El pasado 16 de julio se produjo, finalmente, la esperada votación del Senado estadounidense sobre el Protocolo modificativo del Convenio de Doble Imposición entre España y Estados Unidos, firmado en enero de 2013 y que finalmente surtirá efectos el próximo 27 de noviembre de 2019.

Uno podría preguntarse si la modificación del Convenio va a tener un impacto real en las inversiones entre estos dos países. En el caso español, las estadísticas oficiales para 2018 sobre inversiones exteriores directas muestran que los principales inversores extranjeros directos en España fueron Alemania (14.880 millones brutos), Luxemburgo (13.903 millones brutos) y los Países Bajos (6.017 millones brutos), mientras que Estados Unidos fue el octavo mayor inversor, con 984 millones de euros brutos.

Sin embargo, cuando esas estadísticas se analizan desde el punto de vista del inversor último, Estados Unidos resultó ser, no sólo el mayor inversor extranjero en España, con un total de 7.930 millones de inversión bruta en 2018, sino también el principal inversor a través de Luxemburgo (un 41% de la inversión directa desde este país tuvo como inversor último a un residente en Estados Unidos). En otras palabras, los inversores estadounidenses han venido invirtiendo en España fundamentalmente a través de sociedades interpuestas en otros países, principalmente Luxemburgo y los Países Bajos, que tradicionalmente han venido confiriendo unas garantías de estabilidad legal y fiscal muy favorables a los inversores internacionales.

A priori, pues, las modificaciones del Protocolo no deberían influir en la fiscalidad de las inversiones estadounidenses ya realizadas a través de estos países, que seguiría las disposiciones de los convenios de estos países con España y por las Directivas en materia fiscal de la Unión Europea.

La cuestión surge, precisamente, en relación con las Directivas, ya que España, al implementar las Directivas 2011/96/UE y 2003/49/CE (que establecen, respectivamente, exenciones en el pago de dividendos, así como de cánones entre empresas asociadas), ha incluido normas anti-abuso que impiden la aplicación de dichas exenciones en los pagos de dividendos y cánones a sociedades de la UE controladas por residentes fuera de la Unión Europea, ya que de por sí estos inversores últimos no tendrían acceso directo a las exenciones.

Dado que, desde la perspectiva española, la principal novedad del nuevo Protocolo es, precisamente, la introducción de exenciones para los pagos de dividendos, intereses y cánones a las inversiones directas de empresas estadounidenses, ello podría llevar a plantearse la aplicación de las normas anti-abuso antes mencionadas a partir de la entrada en vigor del nuevo Protocolo.