El pasado viernes 19 de octubre el Consejo de Ministros presentó e informó el Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre Servicios Digitales, cuyo principal objetivo es hacer frente a los retos que actualmente plantea la fiscalidad de la llamada «economía digital». 

El Consejo de Ministros presentó e informó el pasado viernes 19 de octubre el Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre Servicios Digitales junto con el Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras y el Anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que se enmarcan dentro de los Presupuestos Generales del Estado, pendientes de aprobación por el Parlamento español.

De acuerdo con la exposición de motivos del anteproyecto que nos ocupa, las actuales normas fiscales, nacionales e internacionales, no fueron pensadas para hacer frente a modelos de negocio basados en «activos intangibles, datos y conocimientos», encontrándonos en la actualidad con los problemas que genera la llamada «economía digital».

Con objeto de solucionar los problemas que origina especialmente la desconexión existente entre el lugar donde se genera el valor y el lugar de tributación, a nivel internacional se ha efectuado un proceso de revisión normativa que concluyó el pasado 21 de marzo del 2018 con la presentación por parte de la Comisión Europea de la Propuesta de Directiva relativa al sistema común del impuesto sobre los servicios digitales. Su objetivo es someter a gravamen los ingresos procedentes de la prestación de determinados servicios digitales para alcanzar una imposición justa y eficaz de la economía digital.

En este contexto, en el ámbito nacional y ante la presión social y las necesidades de justicia tributaria y sostenibilidad del sistema tributario, el anteproyecto se adelanta a las futuras conclusiones de la Unión Europea aclarando en su exposición de motivos que en todo momento la regulación se adapta al contenido de la propuesta de directiva, además de tener carácter «provisional» hasta que finalmente se adopte una solución definitiva a nivel europeo.

El anteproyecto, advirtiendo de la falta de adecuación de la normativa reguladora del impuesto sobre sociedades (imposición directa) para someter a gravamen la economía digital, configura un impuesto sobre determinados servicios digitales de naturaleza indirecta compatible con el impuesto sobre el valor añadido (IVA) con la pretensión de gravar las prestaciones de servicios digitales en las que intervengan «usuarios» situados en territorio español.

Pues bien, el impuesto se limita a gravar los «servicios digitales» que se corresponden con las tres siguientes categorías:

1) Servicios de publicidad en línea: inclusión, en una interfaz digital, de publicidad dirigida a los usuarios de dicha interfaz.

2) Servicios de intermediación en línea: puesta a disposición de interfaces digitales multifacéticas que permitan a sus usuarios localizar a otros usuarios e interactuar con ellos o incluso facilitar entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre esos usuarios. 

3) Servicios de transmisión de datos: transmisión de datos recopilados acerca de los usuarios que hayan sido generados por actividades desarrolladas por estos últimos en las interfaces digitales.

En consonancia con la fundamentación de este nuevo impuesto, se regulan también supuestos de no sujeción, entre los que se encuentran —entre otros— los siguientes: las entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes que tengan lugar entre los usuarios en el marco de servicios de intermediación en línea, las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través del sitio web del proveedor de esos bienes o servicios en las que el proveedor no actúa en calidad de intermediario y las prestaciones de servicios de transmisión de datos, cuando las lleve a cabo un centro de negociación, un internalizador sistemático o un proveedor de un servicio de financiación participativa regulado.

Los contribuyentes de este impuesto serán las empresas con un importe neto de su cifra de negocios superior a los 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los 3 millones de euros en España (umbrales que deberán aplicarse al grupo, en su caso). Estas cuantías ayudan a garantizar que sólo se grave a las empresas de «gran envergadura», así como a limitar la aplicación del impuesto a casos en que exista una huella digital significativa en el territorio.

La base imponible del impuesto estará constituida por los ingresos (excluido el impuesto sobre el valor añadido u otros impuestos equivalentes en su caso) obtenidos por el contribuyente en cada una de las prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto realizadas en territorio español (en el caso de entidades del mismo grupo, la base imponible será el valor de mercado), estableciéndose reglas especiales en función del tipo de «servicio digital».

En cuanto al lugar de realización de las prestaciones de servicios digitales, el anteproyecto las considera efectuadas en territorio español cuando algún usuario esté situado en este ámbito territorial, con independencia de que éste haya satisfecho o no alguna contraprestación. Por ejemplo, en el caso de los servicios de publicidad en línea, se entenderá que el usuario está situado en territorio de aplicación del impuesto cuando en el momento en que la publicidad aparezca en su dispositivo, éste se encuentre en dicho ámbito territorial.

Por lo que atañe al tipo impositivo que se aplicará sobre la base imponible, éste será del 3 %; el impuesto se devengará cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas, estableciéndose la anticipación del impuesto en caso de haberse producido pagos anteriores a la realización del hecho imponible. 

Por lo que atañe al régimen sancionador, además de remitirse al regulado con carácter general en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el anteproyecto establece uno especial, calificando de grave la infracción traducida en el falseamiento u ocultación del lugar determinante de realización de las prestaciones de servicios digitales.

Por último, además de destacar que la competencia de este impuesto será estatal y su liquidación trimestral, es importante precisar que el anteproyecto establece que la ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y que tendrá carácter provisional hasta que se incorpore al ordenamiento jurídico la futura directiva de la Unión Europea.