Tras las publicación el 12 de mayo del 2016 de las conclusiones de la abogada general doña Eleanor Sharpston en el asunto C-555/14[1], el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha resuelto finalmente a favor del Gobierno español, aunque con matices, la cuestión prejudicial elevada por el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 6 de Murcia relativa a si la legislación nacional por la que se aprobó el conocido como Plan de Pago a Proveedores es acorde a la Directiva 7/2011/UE, de lucha contra la morosidad.

En esta sentencia, que afecta a miles de proveedores que en los años 2012 y 2013 se acogieron al «mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores», el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre la cuestión prejudicial relativa a si el Derecho de la Unión —y, más concretamente, el artículo 7, apartados 2 y 3, de la Directiva 2001/7, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales— prohíbe supeditar el pago del principal de una deuda al requisito de renunciar a los intereses de demora y a la compensación por los costes de cobro.

Conviene, para centrar el objeto del debate, exponer brevemente los antecedentes generales y particulares de la cuestión:

1. El mecanismo de pago y cancelación de deudas con proveedores de las entidades locales y las comunidades autónomas fue introducido y regulado por el Real Decreto Ley 4/2012, completado por el Real Decreto Ley 7/2012 y ampliado a una segunda fase por los reales decretos leyes 4/2013 y 8/2013. Con este mecanismo se trataba de resolver de forma coyuntural una situación de morosidad de las Administraciones públicas verdaderamente insostenible. 

2. El Plan de Pago a Proveedores preveía el pago directo por parte del Gobierno central, por medio de un fondo creado al efecto, del principal de las facturas pendientes de las comunidades autónomas y los entes locales a los acreedores que se hubiesen adherido al sistema, asumiendo dicho fondo un crédito frente a estos entes y refinanciándolo en condiciones ventajosas. La adhesión de los proveedores al sistema conllevaba la necesaria renuncia a intereses, costas judiciales y cualesquiera otros gastos accesorios de la deuda.

3. El asunto C-555/14, objeto de la sentencia, se inicia a instancia de una compañía de factoring que en el2014 reclamó al Servicio Murciano de Salud los intereses de demora devengados de facturas que habían sido cobradas al amparo del tercer Plan de Pago a Proveedores (aprobado por el Real Decreto Ley 8/2013). En la reclamación, la compañía sostuvo que la renuncia impuesta por el mecanismo resultaba contraria al Derecho de la Unión, en concreto a la Directiva 2011/7, que resultaba de aplicación directa por haber transcurrido su plazo de transposición2 y que sanciona con la nulidad cualquier cláusula contractual o práctica que excluya el interés de demora. El juzgado consideró entonces oportuno elevar la cuestión prejudicial citada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La sentencia interpreta que el objetivo del artículo 7 de la directiva es «evitar que la renuncia por parte del acreedor a los intereses de demora o a la compensación por los costes de cobro se produzca desde la conclusión del contrato, es decir, en el momento en que se ejerce la libertad contractual del acreedor y, por tanto, en que es posible que el deudor abuse de dicha libertad en perjuicio del acreedor». Sin embargo, una vez que los intereses de demora y la compensación por los costes de cobro resultan exigibles, «el acreedor, habida cuenta de su libertad contractual, debe seguir teniendo libertad para renunciar a los importes adeudados en concepto de dichos intereses y de la compensación, concretamente como contrapartida del pago inmediato del principal» (las cursivas son nuestras). Así lo confirma —añade el Tribunal de Justicia de la Unión Europea— el considerando 16 de la directiva al decir que «la presente directiva no debe obligar al acreedor a reclamar intereses por demora en el pago».

Por lo expuesto, la sentencia afirma que de la Directiva 2011/7 no se deduce que ésta se oponga a que el acreedor renuncie libremente al derecho a exigir los intereses de demora y la compensación por los costes de cobro, pero añade a continuación que «tal renuncia estará sometida al requisito de que se haya consentido de manera efectivamente libre, de modo que no debe constituir a su vez un abuso de la libertad contractual del acreedor imputable al deudor», correspondiendo la comprobación de esta circunstancia al juez nacional. Sobre esta apreciación, la sentencia precisa que «en un caso como el del litigio principal, para apreciar si la renuncia ha sido libremente consentida, es necesario asegurarse de que el acreedor haya podido realmente disponer de todos los recursos efectivos para exigir, si lo hubiese deseado, el pago de la deuda íntegra, incluidos los intereses de demora y la compensación por los costes de cobro». 

En conclusión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve la cuestión prejudicial declarando que «la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y en particular su artículo 7, apartados 2 y 3, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permite al acreedor renunciar a exigir los intereses de demora y la compensación por los costes de cobro como contrapartida al pago inmediato del principal de créditos devengados, siempre que esta renuncia sea libremente consentida, lo que incumbe comprobar al juez nacional».

La sentencia avala, de esta forma, la renuncia a los intereses de demora que había dado lugar a pronunciamientos contradictorios por los tribunales españoles3, y cuyo abono hubiera supuesto a las arcas del Estado unos 3000 millones por intereses, pero remite a los tribunales la determinación, caso por caso, de si la renuncia fue libremente consentida por el acreedor, en la medida en que «haya podido realmente disponer de todos los recursos efectivos para exigir, si lo hubiese deseado, el pago de la deuda íntegra».