1. A comienzos de 1998, un periódico español de gran tirada publicó en su edición impresa dos anuncios relativos a una subasta de inmuebles relacionada con un embargo derivado de deudas a la Seguridad Social. Se mencionaba al interesado como propietario de éstos. En un momento posterior, la editorial puso a disposición del público una versión electrónica del periódico online. En noviembre de 2009, el interesado contactó con la editorial del periódico afirmando que, cuando introducía su nombre y apellidos en el motor de búsqueda de Google, aparecía la referencia a varias páginas del periódico que incluían los anuncios de la mencionada subasta de inmuebles. Alegó que el embargo estaba solucionado y resuelto desde hacía años y carecía de relevancia en aquel momento. La editorial le respondió que no procedía la cancelación de sus datos, dado que la publicación se había realizado por orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En febrero de 2010, el interesado remitió escrito a Google Spain solicitando que al introducir su nombre y apellidos en el motor de búsqueda en Internet de Google no aparecieran en los resultados de búsqueda enlaces a ese periódico. Google Spain le remitió a Google Inc., con domicilio social en California, Estados Unidos, por entender que ésta era la empresa que presta el servicio de búsqueda en Internet. En consecuencia, el interesado interpuso una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) solicitando que se exigiese a la editorial eliminar o modificar la publicación para que no apareciesen sus datos personales, o utilizar las herramientas facilitadas por los motores de búsqueda para proteger sus datos personales. También solicitaba que se exigiese a Google España o a Google que eliminaran u ocultaran sus datos para que dejaran de incluirse en sus resultados de búsqueda y ofrecer los enlaces al periódico.

Mediante resolución de 30 de julio de 2010, el Director de la AEPD estimó la reclamación formulada por el interesado contra Google Spain y Google Inc., instándoles a adoptar las medidas necesarias para retirar los datos de su índice e imposibilitar el acceso futuro a los mismos, pero desestimó la reclamación contra la editorial porque la publicación de los datos en la prensa tenía justificación legal. Google Spain y Google Inc. interpusieron recursos ante la Audiencia Nacional en los que solicitaban la nulidad de la resolución de la AEPD. El órgano judicial planteó determinadas preguntas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asunto C-131/12). El pasado 25 de junio de 2013, el Abogado General del Tribunal ha presentado sus conclusiones en este asunto.

  1. La primera cuestión planteada por la Audiencia Nacional se refería al ámbito de aplicación de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. La tesis mantenida por Google ante la AEPD es que la actividad de su motor de búsqueda no está sometida a dicha Directiva ya que la empresa responsable de dicha actividad es Google Inc., cuya sede social se encuentra en los Estados Unidos. El artículo 4.1 de la Directiva dispone que los Estados miembros aplicarán las disposiciones nacionales que haya aprobado para la aplicación de la presente Directiva a todo tratamiento de datos personales cuando: a) el tratamiento sea efectuado en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento en el territorio del Estado miembro; b) el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio del Estado miembro, sino en un lugar en que se aplica su legislación nacional en virtud del Derecho internacional público; c) el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Comunidad y recurra, para el tratamiento de datos personales, a medios, automatizados o no, situados en el territorio de dicho Estado miembro, salvo en caso de que dichos medios se utilicen solamente con fines de tránsito por el territorio de la Comunidad Europea. En el caso controvertido, se trataba de saber si Google Inc. es una empresa con establecimiento en el territorio español.  

El Abogado General concluye que se lleva a cabo tratamiento de datos personales en el marco de las actividades de un “establecimiento” del responsable del tratamiento cuando la empresa que provee el motor de búsqueda establece en un Estado miembro, con el fin de promover y vender espacios publicitarios en su motor de búsqueda, una oficina o una filial que orienta su actividad hacia los habitantes de dicho Estado. Eso es lo que sucede en el caso analizado, en donde Google Spain, S.L. opera como filial de Google Inc. con esa finalidad.  

  1. Sentada la sujeción de Google Inc. a la normativa europea de protección de datos personales, el segundo grupo de preguntas de la Audiencia Nacional tenía que ver con las consecuencias que se derivan de dicha sujeción, es decir, con la existencia de un “tratamiento” de datos y de un “responsable” de dicho tratamiento, en el sentido que estos términos tienen en las leyes europeas sobre la materia. El artículo 2, letra b), de la Directiva entiende por “tratamiento de datos personales” o, abreviadamente, “tratamiento”, cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, organización, conservación, elaboración o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción. Por su parte, la letra d) de ese mismo artículo 2 considera que es “responsable del tratamiento” la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que sólo o conjuntamente con otros determine los fines y los medios del tratamiento de datos personales; en caso de que los fines y los medios del tratamiento estén determinados por disposiciones legislativas o reglamentarias nacionales o comunitarias, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrán ser fijados por el Derecho nacional o comunitario. En su proyección al caso analizado, la Audiencia Nacional interrogaba si podía considerarse que Google realizaba un “tratamiento” de datos personales mediante la actividad desarrollada por su motor de búsqueda, y, en caso de respuesta positiva, si cabía entender que Google era el “responsable” de dicho tratamiento. El Abogado General responde de manera positiva a la primera pregunta, pero negativa a la segunda.  

En su opinión, un proveedor de servicios de motor de búsqueda en Internet cuyo motor de búsqueda localiza información publicada o incluida en Internet por terceros, la indexa automáticamente, la almacena con carácter temporal y, por último, la pone a disposición de los usuarios de Internet, “trata” datos personales, en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 95/46 cuando esta información contiene datos personales. Sin embargo, no se puede considerar al proveedor de servicios “responsable del tratamiento” de tales datos personales, en el sentido del artículo 2, letra d), de la Directiva 95/46, a excepción de los contenidos del índice de su motor de búsqueda, siempre que el proveedor del servicio no indexe o archive datos personales en contra de las instrucciones o las peticiones del editor de la página web.  

  1. Finalmente, la última cuestión planteada por la Audiencia Nacional versaba sobre el comúnmente denominado “derecho al olvido”, que se relaciona con los derechos de cancelación y/o oposición al tratamiento de datos personales. El artículo 12, letra b), de la Directiva garantiza a todos los interesados el derecho a obtener del responsable del tratamiento “la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos cuyo tratamiento no se ajuste a las disposiciones de la presente Directiva, en particular a causa del carácter incompleto o inexacto de los datos”. Por su parte, el artículo 14, letra a), reconoce a todo interesado el derecho de oponerse, “en cualquier momento y por razones legítimas propias de su situación particular, a que los datos que le conciernan sean objeto de tratamiento, salvo cuando la legislación nacional disponga otra cosa”. La Audiencia Nacional interrogaba al Tribunal de Luxemburgo si esos preceptos comprenden que el interesado pueda dirigirse frente al buscador para impedir la indexación de la información referida a su persona, publicada en páginas web de terceros, amparándose en su voluntad de que la misma no sea conocida por los internautas cuando considere que puede perjudicarle o desea que sea olvidada, aunque se trate de una información publicada lícitamente por terceros.  

El Abogado General propone al Tribunal que responda esta pregunta en el sentido de que los derechos de cancelación y bloqueo de datos, establecidos en el artículo 12, letra b), y el derecho de oposición, establecido en el artículo 14, letra a), de la Directiva 95/46, no confieren al interesado el derecho a dirigirse a un proveedor de servicios de motor de búsqueda para impedir que se indexe información que le afecta personalmente, publicada legalmente en páginas web de terceros, invocando su deseo de que los usuarios de Internet no conozcan tal información si considera que le es perjudicial o desea que se condene al olvido.