Se prevé la creación de un nuevo impuesto indirecto, el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, que consistiría en la aplicación de un gravamen del 0,2% sobre las adquisiciones onerosas de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.

En principio, esta medida sólo afectaría a acciones emitidas en España, cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros, e independientemente de la residencia las personas intervinientes en la operación de compra o del lugar en el que las acciones se negocien.

A estos efectos, el sujeto pasivo sería el intermediador financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición, siendo indiferente que actúe por cuenta propia o de un tercero.