Los nuevos modelos de negocios, enmarcados dentro de nuevos conceptos de la economía colaborativa, están haciendo que los gobiernos alrededor del mundo tengan que reconsiderar los marcos normativos, bajo los cuales se realizan negocios. Las leyes deben adaptarse a estas nuevas maneras en que el sector privado se desarrolla, pues simplemente no aplican para los nuevos modelos.

En Costa Rica los casos de Uber y Airbnb han estado en discusión desde hace algún tiempo. En el caso de Uber el servicio, en nuestro criterio, sigue siendo legal, por cuanto es un servicio no regulado y además a nivel constitucional se establece la libertad de empresa. Durante el mes de febrero se dieron discusiones a nivel de la Sala Constitucional relacionadas con el transporte remunerado de personas, que erróneamente se creía iban a solventar la falta del marco regulatorio.

Otro ejemplo de esta situación es el caso de Airbnb, que ha mantenido conversaciones constantes desde finales del año pasado con el Gobierno de Costa Rica, para lograr un acuerdo sobre el pago de impuestos sobre los servicios que brindan; se espera que en el corto plazo salgan nuevos reglamentos sobre el tema.

Los avances tecnológicos que hacen posibles estás nuevas maneras de hacer negocios siguen desarrollándose; en corto y mediano plazo veremos cambios en normativas, que permitan regular estos modelos para que los usuarios puedan continuar aprovechando estos avances tecnológicos tendientes a facilitarles el día a día.