El “Derecho de competencia” busca mantener la competencia en el mercado y regular conductas “anti –competitivas” de los comerciantes que ofrecen bienes y servicios determinados. Esta rama del Derecho se ha implementado en algunos ordenamientos jurídicos con el uso de normas de naturaleza pública y en algunos otros con normas de naturaleza privada. El objeto de regular esta materia es que la lucha entre los competidores se desenvuelva con lealtad y corrección.

Al igual que en la mayoría de países latinoamericanos el impacto de suscribir tratados internacionales ha generado en Guatemala, a nivel jurídico, la materialización de una buena cantidad de reformas de leyes específicas: las relacionadas con el comercio. La competencia está incluida en esas reformas. Tanto Guatemala como el resto de países centroamericanos han adquirido el compromiso de adoptar regulaciones desde la perspectiva del fortalecimiento y defensa de la libre competencia. 

Además de que existen razones legales, que vinculan a Guatemala para implementar el régimen legal local de Competencia y de que, en caso de no hacerlo, podrían acarrear demandas internacionales por incumplimiento de los tratados; existen también razones de relación económica y comercial con las fuentes de intercambio más importantes para Guatemala.

Por ello, en Guatemala se han presentado en los últimos años varias iniciativas de ley para regular la competencia. Las más analizadas en el medio guatemalteco tienen notas distintivas; sin embargo tienen algunos factores comunes: la creación de un órgano de supervisión de la Competencia en Guatemala; la creación de los procedimientos administrativos para su fiscalización y las infracciones, sanciones, multas y su prescripción.

La iniciativa 5074, que es la que, actualmente, está más avanzada en el proceso legislativo del Congreso de la República, cumple con esas características comunes y además, plantea como objetivos fundamentales: a) el incremento de la eficiencia económica del país mediante una competencia vigorosa entre los oferentes que operan en los mercados domésticos de bienes y servicios y b) mejorar el bienestar del consumidor mediante una oferta adecuada de bienes y servicios cada vez más competitivos en calidad y precio.

El compromiso de Guatemala consiste en tener elaborada la ley e introducirla al ordenamiento jurídico a más tardar a finales del presente año, por lo que se está a la espera de que el Congreso de la República apruebe la iniciativa lo antes posible.