El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León resuelve el recurso de suplicación planteado por un trabajador frente a la sentencia de instancia que, aunque declaró nulo su despido, no apreció la existencia de “fraude de ley en perjuicio de los trabajadores” ni tampoco condenó solidariamente a las empresas codemandadas a asumir las consecuencias de tal nulidad.

Como veremos, el Tribunal defiende una visión exigente del fraude de ley, que ha de quedar contundentemente acreditado en todos sus elementos configuradores.

Hechos relevantes

Los acontecimientos que interesan transcurren a lo largo de 2012 y pueden sintetizarse como sigue:

En julio Editorial Aranzadi S.A. adquirió la totali- dad de las participaciones sociales de Corporación Lex Nova S.L., constando que la primera no esta- ba interesada en una de las empresas del grupo: Grafolex S.L.U., dedicada a la actividad de artes gráficas, que, si bien era solvente, presentaba pér- didas. El trabajador venía prestando servicios en esta empresa desde 2003.

Unos meses antes de consumarse la adquisición por Aranzadi, Lex Nova vendió a un tercero, por un euro, la totalidad de sus participaciones en Grafolex. En oc- tubre, esta última llevó a cabo un despido colectivo de toda su plantilla que fue declarado nulo, y en diciem- bre despidió al trabajador por causas económicas, sin abonarle la indemnización correspondiente y debién- dole los salarios de los últimos dos meses.

Alegaciones del trabajador

El recurrente sostiene que la venta de Grafolex se realizó en fraude de ley, simplemente porque así lo exigía Aranzadi, respondiendo a la finalidad de perjudicar los derechos de los trabajadores. Sus- tenta semejante afirmación en lo que considera una serie de indicios de proceder fraudulento, que permitirían presumir su concurrencia. Los mismos se examinan más abajo.

Razonamiento judicial

  1. Doctrina general sobre el fraude de ley y su presunción

Para resolver el caso, el Tribunal recuerda la doctrina jurisprudencial en relación con el frau- de de ley1:

  • El fraude de ley no se prsume, sino que ha de acreditarse por quien lo invoca.
  • No obstante, se admite su acreditación tanto mediante pruebas directas como indirectas, encontrándose entre estas últimas la presunción judicial (hoy regulada en el art. 386 LEC), que opera cuando entre los hechos demostrados y el que se trata de deducir hay “un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano”.
  • Aunque en ocasiones se ha apreciado fraude de ley al margen del animus fraudandi y atendiendo sólo al resultado prohibido, la doctrina mayoritaria exige la concurrencia del elemento subjetivo, de modo que el fraude que define el art. 6.4 CC implica una conducta intencional de utilización desviada de la norma para la cobertura de un resultado antijurídico, separándose así de la mera infracción o incumplimiento 
  1. Análisis y descarte de indicios de fraude

Sentadas las pautas precedentes, el Tribunal examina los presuntos indicios de fraude alegados por el recurrente:

1.º) PAGO DE DIVIDENDOS: Grafolex se desprendió de más de 2 millones de euros en reservas mediante la fórmula de pago de dividendos, pero para el órgano juzgador esto no presupone la existencia de fraude, por los siguientes motivos:

  • sucedió en años previos a la venta de Lex Nova, sin que conste que por entonces existieran tratos con Aranzadi a estos efectos.
  • todas las empresas del Grupo, y no sólo Grafolex, repartieron dividendos.
  • el propio perito propuesto por el trabajador niega que este reparto fuera la causa de las pérdidas de Grafolex.

2.º) VENTA POR UN EURO: Siendo llamativo que Lex Nova se desprendiera de Grafolex por tan solo un euro, sin embargo las circunstancias del caso lo descartan como dato suficiente para presumir el fraude. El Tribunal razona que, dado que se trataba de una empresa “con pérdidas y en crisis”, su adquisición era muy arriesgada, lo que “justificaría el precio simbólico de la venta”.

3.º) Despido colectivo nulo: El trabajador alega que Grafolex “aparentó” el expediente extintivo, frente a lo que el órgano juzgador concluye que ello conlleva su declaración de nulidad, tal como sucedió, mas no es indicio de que su venta previa fuera fraudulenta.

4.º) Acuerdo para que Aranzadi no asumiera Grafolex: En la escritura de compraventa entre Lex Nova y Aranzadi consta que esta última no estaba interesada en adquirir aquella empresa ni se hacía responsable de eventuales reclamaciones de sus empleados. El Tribunal mantiene que semejantes acuerdos pueden ser válidos entre los contratantes aunque no lo sean frente a terceros, y que, en cualquier caso, no determinan que la venta de Grafolex fuera fraudulenta.

5.º) Incumplimiento de pacto para encargar pedidos a Grafolex: Lex Nova ofreció, mediante un contrato que no llegó a firmar, seguir cursándole pedidos a Grafolex tras desprenderse de ella. Pero el Tribunal considera que esto no esconde fraude alguno, pues, al margen de la falta de suscripción del contrato, Lex Nova “lo cumplió mientras pudo y las circunstancias lo permitieron”.

  1. Argumento de cierre: valoración del beneficioobtenido por quien burla la norma

Tras haber descartado uno a uno los presuntos indicios de venta fraudulenta de Grafolex, el Tribunal ofrece un razonamiento final, de orden lógico, para redondear su argumentación: la inexistencia de fraude se reforzaría atendiendo a que no queda claro cuál habría sido el beneficio obtenido por Lex Nova al acudir a la supuesta venta fraudulenta de Grafolex.

Ahora bien, paradójicamente, el Tribunal sustenta esta afirmación en una presunción judicial, pues, a su juicio, si Lex Nova no hubiera vendido esta empresa a un tercero, “se supone” que habría impulsado el despido de sus trabajadores, bien por causas económicas basadas en pérdidas, o bien por causas productivas debido al desinterés de Aranzadi en adquirirla. Y resulta que el monto total de las indemnizaciones mínimas legales que habrían debido abonarse en tal caso, coincide con el valor patrimonial de Grafolex, por lo que no se sustenta con claridad el beneficio que Lex Nova habría obtenido al dejar de aplicar las normas supuestamente burladas, que serían las relativas al despido por las causas dichas.

En función de todo lo anterior, el Tribunal concluye que no se acredita con la necesaria contundencia un ánimo defraudatorio, lo que conduce a la desestimación del recurso.