1. Introducción

En julio de 2016, la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”), en la resolución del expediente IO-001-2013, decidió retirar el beneficio de la inmunidad a un agente económico a quien previamente había reconocido como el segundo solicitante de inmunidad en dicho expediente (con los derechos y obligaciones que este estatus conlleva) y que durante la sustanciación del procedimiento seguido en forma de juicio[1] decidió oponer excepciones y defensas en contra de la acusación hecha por la COFECE.

De acuerdo a la resolución del expediente IO-001-2013, el beneficio de la inmunidad le fue retirado al segundo solicitante toda vez que, a consideración de la COFECE, éste había incumplido su obligación de cooperar en forma plena y continua con la COFECE en la sustanciación de la investigación y durante en el procedimiento seguido en forma de juicio, como el artículo 33 bis 3[2] de la ya abrogada Ley Federal de Competencia Económica de 1992 (“LFCE”).

Lo anterior, con base en el hecho de que el segundo solicitado había realizado ciertas manifestaciones  encaminadas a desestimar la jurisdicción de la COFECE para oír y resolver el caso, en virtud de que las conductas objeto de la investigación y de la acusación habían sido llevadas a cabo en el extranjero y estimaba que no existía un vínculo lo suficientemente fuerte para sostener que la COFECE tenía jurisdicción para sancionarlo. Es importante mencionar que el segundo solicitante en ningún momento negó su participación en la realización de las conductas en el extranjero ni desestimó las pruebas, información y demás elementos que él había proporcionado a la COFECE en el marco del programa de inmunidad y durante la sustanciación de la investigación.

Así las cosas, la COFECE, utilizando una definición de cooperación del Diccionario de la Real Academia Española (y no la definición contenida en su propia Guía del Programa de Inmunidad y Reducción de Sanciones), junto con una interpretación limitada sobre los alcances de la obligación de cooperación plena y continua durante el procedimiento seguido en forma de juicio, decidió retirar el beneficio de la inmunidad al segundo solicitante por haber ejercido su derecho de audiencia.

El 5 de agosto de 2016, el segundo solicitante, sintiéndose agraviado por la determinación de la COFECE respecto al retiro del beneficio de la inmunidad, interpuso una demanda de amparo ante el Primer Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, especializado en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión (el “Juzgado de Distrito”).

Dentro de la demanda de amparo, el segundo solicitante demandó, entre otros, (i) la inconstitucionalidad del artículo 33 bis 3 de la LFCE, al considerar que los adjetivos “plena y continua” calificativos de la cooperación del agente económico durante la sustanciación del procedimiento de investigación y sancionatorio eran vagos y la interpretación de su alcance se encontraba plenamente al arbitrio de la COFECE, violando así los principios de seguridad jurídica y aplicación exacta de la ley, y (ii) la protección de la justicia federal en contra determinación de la COFECE de retirarle el beneficio de la inmunidad por haber dado contestación al Oficio de Probable Responsabilidad pues dicha resolución contravenía ilegalmente el  derecho constitucional de audiencia y al debido proceso contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales.

2. Resolución del juicio de amparo

Mediante sentencia dictada en fecha 31 de marzo de 2017 el Juzgado de Distrito resolvió lo siguiente en cuanto a los puntos anteriormente mencionados:

  • Inconstitucionalidad del artículo 33 bis 3. El Juzgado de Distrito resolvió que la interpretación y alcances de los vocablos “pleno” y “continuo” son los calificativos en sí del elemento que la COFECE debía evaluar, es decir la cooperación que un agente económico debe tener frente a la COFECE para formar parte del programa de inmunidad. Por lo tanto, la calificación de la forma en la que se tiene que dar la cooperación no fue dejada al arbitrio de la autoridad pues ésta tenía que ser plena y continua. Por dichas razones, decidió negar el amparo y la protección de la Justicia Federal al segundo solicitante.

 

  • Retiro del beneficio de la inmunidad. El Juzgado de Distrito consideró fundados y suficientes los argumentos del segundo solicitante toda vez que “la razón toral por la que fue retirado el beneficio [de inmunidad], fue el hecho de que [el segundo solicitante] al ejercer su garantía de audiencia, opuso defensas y excepciones en el escrito de contestación al oficio de probable responsabilidad y en el de alegatos formulado en el procedimiento sancionatorio.”

 

De esta manera se reconoció nuevamente que, por principio general de derecho, el ejercicio del derecho de audiencia y de defensa no puede surtir efectos en contra de quien lo ejerce y menos aun cuando dichos derechos de ejercen en el momento procesal oportuno para hacerlos.

