El pasado 29 de mayo 2013, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo emitió la sentencia número 183-2013, mediante la cual declaró que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) no tiene competencia para la imposición de sanciones.

La decisión se produjo en ocasión de un recurso contencioso administrativo interpuesto por la empresa Propano y Derivados, S. A. (PROPAGAS) contra la resolución No. 284-2012, emitida por Pro Consumidor el 16 de julio 2012, en ocasión de un proceso administrativo contra PROPAGAS, empresa que fue condenada por Pro Consumidor al pago de una multa de cien salariaros mínimos del sector público, equivalentes a RD$511,750.00, por irregularidades en la venta de gas licuado de petróleo, tipificadas en los artículos 33 literal d), 105 literal c) numerales 3 y 4, 109 literal c) y 112 literal b) de la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario No. 358-05.

La sentencia la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo estuvo motivada en los argumentos siguientes:

“en ninguna parte de la Ley General de Protección a los Derechos del Consumidor o Usuario No. 358-05, se otorga como atribución a PRO CONSUMIDOR la posibilidad de imponer sanciones a raíz de la supuesta comprobación de las infracciones verificadas en el artículo 112 de dicha ley. Es decir que es la propia ley No. 358-05 la que ha establecido que en caso de una posible configuración de las citadas infracciones, será competencia del Juez de Paz disponer las sanciones de lugar, sin embargo, PRO CONSUMIDOR, con su actuación como en el caso de la especie, viola y lesiona el Principio de Separación de los Poderes Públicos, ya que inicia “un proceso de investigación, y concluye a su vez “sancionando al sujeto” con el pago de CIEN (100) salarios mínimos del sector público por concepto de multa…” (Párrafo XIV)

“…el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (PRO CONSUMIDOR) basa su decisión en el artículo 117 de la citada ley 358-05, el cual establece “La Dirección Ejecutiva de Pro Consumidor será la entidad competente para iniciar, de oficio o a denuncia de parte, la investigación por infracciones a la presente ley y/o disposiciones dictadas en o para su ejecución.” (Párrafo XIV)

“no es posible identificar en alguna parte del artículo descrito de forma precedente que el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (PRO CONSUMIDOR) tiene la facultad para imponer sanciones derivadas de las infracciones. Sin embargo el mismo sí otorga facultad a dicho organismo para iniciar las investigaciones, no así para imponer sanciones. Quedando demostrado con lo expuesto de manera precedente que la Resolución No. 284-2012, de fecha 16 del mes de julio del año 2012, rendida por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor y suscrita por la Licda. Altagracia Paulino Ureña, Directora Ejecutiva, como decisión administrativa, constituye una violación al Principio de Tutela Judicial efectiva y debido proceso al arrogarse PRO CONSUMIDOR facultades jurisdiccionales propias de los tribunales de justicia.” (Párrafo XV)

Esta decisión del Tribunal ha provocado la indignación de la Directora Ejecutiva de Pro Consumidor, que no obstante los fundamentos planteados por el Tribunal en su sentencia, insiste en que la Ley 358-05 sí le otorga a ese organismo facultad para sancionar a los infractores de la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario No. 358-05. Sin embargo, el fallo del Tribunal Superior Administrativo en este sentido era algo que desde hace tiempo se veía venir, pues la facultad sancionadora que invoca Pro Consumidor nunca ha estado reconocida en ninguna disposición legal. Basta un examen minucioso de la Ley 358-05 para apreciar que la misma no atribuye a Pro Consumidor la facultad para imponer sanciones, tal y como exige el principio de legalidad que rige en nuestro sistema.