Conocida por su complejidad, la normativa laboral francesa se reformó en agosto de 2015 mediante un conjunto de normas que pretendían la adaptación de este Derecho a un contexto macroeconómico con más de 3,5 millones de parados en julio de 2015.

La Loi Macron (Ley Macron), bautizada con el nombre del Ministro de economía francés que la ha impulsado, ha modificado, entre otras materias, la jurisdicción social (conseils des prud’hommes) y el despido objetivo (licenciement économique), en especial en lo relativo a la obligación de recolocación internacional, y en el perímetro de aplicación de los criterios para determinar el orden de los despidos.

Además, se ha modificado el equilibrio entre los acuerdos colectivos de mantenimiento de empleo y el contrato individual, calificando como despido objetivo el de aquellos trabajadores que rechazan la aplicación del acuerdo colectivo de mantenimiento de empleo en situaciones de crisis económica. La nueva Ley contiene muchos otros cambios, incluyendo la regulación del trabajo en festivos o el refuerzo de las sanciones en caso de desplazamiento internacional a Francia sin observancia de los requisitos legales.

De la normativa aprobada en agosto queda pendiente una iniciativa censurada por el consejo constitucional, como es la precisión y establecimiento de indemnizaciones máximas en caso de despido no justificado (equivalente al despido improcedente en Derecho español), que en Francia no están claramente fijadas.

Lo cierto es que la Loi Macron parece que no ha alcanzado todos sus objetivos y ya en el último trimestre de 2015 se ha anunciado un nuevo paquete de reformas en el ámbito laboral para principios de 2016, de nuevo tendentes a la simplificación de la normativa y a la adaptación al marco macroeconómico actual.

Deberemos, por tanto, seguir atentos a las iniciativas legislativas francesas, que en tantas ocasiones han sido precursoras de la normativa española.