La sentencia del TJUE sobre la nulidad de cláusulas de vencimiento anticipado abusivas se hizo pública ayer (Asunto C‑421/14- [por favor, pulse en el enlace para acceder a la sentencia]). En términos generales, la sentencia establece lo siguiente:

  • Es el juez nacional quien debe resolver si una cláusula de vencimiento anticipado es abusiva en el contexto de contratos con consumidores, teniendo en cuenta el equilibrio entre las partes, incluyendo la posibilidad real del consumidor de evitar el vencimiento anticipado en relación al contrato en su conjunto (por ejemplo, en un contrato con un calendario de amortización que incluya un número importante de pagos parciales, puede ser abusivo que el impago de un solo plazo sea causa de vencimiento anticipado).
  • El juzgado debe examinar estas cláusulas y su carácter abusivo de oficio (incluso si no lo ha alegado el deudor, o si el acreedor no ha declarado el vencimiento anticipado en virtud de dichas cláusulas sino por otros motivos).
  • Si el juzgado considera que la cláusula es abusiva, la única consecuencia posible con arreglo a la Directiva 93/13/CEE es declararla nula y tenerla por no puesta en el contrato (pero no puede "interpretarse" cómo debería quedar en el contrato para que éste sobreviva).

Los puntos segundo y tercero anteriores son de una importancia crucial. Para que una cláusula de vencimiento anticipado dé acceso al procedimiento sumario de ejecución hipotecaria el artículo 693 LEC exige (i) que el pacto conste en el contrato y (ii) (desde 2013) que se produzca el impago de al menos tres plazos mensuales (o su equivalente). De este modo, la sentencia del TJUE supondría que, si una cláusula de vencimiento anticipado se declara abusiva, y debe tratarse como si nunca hubiera sido incorporada al contrato, el requisito (i) anterior no se daría, con lo que el acreedor podría no tener acceso al procedimiento de ejecución hipotecaria. En su lugar, tendría que acudir a un juicio ordinario para obtener una sentencia que declare el incumplimiento del deudor, y sólo entonces acudir a la ejecución si el deudor no cumpliera con dicha sentencia.

El Tribunal Supremo ya había resuelto recientemente (sentencias de 23 diciembre 2015 y 8 febrero 2016) que las cláusulas de vencimiento anticipado fundadas en un solo impago eran abusivas. Sin embargo, también había tratado de justificar que, en lugar de tenerlas por no puestas sin más, deberían interpretarse de acuerdo con el art. 693 LEC. De lo contrario, eso conllevaría que el acreedor no podría vencer anticipadamente el crédito, lo que supondría un desequilibrio muy sustancial entre las partes. La teoría que subyace al tratamiento de las cláusulas abusivas es que deben tenerse por no puestas – pero siempre que el contrato siga teniendo sentido sin ellas. En su sentencia de 18 febrero 2016, el Tribunal Supremo explicaba que, si la consecuencia del carácter abusivo de esta cláusula fuera necesariamente que quedase eliminada del contrato (en lugar de interpretar que quedaba sustituida por las previsiones del art. 693), eso supondría un cambio tan sustancial que los acreedores deberían poder exigir la nulidad del contrato sobre la base de la fractura absoluta que eso conllevaría en el equilibrio contractual. Esa nulidad conllevaría la restitución de prestaciones y, por tanto, de la totalidad de lo prestado (lo que supone que el deudor, a diferencia de lo que ocurre en supuestos de vencimiento anticipado, no podría enervar la acción poniéndose al día en los impagos anteriores o subsanando retrasos en el cumplimiento etc.).

Dicho de otro modo: el Tribunal Supremo ya había advertido que, si la Directiva 93/13/CEE debe interpretarse en el sentido de que la cláusula abusiva debe eliminarse sin más, las consecuencias para el mercado hipotecario podrían ser catastróficas. Y eso es, precisamente, lo que se desprende de la sentencia del TJUE de ayer: la cláusula debe eliminarse sin más, y no puede reemplazarse por lo previsto en el art. 693 LEC.

A la vista de lo anterior, y del impacto que podría tener esta sentencia en el mercado hipotecario (ratings de entidades financieras, titulizaciones, etc.), a la vista de las predicciones del Tribunal Supremo en las sentencias citadas anteriormente, lo esperable es que veamos una reforma legal próximamente que trate de dar solución a este asunto. Pero, mientras tanto, esta es la situación en la que nos encontramos.