Se exponen brevemente los posibles obstáculos a la ejecución de la resolución (sentencia o decreto del letrado de la Administración de Justicia) que pone fin al procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial de gananciales y se ofrecen los criterios para su superación. 

1.ª ¿Es la sentencia que pone fin al procedimiento con oposición un título ejecutivo?

La respuesta debe ser afirmativa: el proceso de ejecución es el cauce adecuado para la efectividad de una sentencia que, previa desestimación de la oposición que se haya formulado, aprueba las operaciones divisorias.

A primera vista, parece que se trata de una sentencia de naturaleza declarativo-constitutiva, por lo que estaría excluida de la ejecución propia (arts. 517.2-1.º LEC): «No se despachará ejecución de las sentencias meramente declarativas ni de las constitutivas», dice el artículo 521.1. Sin embargo, ha repetido la jurisprudencia que la definición del contenido y naturaleza de los pronunciamientos de una sentencia no debe ceñirse a los términos literales del fallo, como si la utilización del término condena fuese inexcusable para entender producida ésta. Por el contrario, habrá de estarse a una interpretación integradora del fallo para poder concretar si realmente la sentencia contiene o no la imposición de una obligación determinada a cargo de una de las partes en favor de la otra (vide, por ejemplo, la STS de 19 de diciembre del 2001). Y esto es lo que ocurre en el caso que analizamos, en el que no se puede desconocer que el fallo contiene implícito también un pronunciamiento de condena, tal y como se deduce del artículo 788.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), aplicable al proceso de liquidación de bienes gananciales por la remisión efectuada en el artículo 810.5 del mismo cuerpo legal: «Aprobadas definitivamente las particiones, el secretario judicial procederá a entregar a cada uno de los interesados lo que en ellas le haya sido adjudicado y los títulos de propiedad…». Si lo que debe entregar se encuentra en poder de una de las partes y ésta se niega a ponerlo a su disposición, la vía no puede ser otra que la ejecutiva; no, obviamente, frente al letrado de la Administración de Justicia obligado a entregar («procederá a entregar») según el precepto, sino frente a la parte que se niega a poner el bien a disposición del secretario para que éste lo entregue. Y a tal fin, podrán acordarse cuantas medidas sean necesarias (entrega de bienes y de los correspondientes títulos de propiedad, abono de cantidades, etcétera) dentro del tipo de ejecución (dineraria o no dineraria) que resulte procedente.

Si la vía ejecutiva es la adecuada, no hay que excluir la ejecución provisional de la sentencia pendiente de recurso de apelación porque, admitido que contiene pronunciamientos de condena susceptibles de ejecución definitiva, no concurre ninguna de las excepciones a la posibilidad de la provisional previstas en el artículo 525 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

2.ª. ¿Supone un obstáculo a la posibilidad de ejecución la naturaleza sumaria del proceso?

La respuesta debe ser negativa por expreso mandato legal. En efecto, dispone el artículo 787.5, II, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable también por la remisión contenida en el artículo 810.5, antes vista: «La sentencia que recaiga se llevará a efecto con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente (art. 788.1, que antes veíamos), pero no tendrá eficacia de cosa juzgada, pudiendo los interesados hacer valer los derechos que crean corresponderles sobre los bienes adjudicados en el juicio ordinario que corresponda». Los problemas que puede plantear el precepto en cuestión son de otra naturaleza y en ellos no me puedo detener ahora: si se aplica sólo a la fase de liquidación o también a la previa de inventario (vide art. 809.2 LEC), cuál es el ámbito del juicio declarativo posterior, etcétera.

En lo que ahora interesa, la cuestión más relevante será la incidencia en la ejecución —definitiva o provisional— de la sentencia de la incoación del juicio declarativo posterior y, en concreto, si puede provocar la suspensión de aquélla. La respuesta debe ser negativa: «Sólo se suspenderá la ejecución —dice el artículo 565.1 LEC— en los casos en que la ley lo ordene de modo expreso, o así lo acuerden todas las partes personadas en la ejecución»; y esta norma expresa no se contiene en los preceptos siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil reguladores de casos en que procede la suspensión ni tampoco en los artículos 806 y siguientes, relativos al procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial que estamos considerando.

3.ª ¿Y si existe conformidad de las partes sobre las operaciones divisorias?

El procedimiento legal para la liquidación del régimen económico matrimonial tiene carácter supletorio cuando no existe acuerdo entre las partes (vide art. 789 LEC, aplicable por la remisión del art. 810.5). Éstas podrán también, dentro del procedimiento (la comparecencia ante el letrado de la Administración de Justicia), alcanzar un acuerdo o mostrar su conformidad, expresa o tácita, con las operaciones divisorias realizadas por la contraria (art. 810.3 y 4 LEC). En tales casos, dice el artículo 810.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, «se consignará éste (el acuerdo) en el acta y se dará por concluido el acto, llevándose a efecto lo acordado conforme a lo previsto en los dos primeros apartados del artículo 788 de esta ley». Es decir, se reconoce a dicho acto la eficacia ejecutiva de una transacción homologada.

Por su parte, si no se logra el acuerdo en alguna de las formas vistas, «se procederá, mediante diligencia, al nombramiento de contador […], continuando la tramitación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 785 y siguientes». Por lo tanto, será aplicable el artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prevé la oposición o la conformidad de las partes a las operaciones divisorias efectuadas por el contador. En este último caso (conformidad), dice el artículo 787.2: «el secretario judicial dictará decreto aprobando las operaciones divisorias, mandando protocolizarlas». Es decir, en tal caso, el decreto del letrado de la Administración de Justicia sustituye a la sentencia del juez.

La cuestión que se plantea es si dicho decreto es también un título ejecutivo, y la respuesta —me parece— tiene que ser afirmativa, al amparo del artículo 517.2-9.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siquiera no pueda desconocerse que es un título ejecutivo peculiar, tal y como se recoge en el Auto de la Audiencia Provincial de Cantabria, Sección Segunda, de 23 de enero del 2017 (JUR 2017\143890). Dice el auto:

[E]ntendemos (en línea con el Auto de la Audiencia Provincial de León de 5 de noviembre del 2008) que el decreto aprobatorio de las operaciones, ante la falta de oposición o la conformidad de las partes, es un título que implica el mandato previsto en el artículo 788.1 LEC, en cuanto que «[a]probadas definitivamente las particiones se procederá a entregar a cada uno de los interesados lo que en ellas le haya sido adjudicado», mandato que ha de estimarse ejecutivo («se procederá a entregar»>) o con una indudable fuerza ejecutiva. No obstante ello, cierto es que, por su propia naturaleza, el decreto que aprueba las operaciones nace de la conformidad presunta —en cuanto que no expresada a través de una transacción o acuerdo que permita su homologación— derivada de no oponerse y forzar el incidente contencioso previsto en el artículo 787 LEC, lo que implica  ciertamente, a pesar de no ser un título de origen contractual porque nace de la ley, que más que ser considerado como una resolución procesal o arbitral de condena, de acuerdo con el artículo 556 LEC para limitar las causas de oposición (en cuanto que no es ni una sentencia de condena firme, ni un laudo o resolución arbitral o un acuerdo de mediación, ni siquiera una resolución judicial que apruebe u homologue una transacción o acuerdo alcanzado en el proceso, ex artículo 517.2.1.º, 2.º y 3.º LEC), constituye una resolución procesal, no judicial, en cuanto que es dictada por un letrado de la Administración de Justicia, que por disposición legal lleva aparejada ejecución (art. 517.2-9.º LEC), de manera que se abre el abanico de las causas de oposición a las previstas en el artículo 557 LEC.