En los años 60, Bob Dylan cantaba que <<Times they are a-changin'>>. En el año 2005, la Habitación Roja también afirmaba rotundamente que <<los tiempos han cambiado>>. Y en el 2016, efectivamente, parece que el mundo del fútbol se ha instalado, en el ámbito fiscal, en una nueva era.

Estos últimos años hemos visto como la Inspección tributaria ha sido especialmente insistente en las actuaciones contra los clubes de fútbol y los deportistas profesionales, cuestionando y modificando criterios que hasta la fecha parecían intocables tal y como ya habíamos apuntado en nuestro Blog (ver entrada).

Los derechos de imagen, cuestión que parecía pacífica con la entrada en vigor de la regla del 85/15 del artículo 92 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o el pago a los intermediarios (agentes o representantes de jugadores), son los temas estrella que la Inspección viene regularizando, alcanzando cuotas para nada despreciables en muchos de los casos.

Cabría preguntarse si dicha regularización viene motivada por algún cambio legislativo o reglamentario que determine un cambio sustancial que, en su caso, justificara dicho cambio de criterio pero lamentablemente no es así.

La reforma fiscal no alteró la regla el 85/15 y, por consiguiente, la utilización de compañías para la gestión de la imagen de los deportistas es un instrumento totalmente legal y, además, contemplado en la propia Ley, la cual establece una serie de límites cuantitativos para dicha cesión. Asimismo, al no haberse modificado la Ley, la jurisprudencia existente sobre la materia (en la cual, por ejemplo, se analizaban los requisitos que debían cumplirse para que la cesión se instrumentara válidamente) sigue siendo totalmente aplicable.

No obstante, la corriente seguida en la actualidad por los órganos de Inspección de la Administración tributaria en aquellos casos en los que no se aprecia simulación negocial, lo cual es lo realmente novedoso, es aplicar la normativa de operaciones vinculadas (vigente desde hace años) a la relación entre el deportista y la sociedad gestora de sus derechos de imagen (a la cual la normativa no exige específicamente ni medios humanos ni materiales mínimos como, por ejemplo, ha hecho con las entidades dedicadas al arrendamiento).

Dicha aplicación está suponiendo a la práctica, vaciar de contenido y de utilidad práctica la regla del 85/15, además de un escenario de inseguridad jurídica que está desembocando en actas de Inspección elevadas y en un cambio en los contratos de los deportistas.

Por otro lado, la retribución de los agentes o intermediarios de los deportistas, si bien no existe previsión legal expresa como sí ocurre con los derechos de imagen, está siendo otro foco de la controversia tributaria de los clubes, deportistas y los propios agentes con la Administración tributaria.

Al respecto, la Administración tributaria está considerando que toda actuación de un intermediario es prestada a favor del deportista y no a favor del Club y, por consiguiente, entendiendo que la retribución del agente debe ser satisfecha por el propio deportista (a pesar que, como admite FIFA y la propia RFEF en sus reglamentos sobre la materia, se admite la representación dual de un mismo agente por parte del Club  y el futbolista).

Así las cosas, en aquellos casos en los que el pago lo ha efectuado el Club, la Administración entiende que se trata de un gasto satisfecho en nombre del jugador (incluyendo principal y cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido), exigiendo las retenciones y/o la cuota por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del jugador y, a su vez, el Impuesto sobre el Valor Añadido que debería haber soportado el jugador.

Como puede verse, la recaudación que la Administración tributaria obtiene en este tipo de inspecciones por ambos conceptos -imagen y agentes-, dada la cuantía que mueve este tipo de contratos y el alcance que puede tener la Inspección (en vía administrativa, con carácter general, hasta 4 años atrás), es sustancial y, además, se ve incrementada por la imposición de sanciones e intereses de demora que pueden llegar a sumar otro importe muy relevante.

Por dicho motivo, tal y como han expresado todos los agentes involucrados a día de hoy (acompañamos noticia del periódico AS sobre este asunto), se precisa una aclaración urgente de cómo actuar y proceder en el futuro ya que, aunque la Administración tributaria dice no haber cambiado de criterio, no es menos cierto que se están incoando actas e imponiendo sanciones por contratos y actuaciones que con anterioridad no habían sido discutidas por la propia Inspección.

Desde aquí esperamos la resolución de la consulta que estos estamentos dicen haber planteado para, de una vez, conocer las reglas del juego aunque no parece descabellado pensar que, en efecto, <<cualquier tiempo pasado fue mejor>>.