(Asunto C-591/14)

([Incumplimiento de Estado - Ayudas de Estado - Decisión 2011/678/UE - Ayuda de Estado en favor de la financiación para la detección de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) en los animales de la especie bovina - Ayuda incompatible con el mercado interior - Obligación de recuperación - No ejecución])

(2017/C 382/03)

Fallo

1) Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 288 TFUE, párrafo cuarto, y de los artículos 2 a 4 de la Decisión 2011/678/UE de la Comisión, de 27 de julio de 2011, relativa a la ayuda estatal en favor de la financiación para la detección de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) en los animales de la especie bovina, aplicada por Bélgica [ayuda de Estado C 44/08 (ex NN 45/04)], al no haber adoptado todas las medidas necesarias para recuperar de los beneficiarios las ayudas de Estado declaradas ilegales e incompatibles con el mercado interior por el artículo l, apartados 3 y 4, de dicha Decisión y al no haber informado a la Comisión Europea de las medidas tomadas para atenerse a ella.

2) Condenar en costas al Reino de Bélgica.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 13 de septiembre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Udine — Italia) — procedimiento penal contra Giorgio Fidenato, Leandro Taboga, Luciano Taboga

(Asunto C-111/16) (1) ([«Procedimiento prejudicial - Agricultura - Alimentos y piensos modificados genéticamente - Medidas de emergencia - Medida nacional que tiene por objeto prohibir el cultivo del maíz modificado genéticamente MON 810 - Mantenimiento o renovación de la medida - Reglamento (CE) n.o 1829/2003 - Artículo 34 - Reglamento (CE) n.o 178/2002 - Artículos 53 y 54 - Requisitos para su aplicación - Principio de cautela])

(2017/C 382/18)

Fallo

1) El artículo 34 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, en relación con el artículo 53 del Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, debe interpretarse en el sentido de que la Comisión Europea no está obligada a adoptar medidas de emergencia con arreglo a este último artículo cuando un Estado miembro la informa oficialmente, en virtud del artículo 54, apartado 1, de este último Reglamento, de la necesidad de adoptar esas medidas, si no es evidente que un producto autorizado por el Reglamento n.o 1829/2003 o de acuerdo con lo dispuesto en él pueda constituir un riesgo grave para la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente.

2) El artículo 34 del Reglamento n.o 1829/2003, en relación con el artículo 54 del Reglamento n.o 178/2002, debe interpretarse en el sentido de que, tras haber informado oficialmente a la Comisión Europea de la necesidad de recurrir a medidas de emergencia y cuando ésta no haya actuado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento n.o 178/2002, un Estado miembro puede, por un lado, adoptar tales medidas a escala nacional y, por otro, mantenerlas o renovarlas, mientras la Comisión no haya adoptado una decisión, en virtud del artículo 54, apartado 2, de este último Reglamento, que imponga su ampliación, modificación o derogación.

3) El artículo 34 del Reglamento n.o 1829/2003, en relación con el principio de cautela tal como se enuncia en el artículo 7 del Reglamento n.o 178/2002, debe interpretarse en el sentido de que no confiere a los Estados miembros la facultad de adoptar, con arreglo al artículo 54 del Reglamento n.o 178/2002, medidas de emergencia provisionales basándose únicamente en dicho principio si no se cumplen los requisitos sustanciales establecidos en el artículo 34 del Reglamento n.o 1829/2003. 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 20 de septiembre de 2017 — Tilly — Sabco SAS/Comisión Europea, Doux SA

(Asunto C-183/16 P)

([Recurso de casación - Agricultura - Carne de aves de corral - Pollos enteros congelados - Restituciones a la exportación - Reglamento de Ejecución (UE) n.o 689/2013 por el que se fija una restitución de importe 0 euros - Legalidad - Reglamento (CE) n.o 1234/2007 - Artículos 162 y 164 - Objeto y naturaleza de las restituciones - Criterios para la fijación de su importe - Competencia del director general de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural para firmar el Reglamento controvertido - Desviación de poder - «Comitología» - Reglamento (UE) n.o 182/2011 - Artículo 3, apartado 3 - Consulta con el Comité de Gestión de la Organización Común de Mercados Agrícolas - Entrega del proyecto de Reglamento de Ejecución una vez comenzada la reunión de dicho comité - Cumplimiento de los plazos - Vicios sustanciales de forma - Anulación con mantenimiento de los efectos])

(2017/C 382/22)

Fallo

1) Anular la sentencia del Tribunal General de 14 de enero de 2016, Tilly-Sabco/Comisión (T-397/13, EU:T:2016:8).

