto es llevar a cabo la transposición de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad.

Además, se efectúa el desarrollo reglamentario de los preceptos legales relativos a la asistencia mutua, en su momento incorporados a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que así lo necesitan.

Asimismo, el Real Decreto también incorpora modificaciones en materia de obligaciones de información, ligadas al ámbito internacional, por cuanto se refieren a la información que habrá de suministrarse por los obligados tributarios en relación con determinados bienes o derechos situados en el extranjero.

Por último, a través de este Real Decreto se modifica el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa para superar determinadas dificultades surgidas en la ejecución de los acuerdos internacionales alcanzados en dichos procedimientos.

SECTORES REGULADOS

Ley Foral 18/2012, de 19 de octubre, sobre la complementación de las prestaciones farmacéuticas en la Comunidad Foral de Navarra.

El objetivo de esta Ley es desarrollar el ordenamiento básico para permitir a la Comunidad Foral consolidar sus propias directrices de política sanitaria. Se lleva a cabo, así, una complementación del estatus prestacional básico estatal.

LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL

Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.

Este Real Decreto prevé diversas medidas en aras a la consecución de un objetivo múltiple marcado por las relevantes modificaciones recientemente operadas tanto en los procedimientos de extinción colectiva de contratos de trabajo como en los de suspensión de contratos y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción o derivadas de fuerza mayor. Este objetivo múltiple persigue:

  1. Adecuar los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada a la reforma del Estatuto de Trabajadores que supone el paso de un procedimiento estrictamente administrativo a un procedimiento consistente en la negociación de un periodo de consultas entre la empresa y los representantes de los trabajadores en relación con las mencionadas medidas laborales.
  2. Garantizar la efectividad del periodo de consultas de los procedimientos por parte de la autoridad laboral, cuyas funciones también tenderán a facilitar la actuación de las distintas partes implicadas en aras a solucionar los problemas derivados de las medidas laborales a adoptar.
  3. Determinar la información que la empresa deberá suministrar a los representantes de los trabajadores en relación con las causas que originan el procedimiento.
  4. Regular el plan de recolocación externa de los procedimientos de despido colectivo previsto como medio para fomentar una transición ágil y efectiva entre empleos.
  5. Establecer las peculiaridades del procedimiento del despido en el sector público y específicamente en el ámbito de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional vigésima del Estatuto de los Trabajadores.

Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre, sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años.

Mediante este Real Decreto se regula el procedimiento para la liquidación y el pago de las aportaciones, incorporando aquellos aspectos instrumentales y las cuestiones técnicas necesarias para que los órganos competentes puedan liquidar y recaudar el pago de las mismas con el objeto de adecuarlo a las exigencias derivadas del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que trae causa de dicho Real Decreto-ley.

Ambas normas modificaron la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social, cuya disposición adicional decimosexta establece la obligación de efectuar aportaciones económicas al Tesoro Público por parte de las empresas que efectuaran despidos colectivos que afectaran a trabajadores de cincuenta o más años, cuando en tales despidos concurrieran una serie de circunstancias.

En este contexto adquieren especial importancia las disposiciones de derecho transitorio previstas en el Real Decreto analizado, en virtud de las cuales serán de aplicación los requisitos y límites legales establecidos en dicha disposición final decimosexta recientemente modificada a los despidos colectivos iniciados con posterioridad al 27 de abril de 2011 con el fin de determinar la procedencia del pago de la aportación y su cuantía.

Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.

Mediante el presente Real Decreto-ley se fija un nuevo límite en la disposición de activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y se autoriza, durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014, la disposición del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, a medida que vayan surgiendo necesidades, hasta un importe máximo equivalente al déficit presupuestario de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

Asimismo, el Real Decreto-ley tiene también como finalidad proceder a la concesión de suplementos de crédito para la cobertura de (i) obligaciones del Servicio Público de Empleo Estatal correspondientes a gastos de prestaciones por desempleo; (ii) compensación de la disminución de recaudación producida en las cotizaciones por desempleo y formación profesional; y (iii) gastos derivados del programa de recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten su prestación por desempleo.

MEDIO AMBIENTE

Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.

El objetivo de la presente Ley es la simplificación administrativa en materia de medio ambiente, eliminando aquellos mecanismos de intervención que por su propia complejidad resulten ineficaces o impongan demoras difíciles de soportar para los ciudadanos y dificultades de gestión para las Administraciones públicas.

Esta Ley incorpora medidas que incentivan, como mecanismo potestativo, la transformación de los derechos de aprovechamiento privados de aguas a derechos concesionales, con el objetivo, entre otros, de facilitar y mejorar la gestión de episodios meteorológicos e hidrológicos desfavorables. Asimismo, la Ley refuerza también la potestad sancionadora en materia de aguas.

COMERCIO

Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid.

Esta Ley tiene por objeto potenciar la iniciativa empresarial como medio necesario para generar inversión y empleo en la Comunidad de Madrid. Se prevén determinadas medidas administrativas con el fin de dinamizar la actividad comercial minorista, determinados servicios y la actividad desarrollada en determinadas oficinas previstas expresamente.

Estas medidas administrativas son, principalmente, (i) la supresión de las preceptivas licencias urbanísticas de modo que la ejecución de obras y el ejercicio de actividades puedan iniciarse con la presentación de la declaración responsable en virtud de la cual se acredite el cumplimiento de los requisitos legales; y (ii) el establecimiento de la plena libertad de apertura de los establecimientos comerciales de modo que sean los comerciantes quienes determinen libremente los días festivos de apertura en los que ejercerán su actividad.

Ley 6/2012, de 24 de octubre, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Comercial y la Eliminación de Cargas Administrativas.

Esta Ley tiene por objeto principal fomentar la actividad comercial mediante la supresión de cargas administrativas en la Comunidad Valenciana. Esta Ley prevé (i) un procedimiento más ágil para el inicio y el ejercicio de la actividad comercial; (ii) la eliminación de los registros comerciales; y (iii) la simplificación del procedimiento administrativo para la implantación, ampliación y modificación sustancial de establecimientos comerciales de impacto territorial.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

La presente Ley amplía sustancialmente tanto los hechos imponibles de la tasa en el ámbito de la Administración de Justicia, como los sujetos pasivos, que ahora alcanzan no sólo a las personas jurídicas, sino también a las personas físicas.

Al mismo tiempo, la Ley prevé la exención subjetiva de aquellos a quienes se les reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita, al igual que se prevé para el deudor que solicita su concurso, el Ministerio Fiscal, las Administraciones Públicas y las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

También esta Ley amplía su aplicación al orden social, pero sólo en lo que a los recursos de suplicación y casación se refiere y prevé una tasa de menor cuantía cuando el demandante que presente aquellos recursos sea el trabajador tanto por cuenta ajena como autónomo.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

El presente Real Decreto tiene por objeto regular (i) el procedimiento y los criterios objetivos para la determinación de la cuantía anual de la compensación equitativa por copia privada tomando como base el perjuicio causado; y (ii) el procedimiento de liquidación y pago a los perceptores de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, el presente Real Decreto establece un procedimiento ad hoc de concesión de entregas a cuenta de la compensación equitativa por copia privada correspondiente al ejercicio 2012.