 

Adicionalmente, es relevante mencionar que el Juzgado de Distrito se apoyó en la Jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se establece que “el derecho de audiencia se compone de todas aquellas formalidades esenciales de un procedimiento que, previamente a un acto privativo, garantizan una defensa adecuada y oportuna.” Es decir (i) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas; (iii) oportunidad de alegar; y, (iv) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

 

Por lo anterior, al haberse opuesto dichas excepciones y defensas en el momento procesal oportuno, en ejercicio de un derecho constitucionalmente protegido, como es el derecho de audiencia, el segundo solicitante se encontraba en su derecho de expresar libremente lo que en su derecho conviniera, inclusive si con eso buscaba controvertir la jurisdicción de la autoridad para sancionarlo. Es decir, lo anterior no debió haber sido interpretado por la COFECE como una violación a la obligación de cooperación plena y continua en términos del artículo 33 bis 3 de la LFCE.

 

3. Amparo en Revisión

Inconformes (en parte) con la sentencia emitida por el Juzgado de Distrito,  tanto el segundo solicitante como la COFECE interpusieron sus respectivos recursos de revisión ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Telecomunicaciones y Radiodifusión (el “Tribunal”).

  • Inconstitucionalidad del artículo 33 bis 3

Respecto a la inconstitucionalidad planteada del artículo 33 bis 3 en cuanto al alcance e interpretación de los vocablos “plena” y “continua”, el 21 de diciembre de 2017, el Tribunal se declaró incompetente para resolver el asunto de fondo y lo envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la “SCJN”) para su resolución.

El Presidente de la SCJN determinó que ésta asumiría su competencia originaria para conocer de los recursos de revisión interpuestos y turnó el asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz para su estudio en la Primera Sala.

En sentencia dictada el 22 de agosto de 2018, la Primera Sala de la SCJN resolvió que el artículo 33 bis 3 de la LFCE era acorde al texto constitucional derivado del hecho de que la indefinición normativa de los términos plena y continua no produce inseguridad jurídica ni mucho menos propicia la arbitrariedad de la COFECE. Lo anterior en virtud de:

  • Si bien la claridad en las leyes constituye uno de los principios básicos para evitar la confusión y contradicción en las leyes, la omisión de definir todos los vocablos que en ellas se utilizan no puede ser argumentado como violaciones al texto constitucional, pues la falta de su definición no condiciona la validez de las mismas. Máxime cuando la constitución prevé la interpretación legislativa y judicial de las leyes.
  • El artículo 33 bis 3, fracción II no deja lugar a dudas en torno a qué debe interpretarse por cooperación plena y continua cuando se atiende meramente a su significado literal.
  • La aplicación individualización de la norma contenida en el artículo 33 bis 3, fracción II puede ser impugnada vía judicial, y por lo tanto dichos preceptos no propician la arbitrariedad de la COFECE.

Con base en los anteriores argumentos, la Primera Sala de la SCJN resolvió confirmar la resolución dictada por el Juzgado de Distrito respecto a la constitucionalidad del artículo 33 bis 3 de la LFCE.[3]

 

  • Retiro del beneficio de la inmunidad.

La revisión de la decisión del Juzgado de Distrito relativa al retiro del beneficio de la inmunidad fue resuelta por el Tribunal mediante sentencia de fecha 26 de septiembre de 2019.

Tras el análisis de la sentencia del Juicio de Amparo y los argumentos vertidos por la COFECE y por el segundo solicitante en sus respectivos recursos de revisión, el Tribunal decidió confirmar la resolución del Juzgado de Distrito con base en los siguientes argumentos:[4]

  • El derecho de audiencia no puede ser limitado o desconocido por el hecho de que el agente económico imputado mediante el oficio de probable responsabilidad sea  parte de un procedimiento de reducción de sanciones, pues dicho derecho es un derecho constitucionalmente protegido por los artículos 14 y 16 constitucionales.
  • El que el segundo solicitante haya manifestado que la COFECE carecía de jurisdicción para sancionarlo, no puede ser interpretado como una violación a la obligación de cooperar plena y continuamente con la autoridad durante la sustanciación del procedimiento seguido en forma de juicio.
  • La cooperación plena y continua implica el reconocimiento de los hechos que el solicitante de inmunidad hizo saber a la COFECE (y que fueron utilizados por la COFECE para imputarlo) y los cuales no fueron negados por el segundo solicitante en ningún momento.
  • La Guía el Programa de Inmunidad y Reducción de Sanciones, no obstante no ser un documento vinculante, no prevé como una violación a la obligación de cooperación plena y continua el formular argumento para defenderse de la probable responsabilidad.

En virtud de lo anterior, el Tribunal otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal para efectos al quejoso y ordenó a la COFECE emitir una nueva resolución en donde se reconozca y se respete  la inmunidad otorgada al segundo solicitante de inmunidad en el expediente IO-001-2013.