El Ministerio de Economía ha convocado una consulta pública sobre la transposición al ordenamiento español de las disposiciones de la Directiva 2019/11, con la que se pretende dotar a las autoridades de competencia de los Estados miembros de medios para aplicar más eficazmente las normas de competencia (la "Directiva"), aprobada el pasado mes de enero de 2019, que estará abierta hasta el 8 de septiembre de 2019.

El principal objetivo de la Directiva es la implantación de una serie de medidas que garanticen la independencia de las Autoridades Nacionales de Competencia ("ANC") y les doten de los recursos y las competencias necesarias para la aplicación de las normas de defensa de la competencia de manera unitaria y eficaz en los diferentes Estados miembros.

La transposición al ordenamiento español del contenido de la Directiva supondrá la modificación de la normativa de defensa de la competencia en España, que viene recogida fundamentalmente en dos leyes: la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Además de la inclusión al ordenamiento español de las novedades de la Directiva 2019/1, el texto de la consulta pública abre la puerta a la inclusión de otros elementos que no están previstos en la Directiva pero que "podrían considerarse convenientes conforme al espíritu y a los objetivos de la misma". Esto lleva a pensar que el Ministerio de Economía pretende atender a las peticiones realizadas en los últimos tiempos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ("CNMC") y aprovechar esta revisión normativa para introducir elementos que no se encuentran previstos en la Directiva 2019/1, como puede ser la introducción de los acuerdos de settlement (esto es, acuerdos por los que las partes investigadas admiten los cargos a cambio de una reducción en el importe de las multas).Los aspectos innovadores de la Directiva 2019/1 que, según el texto de la consulta pública, se pretenden incorporar al ordenamiento español están relacionados con el incremento del límite máximo de las sanciones, la introducción de nuevas facultades de inspección y el tratamiento de la prescripción de las conductas que afecten a diferentes Estados miembros:

  • Una de las novedades que introduce la Directiva, y que se pretende incorporar al ordenamiento español, es otorgar potestad a las ANC para poder establecer prioridades en la aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ("TFUE"), de manera que las ANC puedan desestimar aquellas denuncias que, a su juicio, no presenten una especial relevancia para la aplicación del Derecho de la Competencia, de tal modo que no precisen de ninguna actividad de investigación por parte del organismo de regulación.
  • Otra de las novedades de la Directiva que impactará en la normativa española de competencia es la posibilidad de que las ANC puedan realizar entrevistas a cualquier representante de una empresa o asociación de empresas en aquellos supuestos en que puedan estar en posesión de información relevante para la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE. Se prevé también la posibilidad de imponer multas coercitivas a quienes no comparezcan a estas entrevistas.
  • La Directiva 2019/1 también incluye previsiones en relación con la cuantía de las multas. Así, se prevé que las ANC puedan imponer a las empresas o asociaciones que infrinjan los artículos 101 y 102 del TFUE una multa máxima que no podrá ser inferior al 10% del total del volumen de negocios mundial obtenido por la empresa o asociación sancionada en el ejercicio social anterior a aquel en que se dicte la decisión sancionadora.En consecuencia, la transposición de la Directiva al ordenamiento español supondrá el incremento del límite máximo de las multas a imponer por la realización de las siguientes conductas, que hasta ahora son sancionadas con multas máximas de hasta el 5% del volumen de negocios total de la empresa infractora: (i) la adopción de acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas, prácticas concertadas o conscientemente paralelas entre empresas que no sean competidoras entre sí, reales o potenciales (es decir, los denominados acuerdos verticales); y (ii) el abuso de posición de dominio que no tenga la consideración de muy grave.
  • En relación con la imposición de multas, la transposición de la Directiva 2019/1 implicará la introducción en el ordenamiento español de la interrupción de los plazos de prescripción para la imposición de multas por las ANC mientras dure el procedimiento iniciado por la ANC de otro Estado miembro con respecto a una infracción relativa a la misma práctica prohibida por los artículos 101 y 102 del TFUE. La suspensión del plazo de prescripción comenzaría a computarse a partir de la notificación de la primera medida de investigación formal a, al menos, una de las empresas que hayan participado en la infracción, siendo de aplicación a todas ellas, y finalizaría el día en que la ANC correspondiente adoptase una decisión.
  • La transposición de la Directiva 2019/1 también supondrá la revisión y refuerzo del régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses del personal y de los órganos de decisión de la CNMC, así como el refuerzo de la cooperación entre las ANC, incluyendo la asistencia mutua para la recaudación de las multas.