La grabación propuesta como prueba para acreditar la procedencia del despido no puede ser tenida en cuenta al no haberse informado al trabajador previamente de la existencia de la cámara.

Juzgado de lo Social de Córdoba de fecha 20 de abril de 2018

La empresa notificó su despido disciplinario a la trabajadora demandante, con categoría profesional de cajera de hipermercado.

En la carta de despido se imputó a la trabajadora una falta de desobediencia y el incumplimiento de las normas higié- nico-sanitarias aplicables a manipuladores de alimentos, por consumir productos destinados a la venta al público durante la jornada laboral y sin abonar el importe correspondiente.

Concretamente, la carta de despido recogía lo siguiente: “Usted procedió a coger una empanada de mostrador, depositando seguidamente la misma en una mesa del mostrador. Posteriormente, durante aproximadamente los siguientes 12 minutos, y mientras se encontraba atendiendo a los clientes, usted procedió a consumir poco a poco la referida empanada (no habiendo abonado su precio en ningún momento), introduciendo sus dedos en la boca en varias ocasiones, para continuar manipulando alimentos sin haberse lavado las manos en ningún momento, tal y como le es exigible”.

A lo anterior debe añadirse que la trabajadora había estado en situación de Incapacidad Temporal por accidente no laboral, durante varios períodos de tiempo durante el mismo año del despido y el precedente. 

Además, se hizo un seguimiento de la conducta de la trabajadora a través de una cámara fija situada en el puesto de trabajo que fue instalada por el servicio de seguridad por órdenes de la empresa y sin previo aviso a la trabajadora.

El Juzgado de lo Social considera que la prueba de reproducción del vídeo en que se sustenta la empresa para acreditar los reproches que son motivo del despido disciplinario no soporta el juicio de constitucionalidad. Para ello, hace referencia a la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional y del TEDH. De este último tribunal, destaca la sentencia de 9 de enero de 2018, en el caso López Ribalda y otros, que consideró ilícita la prueba de grabaciones obtenidas mediante videovigilancia encubierta, apreciando falta de proporcionalidad de las medidas adoptadas por el empresario, en relación con el objetivo legítimo de proteger sus derechos de propiedad respecto del derecho al respeto de la vida privada del trabajador, y el incumplimiento de la Ley de Protección de Datos, que establece la obligación de informar a los interesados de la existencia de medios de recogida y tratamiento de sus datos personales. 

Por tanto, para el Juzgado de lo Social, la grabación propuesta por la empresa como prueba para acreditar los hechos, ocurridos un solo día y para justificar el despido, no puede ser tenida en cuenta.

Ante la falta de prueba del incumplimiento de la trabajadora alegado por la empresa, quedaba determinar si el despido era nulo o improcedente. 

La trabajadora, en la fecha de despido, no se encontraba en situación de IT. Además, habiendo sido reubicada en otro puesto de trabajo, por causas de sus lesiones, que eran conocidas por la empleadora, se descarta un panorama indiciario de discriminación o de vulneración de derechos fundamentales por parte de la empresa. 

En definitiva, dado que la grabación propuesta por la empresa para demostrar el incumplimiento no supera el juicio de proporcionalidad (lo que impide declarar la procedencia del despido) y dado que no se demostró que existiera discriminación o vulneración de derechos fundamentales por la empresa (lo que impide declarar la nulidad del despido) el Juzgado de lo Social declaró la improcedencia del despido.