Se presentó a inscripción escritura por la que se elevaron a público determinados acuerdos de aumento de capital de una sociedad de responsabilidad limitada. Los acuerdos fueron adoptados por unanimidad en dos juntas generales de carácter universal. Dicha escritura fue subsanada por otra otorgada ante notario distinto por un apoderado que actuó en virtud de las facultades que la habían sido conferidas en las referidas juntas y que comprendían «la ejecución y desarrollo de todos y cada uno de los acuerdos adoptados por la Junta, con las más amplias facultades legales, así como para la subsanación, en su caso, de las omisiones o errores de los referidos acuerdos, y su interpretación; también para realizar cuantos actos sean necesarios y otorgar cuantos documentos públicos y/o privados fueran precisos para su plena efectividad hasta lograr la inscripción en el Registro Mercantil». La subsanación se refería a diversos extremos de las certificaciones de los acuerdos de las referidas juntas universales.

El registrador mercantil resolvió no practicar la inscripción solicitada argumentado que, al consistir la subsanación en la rectificación del contenido de las certificaciones de acuerdos sociales unidas a la escritura subsanada, sólo puede efectuarla quien tenga facultad certificante, de la que carecía el apoderado que otorgó la escritura de subsanación. Mediante Resolución de 24 de abril de 2019 [JUR 2019\147435] la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) confirmó la calificación impugnada.

A estos efectos señaló:

(1) Los efectos que anuda la Ley a la inscripción registral de acuerdos sociales (singularmente la presunción de su exactitud y validez: art. 20 Código de Comercio) exigen el establecimiento de garantías de la existencia y contenido de esos acuerdos. Tales cautelas se traducen, esencialmente, en la restricción del conjunto de personas legitimadas para acreditar la existencia de los mismos y elevarlos, en su caso, a público y en la necesaria constancia registral de la identidad de tales personas.

(2) A este propósito hay que distinguir entre la persona legitimada para exteriorizar la voluntad social formada en el órgano correspondiente (es decir, para acreditar su existencia y contenido) y la persona llamada, en su caso, a formalizarla en escritura pública. Esta última facultad competería, prima facie, al órgano de representación social, (que podría actuar directamente o mediante apoderado con poder suficiente) por cuanto implica una manifestación de voluntad relativa a un negocio o acto preexistente que se enmarca en el ámbito de actuación externa de la compañía. Ahora bien, como demuestra el artículo 108 del Reglamento del Registro Mercantil (RRM) (que, entre otros, atribuye tal facultad al secretario del consejo, quien puede no ser administrador), la referida facultad no queda ligada exclusiva e inescindiblemente a la titularidad orgánica del poder de representación (RRDGRN 28 octubre 1998 [RJ 1998/8485] y 14 febrero 2018 [RJ 2018/604]). Sin embargo, cuando se trata de acreditar la existencia y el contenido de los acuerdos sociales se atribuye reglamentariamente competencia exclusiva al órgano de administración (o a personas que ostentan en él determinados cargos), sin posibilidad de encomendar la facultad certificante, ni siquiera para casos aislados, a un apoderado (cfr. art.109 RRM y RDGRN 15 enero 2004 [BOE núm. 59, de 9 de marzo]).

(3) En este sentido debe recordarse que, la certificación de los acuerdos sociales —siempre posterior a la adopción de éstos y mediante la cual se transcribe literalmente o se extracta el contenido del acta— deberá ser expedida bajo su responsabilidad por el órgano de administración (o por personas que ostenten determinados cargos en el mismo). El artículo 109 RRM, que establece los presupuestos subjetivos de la facultad de certificar, ha de ser aplicado con rigor y desde una interpretación estricta de tales requisitos (RDGRN 28 octubre 1998 [RJ 1998/8485]). Especialmente cuando se toma en consideración la especial trascendencia, erga omnes, de los asientos registrales, que gozan de la presunción de exactitud y validez (art. 20 Código de Comercio) y se hallan bajo la salvaguardia de los tribunales. Lo que lleva a exigir la máxima certeza jurídica de los documentos que tienen acceso al Registro (especialmente si la elevación a público se hace sobre la base de meros documentos privados, como las certificaciones), no sólo por lo que se refiere a la veracidad y exactitud del contenido de tales documentos, sino también en lo que respecta la legitimación para expedirlos.

(4) Finalmente, y atendiendo a la calificación del registrador y al objeto del recurso, la DGRN evita expresamente pronunciarse sobre la transcendencia de la circunstancia de que el apoderamiento concedido al otorgante de la escritura de subsanación hubiera sido conferido por la junta general y no por el órgano de administración.