2) Anular el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 689/2013 de la Comisión, de 18 de julio de 2013, por el que se fijan las restituciones por exportación en el sector de la carne de aves de corral.

3) Mantener los efectos del Reglamento de Ejecución n.o 689/2013 hasta la entrada en vigor de un nuevo acto destinado a sustituirlo.

4) Condenar en costas a la Comisión Europea.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 14 de noviembre de 2017 (*)

«Procedimiento prejudicial — Política agrícola común — Artículo 42 TFUE — Reglamento (CE) n.º 2200/96 — Reglamento (CE) n.º 1182/2007 — Reglamento (CE) n.º 1234/2007 — Prácticas contrarias a la competencia — Artículo 101 TFUE — Reglamento n.º 26 — Reglamento (CE)

n.º 1184/2006 — Organizaciones de productores — Asociaciones de organizaciones de productores — Misiones de estas organizaciones y asociaciones —.

Práctica de fijación de precios mínimos de venta — Práctica de concertación sobre las cantidades comercializadas — Práctica de intercambio de información estratégica — Mercado francés de las endibias».

En el asunto C-671/15, el artículo 101 TFUE, en relación con el artículo 2 del Reglamento n.º 26 del Consejo, de 4 de abril de 1962, sobre aplicación de determinadas normas sobre la competencia a la producción y al comercio de productos agrícolas, con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 2200/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas, con el artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 1184/2006 del Consejo, de 24 de julio de 2006,

sobre aplicación de determinadas normas sobre la competencia a la producción y al comercio de determinados productos agrícolas, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1182/2007 del Consejo, de 26 de septiembre de 2007, por el que se establecen disposiciones específicas con respecto al sector de las frutas y hortalizas, se modifican las Directivas 2001/112/CE y 2001/113/CE y los Reglamentos (CEE) n.º 827/68, (CE) n.º 2200/96, (CE) n.º 2201/96, (CE) n.º 2826/2000, (CE) n.º 1782/2003 y (CE) n.º 318/2006, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2202/96, y con los artículos 122, párrafo primero, 175 y 176 del Reglamento n.º 1234/2007, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 491/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, debe interpretarse en el sentido de que:

— Las prácticas que tengan por objeto la fijación colectiva de precios mínimos de venta, una concertación relativa a las cantidades comercializadas o el intercambio de información estratégica, como las controvertidas en el litigio principal, no pueden sustraerse a la prohibición de las prácticas colusorias establecida en el artículo 101 TFUE, apartado 1, cuando se convengan entre diferentes organizaciones de productores o asociaciones de organizaciones de productores o con entidades no reconocidas por un Estado miembro para la consecución de un objetivo definido por el legislador de la Unión Europea en el marco de la organización común del mercado considerado, tales como las organizaciones profesionales que no disponen del estatuto de organización de productores, de asociación de organizaciones de productores o de organización interprofesional conforme a la normativa de la Unión Europea.

— Las prácticas que tengan por objeto una concertación relativa a los precios o a las cantidades comercializadas o el intercambio de información estratégica, como las controvertidas en el litigio principal, sí pueden sustraerse a la prohibición de las prácticas colusorias establecida en el artículo 101 TFUE, apartado 1, cuando se convengan entre miembros de una misma organización de productores o de una misma asociación de organizaciones de productores que haya sido reconocida por un Estado miembro y sean estrictamente necesarias para la consecución del objetivo u objetivos asignados a la organización de productores o la asociación de organizaciones de productores de que se trate con arreglo a la normativa de la Unión Europea.