Las leyes actuales contra el lavado de activos y otros delitos relacionados en Centroamérica, Panamá y República Dominicana establecen medidas que, de acuerdo al nivel de riesgo, deben implementar las personas naturales o jurídicas que se dediquen a Actividades y Profesiones Financieras No designadas para prevenir ser utilizadas o participar directa o indirectamente en el delito de blanqueo de capitales.

A tal fin dichas leyes imponen la obligación a las empresas, firmas legales, y a los profesionales, como a los abogados y a los notarios, entre otros, de reportar determinadas transacciones y de llevar a cabo una debida diligencia de clientes actuales y potenciales.

Las diferentes leyes que aplican en la región se detallan a continuación por país. En Guatemala aplica la “Ley y reglamento Contra el lavado de dinero y otros activos” y la “Ley y reglamento para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo”, decreto 67-2001 y decreto 58-2005 respectivamente; en El Salvador aplica la “Ley contra el lavado de dinero y activos”, decreto 498-2015; en Honduras aplica la “Ley de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas”, Decreto 131-2014; en Nicaragua aplican: la Ley N° 793 Ley creadora de la Unidad de Análisis Financiero, el Decreto N° 07-2013 Reglamento a la Ley N° 793 y la Resolución N° UAF-N-007-2016 "Normativa de Inscripción de Instituciones Financieras y Actividades No Financieras en el Registro de Sujetos Obligados de la Unidad de Análisis Financiero";  en Costa Rica aplica la ley 8204 del 26 de diciembre 2001 y publicada en la Gaceta No. 08 del 11 de enero del 2002, por lo que según esta nueva Ley la Unidad de Análisis Financiero (UAF), pasa a ser una Unidad del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD); La Ley 8204 fue reformada mediante Ley 8719, del 04 de marzo del 2009, publicada en la Gaceta No. 52 del 16 de marzo del 2009, según esta modificación en adelante a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se le llamará Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).  A pesar de la última modificación la Ley seguirá conociéndose como Ley 8204; en Panamá son varias las disposiciones que han entrado en vigencia y que las empresas, entidades bancarias, firmas legales y abogados deben aplicar, como por ejemplo, las que se indican a continuación: La Ley 23 de 27 de abril de 2015 (Medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas y dicta otras disposiciones) crea la Intendencia de supervisión y regulación de sujetos no financieros.  El Acuerdo 307 del 24 de abril de 2015 (Registro Especial para la inscripción de abogados o firmas de abogados que actuaran como custodios de certificados emitidos al portador). Ley 2 de 1 de febrero de 2011 (Medidas de Conocer a tu Cliente para los agentes residentes). Ley 47 de 6 de agosto de 2013 (Régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador). La Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0009-2014 (Por medio de la cual establecen medidas para la identificación del verdadero propietario o beneficiario final de las sociedades anónimas/ Superintendencia de Bancos de Panamá). Ley 18 de 23 de abril de 2015 (la cual modifica la Ley 47 de 2013, y adopta un régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador). Acuerdo No. 005-2015 de 26 de mayo de 2015 (Superintendencia de Bancos de Panamá). Resolución No 002-2016 de 6 de enero de 2016 (MEF); en República Dominicana también aplica la obligatoriedad a los abogados y notarios de reportar las transacciones según lo indica la Ley No. 72-02 sobre lavado de activos provenientes de tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas y otras infracciones graves, de fecha 7 de junio de 2002 y el Reglamento No. 20-03 de aplicación de dicha ley; ley 196-11 y reciente ley 155-17.

En cuanto al reporte de transacciones, las leyes imponen la obligación a las empresas, las firmas legales, y a profesionales como abogados y Notarios, entre otros, de reportar las transacciones que realicen o se realicen ante sus oficios cuando superen los US$10,000 y aquellas transacciones que involucren la compraventa o el traspaso de bienes inmuebles y bienes muebles registrables o no registrables, tales como armas, piedras y metales preciosos, obras de arte, joyas, automóviles y los seguros, entre otros.

Respecto a la realización de las debidas diligencias a clientes actuales y potenciales, las firmas legales, empresas, los Abogados y Notarios, entre otros, deberán (a) identificar al cliente y verificar su identidad sobre la base de documentos, datos o informaciones obtenidas de fuentes fiables e independientes; (b) identificar y verificar a la persona que dice actuar en nombre del cliente y verificar que esté autorizada para hacerlo; (c)  identificar al beneficiario final y tomar las medidas razonables para verificar la identidad del beneficiario final usando la información pertinente o los datos obtenidos mediante fuentes confiables, de tal manera que el abogado y notario obtengan el conocimiento adecuado de quién es el beneficiario final;  (d) entender y, cuando corresponda, obtener información sobre el propósito y el carácter que se pretende dar a la relación comercial y financiera; (e) completar la verificación de la identificación del cliente de acuerdo al nivel de riesgo definido de conformidad a sus políticas y procedimientos.

Las sanciones por incumplimiento a las mencionadas leyes incluyen multas y reclusión de prisión de 4 a 20 años según el tipo de actuación que haya tenido el sujeto obligado en el o los delitos perseguidos por las leyes indicadas (por ejemplo: haber participado, haber adquirido, ser cómplice y/o haber asesorado).

Definitivamente las leyes en materia de prevención de lavado de activos y otros delitos dan las herramientas legales y elementales para que exista transparencia en la gestión diaria de las empresas, firmas legales y de las profesiones no financieras designadas como abogados y notarios, a la vez que destacan la importancia de conocer quiénes son sus clientes, contratistas y proveedores y contar con el respaldo de la información que necesitan tener.

Se torna fundamental que las empresas incluidas las firmas legales cuenten con un adecuado y supervisado Programa de Cumplimiento Normativo (o “Compliance” como se denomina en inglés) que diseñe los procedimientos necesarios que aseguren cumplir con la normativa interna como externa y que brindará mayor seguridad al hacer negocios en la región. 

CENTRAL LAW es una firma full-service que bajo la premisa “Your International Central American Firm” provee asesoría legal integral a empresas locales y multinacionales en el desarrollo de sus negocios en la región a través de un equipo de abogados expertos basados en los valores de la firma: ética, compromiso, especialización, trabajo en equipo y responsabilidad social.

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